Agresión a Guardias Civiles y sus mujeres por independentistas en Alsasua, 2 años después

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ALSASUA (NAVARRA) ESPAÑA, 05.06.2018. Efectivos de la Guardia Civil retiran una pancarta que cortaba el acceso al centro de la localidad de Alsasua colocada tras la detención esta mañana por orden de la Audiencia Nacional de cuatro racistas condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en dicha localidad navarra en octubre de 2016. Efe

Efe – Los cuatro agredidos sufrieron diferentes lesiones, por cuya presunta autoría se detuvo a los ocho jóvenes finalmente juzgados, para quienes la fiscalía pidió entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos relacionados con terrorismo, un tipo que finalmente la Audiencia Nacional no apreció en su sentencia, conocida el pasado 1 de junio. Pamplona (España), domingo 14 de octubre de 2018. Fotografía: ALSASUA (NAVARRA) ESPAÑA, 05.06.2018. Efectivos de la Guardia Civil retiran una pancarta que cortaba el acceso al centro de la localidad de Alsasua colocada tras la detención esta mañana por orden de la Audiencia Nacional de cuatro racistas condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en dicha localidad navarra en octubre de 2016. Efe

Dos años después de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas por parte de un grupo de jóvenes de Alsasua (Navarra) el caso sigue abierto, con un fallo en primera instancia de la Audiencia Nacional que ha sido recurrido tras sentenciar a los ocho acusados a entre 2 y 12 años de prisión, donde están siete de ellos.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua, donde dos agentes de la Guardia Civil destinados en la localidad navarra se encontraban con sus respectivas parejas cuando, según la sentencia, fueron rodeados y agredidos dentro y fuera del local por un grupo de personas.

Los cuatro agredidos sufrieron diferentes lesiones, por cuya presunta autoría se detuvo a los ocho jóvenes finalmente juzgados, para quienes la fiscalía pidió entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos relacionados con terrorismo, un tipo que finalmente la Audiencia Nacional no apreció en su sentencia, conocida el pasado 1 de junio.

Tres de los jóvenes -los condenados por atentado y lesiones a entre 10 y 12 años- se encuentran en prisión desde que fueron detenidos, hace casi dos años, mientras que otros cuatro -con condenas a 9 años- llevan cuatro meses, desde que se conoció la sentencia al apreciarse «riesgo de fuga».

La octava encausada no ha ingresado en prisión por haber sido condenada en primera instancia a 2 años por amenazas y desórdenes públicos.

El fallo fue recurrido por todas las partes, ya que los encausados consideran «desproporcionadas» las penas para los delitos constatados, mientras que la fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), entienden que sí se trató de una agresión de carácter terrorista y no de una simple «pelea de bar».

Presentados los recursos, la única variación en la situación ha sido la del acercamiento a cárceles de Navarra y País Vasco de los ocho jóvenes, que hasta entonces estaban en prisiones más alejadas.

Toda esta situación, especialmente durante los primeros meses tras ocurrir los hechos, situó a la localidad de Alsasua en el centro del foco mediático y político, y bajo «una presión importante» al propio Ayuntamiento de la localidad, gobernado por Javier Ollo, de Geroa Bai.

En declaraciones a Efe el alcalde, de 27 años, reconoce que su legislatura quedará marcada por los hechos y por la repercusión que han tenido para Alsasua, aunque valora que «uno aprende mucho de estas circunstancias» y, pese a que cuando finalmente se cierre el caso será cuando «tocará sacar conclusiones», cree que la localidad «ha demostrado una madurez colectiva».

No oculta su crítica a la «desproporción judicial y a la imagen que se ha trasladado de Alsasua», aunque insiste en que esta postura «no significa pedir impunidad» para los encausados sino «proporción y justicia» ante unos hechos «tan graves como estos».

Considera que ese es también el sentir mayoritario de los vecinos de Alsasua junto a su lamento por la «mala imagen» que se ha proyectado de la localidad, puntos ambos que han servido de «encuentro» entre los vecinos, independientemente de sus afinidades políticas.

Así, reconoce que su posición «no gusta ni a un extremo ni a otro» porque «de un lado rechaza o condena los hechos pero de otro lado critica la desproporción judicial», pero insiste en apreciarla como una postura mayoritaria en Alsasua, que incluso ha llevado a una «unión» en la mayoría de la corporación local.

Ollo también advierte de que «seguramente» los hechos han sido utilizados políticamente por diferentes sectores: «En este tipo de acontecimientos tan tristes, los extremos ideológicos tienden de alguna forma a intentar reforzar su posición».