Efe.- Madrid (España), lunes 12 de diciembre de 2022. La Audiencia de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, a tres años y cinco meses de cárcel por los delitos de usurpación de funciones y falsedad documental en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga, aunque le absuelve del delito de estafa, por el que también estaba procesado.
En la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, los magistrados de la Sección Séptima imponen al Pequeño Nicolás 17 meses de cárcel por usurpación de funciones públicas, y dos años de prisión y 8.550 euros de multa por el delito continuado de falsedad en documento oficial. Y le exoneran por estafa al no quedar acreditado el engaño.
El fallo contempla para los delitos la atenuante de dilaciones indebidas pero no de alteración psíquica que pedía su defensa.
Se trata de la tercera condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que ya lo fue a tres años de cárcel por hacerse pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo), y a un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él en la prueba de selectividad de 2012. Ambos fallos están recurridos.
La Audiencia Provincial de Madrid juzgó los días 25 y 26 de octubre y 7 de noviembre a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, para el que la Fiscalía pedía seis años de cárcel por delito continuado de falsedad en documento oficial, de usurpación de funciones públicas y de estafa, por hacerse pasar por un enlace del Gobierno para engañar al empresario en el marco de la compraventa de una finca en Toledo.
La Abogacía del Estado pedía también seis años de cárcel, mientras que Podemos, que ejerce la acusación popular, solicitaba doce. Su defensa defendía su absolución y, en caso de ser condenado, la atenuante de alteración psíquica.
El acusado negó en el juicio que estafara al empresario y aseguró que fue la víctima la que le pidió ayuda para una operación y que elaborase un documento falso para convencer a su mujer sobre la misma, en una época en la que, según relató, él colaboraba con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y además le gustaba tener carpetas que simulaban documentos oficiales para «darse el piso, llamar la atención».
El empresario afectado también negó que el joven le estafase, ya que le devolvió el dinero estafado (25.000 euros), y explicó que tenía «confianza total» en el Pequeño Nicolás porque era «amigo del Gobierno y de todo el mundo».
Ahora los magistrados consideran probado el delito de usurpación de funciones públicas por su comportamiento «revestido de sus propias manifestaciones atribuyéndose vinculación oficial, adornado con simuladas llamadas telefónicas a altos cargos del Estado, la confección, entrega y exhibición de documentos que simulaban ser oficiales, y la utilización de distintivos reservados a servicios oficiales o públicos prioritarios».
«Son actos que sin duda generaron la creencia en terceros de que el acusado trabajaba para la Vicepresidencia del Gobierno y para el Centro Nacional de Inteligencia en labores o servicios oficiales», añade la sentencia.
También consideran probado el delito continuado de falsedad documental, ya que el acusado «elaboró todos los documentos» que se encontraron en su casa y que entregó al empresario, «incorporando signos distintivos de distintas instituciones y organismos del estado y departamentos ministeriales, incluyendo en algunos nombre y apellidos y rúbrica de miembros del gobierno y de altos cargos del Estado».
Inciden los jueces en que esos documentos «desde luego no respondían a ninguna realidad existente » y además «alguno de estos documentos los utilizó» para hacer creer su mentira al empresario y al director del banco al que el Pequeño Nicolás y el estafado acudieron para sacar dinero. Y tenía otros preparados, según la sentencia.
Sin embargo, no ven acreditado los magistrados el delito de estafa, ya que, frente a lo testificado por el director del banco al que acudieron el acusado y el empresario para sacar dinero, que daría pie a acreditarlo, se contraponen los testimonios del procesado, del empresario y de su mujer. Además finalmente el Pequeño Nicolás solo obtuvo 25.000 euros de los 300.000 que se sospechaba que quería conseguir, y que acabó devolviendo.
Así ven «lagunas probatorias» y no hallan la «convicción judicial suficiente» para atribuirle este delito.
