Caso Nóos: Todo sobre el primer día del Juicio del ‘Caso Nóos’ de la Infanta y su marido Urdangarin

 Lasvocesdelpueblo y Agencias – Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá: El juicio de Nóos demuestra que la Justicia «es igual para todos». Manos Limpias exige que no se dé un «privilegio de inmunidad» a la infanta Cristina. El fiscal cree que dejar a Manos Limpias acusar a la infanta sería discriminatorio. Trinxet, Grau y Miguel y Ana Tejeiro niegan legitimidad a las acusaciones populares. Olivas: Bancaja fue socio financiero, no intervino en la gestión de la Fórmula Uno. La defensa de la infanta pide la nulidad de la acusación en su contra. Torres pide la nulidad del proceso por el origen «ilícito» de las pruebas. Y la defensa de la infanta pide la nulidad de la acusación en su contra. Palma, 11 enero 2016. Fotografía: La infanta Cristina, Salvador Trinxet Llorca, Ana María Tejeiro Losada, Mercedes Coghen Alberdingk (tapada), Miguel Ángel Bonet Fiol y Jaume Matas (i-d, detrás-delante) en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos. Efe.

La defensa de la infanta pide la nulidad de la acusación en su contra

El abogado defensor de la infanta Cristina Jesús María Silva ha solicitado hoy la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo la hermana del Rey en el juicio del caso Nóos, porque se vulneran sus «derechos fundamentales». En el turno de cuestiones previas con el que se ha iniciado el juicio ante la Audiencia de Palma, Silva ha subrayado que reclama la exoneración de la infanta en aplicación de la «jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo» en sucesivos pronunciamientos.

El letrado ha subrayado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de doña Cristina si no la acusan ni la Fiscalía y acusaciones particulares. Ha detallado que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado por el Constitucional y posteriormente aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.

Silva ha pedido al tribunal que declare la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón y rechace la legitimación de la acción popular que ejerce Manos Limpias, que pide ocho de prisión para la infanta. Silva ha pedido al tribunal que dicte una resolución de sobreseimiento de las actuaciones respecto a la infanta y que no espere al dictado de la sentencia para hacerlo porque es una cuestión meramente técnica.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha asegurado que otorgar legitimación a la acusación popular de Manos Limpias para acusar a la infanta en el caso Nóos «supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada». Horrach se ha mostrado convencido de que tiene razón y ha pedido al tribunal, en defensa de la legalidad vigente, que aplique la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en sus estrictos términos.

Ha solicitado al tribunal que decrete la falta de legitimidad de la acusación popular Manos Limpias para abrir en solitario juicio oral contra Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón por delitos contra la Hacienda Pública. «Espero que devuelvan la Justicia al lugar que le corresponde porque las apariencias son poses, espejismos y el proceso penal no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes», ha dicho Horrach al tribunal.

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha reclamado que no se conceda un «privilegio de inmunidad» a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan en el juicio del caso Nóos su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. López Negrete ha reprochado a la Abogacía del Estado que, en nombre de la Agencia Tributaria, se arrogue «el monopolio» de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública. Los letrados defensores del asesor fiscal Salvador Trinxet, del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, del exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro y de su hermana Ana María han cuestionado la legitimidad de las acusaciones populares para sentarlos en el banquillo del juicio del caso Nóos.

El juicio de Nóos se celebra desde hoy en el polígono Son Rossinyol, en el extrarradio de Palma, con la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin, que han sido los primeros de los 18 acusados en llegar, hacia las 8.15 horas. El proceso se celebra en medio de estrictas medidas de seguridad dentro y fuera del edificio, que son veladas por decenas de policías, que solicitan para su acceso la acreditación respectiva, que en el caso de los periodistas ha sido pedida por 590 de 84 medios.

Un miembro de las 38 personas que asisten como público ha decidido abandonar la sala de vistas debido a que no se sentía «cómodo» por las «excesivas medidas de seguridad», que no les permitía ni beber agua y les obligaba a acudir al baño con un agente policial. En el exterior, la prensa y las fuerzas de seguridad han sido mayores en número que los manifestantes de una concentración republicana, convocada para hoy en el edificio en que se celebra el el juicio, y a la que ha acudido una decena de personas.

Torres pide la nulidad del proceso por el origen «ilícito» de las pruebas

La defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha pedido la nulidad del proceso que ha conducido al juicio que

se celebra desde hoy en Palma porque «se ha configurado a partir» de documentación obtenida por el juzgado de instrucción de modo «ilícito».

