Redacción.- Madrid (España), lunes 15 de noviembre de 2021. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha recibido un auto del Tribunal Supremo en el que, a través de una amalgama de denuncias, se desestima la presentada por dicha entidad por el «obstrucionismo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)», que causó una honda lesión en los derechos personales al no tramitar las ayudas sociales durante el estado de alarma, que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad de VOX.
La AECC considera que esto es consecuencia de la «falta de división de Poderes y estamos ante un lamentable lavado de cara del Gobierno» del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE).
Presentan una denuncia contra el Gobierno de España por «obstruir» la tramitación de prestaciones durante el estado de alarma.
La AECC presentó denuncia fundada contra el SEPE por «obstruir» la tramitación de prestaciones sociales a la ciudadanía durante el estado de alarma y haber obrado «de mala fe y de forma temeraria contra los ciudadanos, familias y niños de este país dejándolos abandonados en una situación económica de pobreza y hambre».
SENTENCIA PDF DEL TRIBUNAL SUPREMO
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Según la querella presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el presidente de la asociación, Manuel Romeral Frías, señalaba que esta actitud del Ejecutivo, destaca el denunciante, ha impedido que «los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos para solicitar las prestaciones ofrecidas por el Servicio Público de Empleo».
La asociación señaló que mientras «el Gobierno anunciaba miles y millones de euros en ayudas con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ( ERTE) y despidos motivados por la pandemia del Covid-19», se impedía el acceso a las prestaciones «pues las oficinas del SEPE se encontraban cerradas» o «los servicios telemáticos sin servicio».
Romeral subrayó que la «conducta» del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y demás responsables puede ser «constitutiva de presuntos delitos contra la ciudadanía al impedir de forma deliberada que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a las prestaciones, dejándoles en una situación de vulnerabilidad, propiciando la desprotección a los desempleados la pobreza o el hambre, incluso de niños».
Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción se reafirma en lo denunciado y reitera la inconstitucionalidad del estado de alarma -inconstitucionalidad de la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no extrae las consecuencias lógicas- «sin duda, para favorecer al Poder Ejecutivo en su arbitrariedad».