Manuel González Peeters, abogado de Torres, ha planteado en el trámite de cuestiones previas que se han vulnerado derechos fundamentales de su representado porque los documentos sobre las contrataciones de Nóos con administraciones públicas que aportó en 2010 a requerimiento del juez instructor, José Castro, le fueron requeridos como testigo y luego se emplearon para imputarle. «Sobre esa documentación se soporta la totalidad del procedimiento» y Torres la aportó antes de su imputación, lo cual le produce una «manifiesta y proscrita indefensión», ha manifestado González Peeters, que defiende tanto a Torres como a su esposa, Ana María Tejeiro.

Otra causa de nulidad similar se produjo, según ha aducido el letrado, con la documentación tributaria que su cliente aportó en el marco de un procedimiento administrativo de inspección impulsado por la Agencia Tributaria, que finalmente le ha acusado por delito contra la Hacienda Pública. González Peeters ha asegurado que el material documental empleado como elemento incriminatorio fue entregado por Torres a Hacienda «bajo la coacción de que en la hipótesis de que no la aporte será sancionado».

Como tercera causa de nulidad, el abogado ha expuesto que ni Torres ni su esposa fueron informados con detalle cuando declararon ante el juez Castro de los presuntos delitos por lo que estaban imputados. «Hay una obligación legal que impone el legislador al juez y eso se ha incumplido», ha sostenido. El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha rechazado la petición de la defensa de Torres porque estuvo personado en la causa desde un principio con abogado y procurador, y por tanto como imputado, y eso fue antes de que entregara la documentación requerida.

Horrach ha recordado que a lo largo de la instrucción Torres presentó «la documentación como quiso y la que quiso», obviando entregar «los documentos que más podían incriminarle» y aportando sucesivas tandas de correos electrónicos «que solo podían afectar a otra parte» ha dicho refiriéndose a Urdangarin. En cuanto a la documentación fiscal obtenida en el procedimiento administrativo, el fiscal ha señalado que una vez trasladada al proceso penal permite acusarle por delito fiscal, algo en lo que ha abundado la abogada del Estado Dolores Ripoll, que representa a Hacienda en el procedimiento.

Ripoll ha reiterado que la Ley Tributaria lo permite, y varias sentencias avalan que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva ni viola la presunción de una inocencia. El abogado de la comunidad autónoma de Baleares, Lluís Segura, que también acusa a Torres, ha dicho que el sumario refleja «el alto grado de conocimiento de los hechos imputados que tuvo en todo momento», así como su colaboración voluntaria aunque selectiva. Los defensores del secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, y del asesor fiscal Salvador Trinxet han pedido al tribunal que tenga por no formulada la acusación por parte del sindicato Manos Limpias, la única parte que pidió abrir juicio para ambos, y que declare nulo el escrito por ineficaz en su configuración formal.

El defensor de Trinxet, Jaime Campaner, considera una violación del derecho a la tutela judicial efectiva que se juzgue al asesor fiscal a pesar de que el relato fáctico del escrito de acusación de Manos Limpias no corresponda a ningún tipo delictivo y sea «vago, genérico y a veces confuso». Campaner ha señalado que Manos Limpias ha basado la acusación en argumentos acusatorios de carácter valorativo y subjetivo, pero no fáctico, que generan indefensión a Trinxet, y que incluso si ese relato de hechos se considera probado, procedería su absolución.

Por su parte, Martell ha calificado la acusación formulada contra Miguel Tejeiro por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad, fraude a la administración, estafa y blanqueo, de «festín punitivo», carente de una acusación precisa por hechos concretos. Según Martell, el escrito de acusación es de un «absoluto vacío» y no ofrece ningún segmento fáctico descriptivo que apunte ni mínimamente a los delitos que se le atribuyen.

Ha detallado que el único relato sobre la actuación de Tejeiro es que tuvo la idea de utilizar a la infanta como escudo fiscal y esa parte no ha derivado en la posible acusación que sería como cooperador de delito fiscal. Por su «generalidad e inconcreción», Martell ha pedido que se dé por no formulada la acusación y el escrito se declare «ineficaz». La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha rechazado las peticiones de ambos. Ha asegurado que el documento que fija los hechos justiciables es el auto de pase a procedimiento abreviado del juez instructor en el que se basa el escrito de acusación.

La letrada considera que el relato de hechos del que están acusados tanto Trinxet como Miguel Tejeiro será materia de debate en el juicio.

Olivas: Bancaja fue socio financiero, no intervino en la gestión de la Fórmula Uno.

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas ha declarado hoy que esta entidad bancaria fue únicamente «socio financiero» de Valmor -firma

que organizó la Fórmula Uno en Valencia- y que no intervino en su gestión.

El también expresidente de la Generalitat ha sido el primero de los testigos citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que investiga posibles irregularidades en la organización de las citadas pruebas automovilísticas. En unas breves declaraciones a los periodistas, Olivas ha insistido en su total desvinculación de la gestión de Valmor, firma en la que Bancaja participó junto al empresario Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez «Aspar» y que posteriormente fue adquirida por la Generalitat Valenciana, asumiendo sus pérdidas.

Tras Olivas ha prestado declaración, también como testigo, el empresario castellonense y presidente del Villarreal C.F., Fernando Roig, quien, según fuentes de la causa, ha explicado que la Generalitat conocía la situación patrimonial de Valmor antes de adquirirla, y que las cuentas de esta empresa estuvieron siempre auditadas. Estas citaciones se enmarcan en la investigación abierta al expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Cultura Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Olivas ha declarado durante unos 35 minutos y ha respondido a todas las partes personadas en el proceso, aunque en el exterior del juzgado apenas se ha detenido para responder a los periodistas. Según han explicado fuentes del caso, el expresidente de Bancaja ha indicado que Valmor apenas tenía capacidad para gestionar la organización de los grandes premios de Fórmula Uno, por lo que subcontrató prácticamente todos los trabajos, a excepción de la venta de entradas, la publicidad exterior y la instalación de graderíos.

El letrado de la Generalitat Valenciana ha preguntado a Olivas cómo fue posible que el Instituto Valenciano de Finanzas avalase un préstamo a Valmor en tan solo cinco días, a lo que éste ha respondido que no lo recordaba, han indicado las mismas fuentes. El empresario castellonense Fernando Roig, que ha declarado también durante una media hora, ha explicado que se hizo responsable de los libros de contabilidad de Valmor durante tres años, que éstos se entregaron a la Generalitat antes de formalizar la compra de esta empresa y que, en consecuencia, el Gobierno valenciano conocía su situación patrimonial y sus pérdidas.

Asimismo, ha indicado que Valmor tuvo pérdidas desde el primer momento, y que las hubiese seguido teniendo tanto en el caso de continuar con su actividad como si hubiese rescindido los contratos para la organización de los grandes premios, dadas las indemnizaciones previstas. A su entrada a los juzgados, Roig ha eludido las cuestiones de los periodistas al apuntar que «voy a declarar como testigo, esto no es una rueda de prensa» y a la salida del juzgado ha lamentado haberse enterado por la prensa de su citación como testigo en esta causa.

Según el calendario fijado, está previsto que hasta el 22 de febrero declaren en calidad de testigos trece personas, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios. El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra Camps, Johnson y «Aspar», meses después de que Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de Valmor ante la Fiscalía.

La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor. El Gobierno valenciano ha acordado personarse como acusación particular en esta causa, al entender que ha podido haber «un detrimento injustificado a los derechos económicos» de la hacienda pública valenciana, y se puede desprender que «se han producido perjuicios económicos» para la Generalitat.

Trinxet, Grau y Miguel y Ana Tejeiro niegan legitimidad a las acusaciones populares

Los letrados defensores del asesor fiscal Salvador Trinxet, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro y

de su hermana Ana María han cuestionado la legitimidad de las acusaciones populares para sentarlos en el banquillo del juicio del caso Nóos.

En la misma línea que la representación de la infanta Cristina, el abogado de Trinxet, Jaime Campaner, ha pedido al tribunal que «devuelva las aguas a la seguridad jurídica» aplicando el precepto que establece la imposibilidad de que la acusación popular, en su caso la ejercida por Manos Limpias, sostenga en solitario una imputación que no reclaman ni la fiscalía y acusaciones particulares. Para Campaner, las acusaciones populares han sido en muchas ocasiones en España fuente «de abuso», algo que sucede también en el caso de su cliente, para quien Manos Limpias solicita tres años de cárcel por blanqueo de capitales.

El abogado de Alfonso Grau, Jesús Bonet, ha recordado que el juez instructor, José Castro, no incluyó a su cliente ni en el auto de pase a procedimiento abreviado ni en el de apertura de juicio oral, y que está incluido entre los acusados por decisión de la Audiencia de Palma a instancia, únicamente, del grupo municipal socialista de Valencia, que a su juicio carece de legitimidad para acusarle.

Tras un receso de veinte minutos, la exposición de cuestiones previas ha continuado con el abogado de Miguel Tejeiro, Cristóbal Martell, quien ha incidido en que solo cabe la acusación en solitario de acusaciones populares en casos de bienes jurídicos de interés difuso en los que no quepa la personación de acusaciones particulares. Estas circunstancias, ratificadas reiteradamente por la jurisprudencia, no se dan en el caso de su defendido, acusado por Manos Limpias de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad, estafa, blanqueo y tráfico de influencias, ha expuesto el letrado.

El abogado Manuel González Peeters, en representación de Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Iñaki Urdangarin Diego Torres, se ha remitido a los argumentos de las otras defensas y ha pedido que su representada sea solo juzgada por blanqueo de capitales, el único delito que le atribuye la Fiscalía. González Peeters ha sostenido que Manos Limpias carece de legitimación para sostener la acusación por la «ingente cantidad de tipos penales» que atribuye a Ana Tejeiro, para la que pide un total de 19 años de prisión.

Catalá: El juicio de Nóos demuestra que la Justicia «es igual para todos»

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha manifestado hoy que la imagen de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados en

el juicio del caso Nóos demuestra que en España «la Justicia funciona» y «es igual para todos». Catalá, en declaraciones a los periodistas, ha vaticinado que habrá «una sentencia justa» y será «un ejemplo más» de que en España hay una Justicia «profesional e independiente» que va a juzgar los hechos «con absoluta objetividad, con rigor y calidad jurídica».

«Y por lo tanto habrá una sentencia justa y será acreditativo de que la Justicia funciona y todos estamos sometidos a la ley y al derecho sin que ninguna diferencia de carácter social, económico, de origen personal genere ningún espacio de impunidad», ha recalcado. El ministro ha reiterado que el inicio del juicio -en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, Iñaki Urdangarin- debe ser interpretado desde la «normalidad» del funcionamiento de las instituciones.

El fiscal cree que dejar a Manos Limpias acusar a la infanta sería discriminatorio

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha asegurado hoy que otorgar legitimación a la acusación popular de Manos Limpias para acusar a la

infanta en el caso Nóos «supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada». En las cuestiones previas del juicio del caso Nóos, Horrach ha dicho estar convencido de que tiene razón y ha pedido al tribunal, en defensa de la legalidad vigente, que aplique la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en sus estrictos términos.

Ha detallado que según el artículo 782 de la Lecrim, si el ministerio fiscal y el acusador particular piden el sobreseimiento por los motivos que prevén los artículos 637 y 641, «lo acordará el juez». En este caso, se refiere al artículo 641, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad. Basándose en ello, ha pedido al tribunal que decrete la falta de legitimidad de la acusación popular Manos Limpias para abrir en solitario juicio oral contra Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón por delitos contra la Hacienda Pública.

Según Horrach, «no es posible que la acusación popular supla ni el conocimiento ni la voluntad del perjudicado», que en este caso es la Agencia Tributaria, y que Manos Limpias acuse a la infanta como cooperadora en los presuntos delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin. «Espero que devuelvan la Justicia al lugar que le corresponde porque las apariencias son poses, espejismos y el proceso penal no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes», ha pedido Horrach al tribunal.

Según Horrach la posición procesal de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este caso «no es gratuita» y ha recordado que la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción es lo que ha hecho posible los casos Palma Arena y Nóos y la denuncia formulada por la Agencia Tributaria ha posibilitado «que hoy se estén enjuiciando aquí presuntos delitos fiscales».

Si el ministerio fiscal, que representa al Estado, y el acusador particular, que representa al perjudicado por el delito, han determinado que «no existen argumentos inculpatorios para imputar a una o varias personas», la única respuesta judicial posible es el sobreseimiento o archivo de la causa, ha dicho Horrach. Horrach se ha referido también al matiz que apuntó la Audiencia de Palma en relación con este caso, porque el fiscal y la acusación particular sí pensaban ejercer la acusación por delito fiscal (contra Urdangarin y Diego Torres) aunque no la atribuyesen a la infanta Cristina y Ana María Tejeiro, y dijo que correspondía al juez instructor decidir al respecto.

«El matiz introducido por la Audiencia provincial supone establecer distinciones donde la ley no lo hace y choca frontalmente con las consideraciones legales derivadas del análisis conjunto de los artículos 782 de la Lecrim y 637 y 641 relativos al sobreseimiento», ha dicho Horrach. Horrach cree que, el hecho de que las dos partes legitimadas para acusar, aprecien ausencia de motivos suficientes «para imputar a una persona determinada como autora, cómplice o encubridora, debe impedir la prosecución del presente procedimiento penal».

Ha dicho que, en un caso idéntico al de la presente pieza, la Audiencia provincial de Vizcaya determinó el 14 de marzo de 2014 que la acusación popular no podía por si sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el ministerio fiscal ni por acusación particular. «No es sostenible, por elementales razones de igualdad y seguridad jurídica, que en idénticas circunstancias un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo de los acusados y uno sometido a los tribunales de Baleares se siente en el banquillo por una disputa sobre tonalidades», ha afirmado Horrach.

«¿Por qué, con base a un mismo precepto legal y en idénticas circunstancias ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo de los acusados y en el presente caso sí?», se ha preguntado. El fiscal Anticorrupción ha apelado al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y a la uniformidad en la aplicación del derecho y ha señalado que la certidumbre del derecho «debe impedir rupturas ocasionales en una línea que se viene manteniendo con total uniformidad».

Manos Limpias exige que no se dé un «privilegio de inmunidad» a la infanta

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha reclamado hoy que no se conceda un «privilegio de inmunidad» a la infanta Cristina,

como a su juicio propugnan en el juicio del caso Nóos su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En la sesión de cuestiones previas con la que ha arrancado hoy el juicio de Nóos ante la Audiencia de Palma, López Negrete ha reprochado a la Abogacía del Estado que, en nombre de la Agencia Tributaria, se arrogue «el monopolio» de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública.

La letrada de Manos Limpias, que mantiene en solitario la acusación por colaboración en dos delitos contra Hacienda, ha subrayado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del Rey sin que lo hagan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. López Negrete ha rebatido también los principios jurisprudenciales, doctrinas conocidas como Botín y Atuxa, que han expuesto la defensa de la infanta Cristina, el fiscal y la abogada del Estado para negar su legitimidad y ha recalcado que la acción popular en un derecho constitucional.

López Negrete ha dicho que la llamada doctrina Atutxa corrigió la que lleva el nombre del fallecido banquero al decir que cuando se ha producido una acusación sobre unos hechos delictivos no pude ser aplicada esta doctrina Botín. Según López Negrete, los hechos son que se han defraudado más de 120.000 euros en los ejercicios 2007 y 2008, y en el caso de la doctrina Botín se consideró que no había delito y se archivó la causa entera porque se entendía que los hechos no eran delictivos.

La letrada ha incidido en que, en este caso, independientemente de que la infanta Cristina siga en este juicio o no, el juicio va a seguir adelante y lo que piden la defensa de la infanta, el fiscal y la abogacía del Estado es un sobreseimiento parcial. López Negrete ha dicho que el ministerio público y la Agencia Tributaria sí que se sienten perjudicados en el caso Nóos, y que será en el juicio donde se deberá determinar en qué calibre y si por el autor o el cooperador, por lo que la doctrina Botín «es total y absolutamente inaplicable».

Según López Negrete, el delito fiscal es «pluriofensivo» ya que atenta contra el derecho de la Agencia Tributaria como recaudadora y «cobijadora» de lo pagado, pero también contra los titulares de los impuestos que son «todos los ciudadanos» y que han visto mermado su bolsillo por esos presuntos delitos fiscales. Ha pedido al tribunal que permita a Manos Limpias ejercer la acusación popular contra la infanta en virtud de ese bien jurídico colectivo y del derecho que la Constitución da a todos los españoles para personarse y querellarse ejecutando la acción popular.

La abogada ha asegurado que al decidir sobre las cuestiones previas, el tribunal de la Audiencia de Palma va a debatir la permanencia de la acción popular en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, el abogado de la acusación popular ejercida por el Partido Socialista del País Valenciano, Eduardo Vila, ha pedido al tribunal que desestime los argumentos de la defensa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau contra su legitimación.

Ha expuesto que los delitos de los que acusa a Grau (prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias) son contra la administración pública, y la titularidad del interés de defender la gestión pública corresponde a toda la ciudadanía y cabe, por tanto en la figura de la acusación popular.