Cataluña| El Ministerio de Defensa reitera que espiar a los enemigos de España es legal: «El Gobierno y el CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente»

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 16.03.2020. Imagen de televisión de la ministro de Defensa, Margarita Robles, durante la rueda de prensa sobre el coronavirus ofrecida este domingo desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), miércoles 20 de abril de 2022. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido desvelar este miércoles si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dispone del Pegasus, un programa con el que supuestamente se ha espiado a varios golpistas y líderes del Proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto de España, conocido como «Procés», de 2017 a 2022, y ha aseverado que ese organismo «cumple absolutamente la legalidad».

«El Gobierno y el CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente», ha enfatizado Robles en una entrevista en el canal 24 Horas recogida por Efe, en la que también ha insistido en que todas las actuaciones del centro de inteligencia están sujetas a autorización y control judicial.

Preguntada por las informaciones que aseguran que el CNI adquirió el Pegasus por 6 millones de euros, la ministra ha dicho: «No le confirmo si lo tiene o no porque estaría incumpliendo la ley».

Como tampoco puede, según ha resaltado, decir más de este asunto porque tiene limitaciones. «Para mi sería más cómodo salir y explicar algunas cosas y no puedo. Hay desigualdad de partes y si dijera algo, estaría cometiendo un delito».

Robles, que ha asegurado la máxima colaboración del Gobierno con la Justicia en este asunto, ha recordado que el CNI también tiene «limitaciones» por ley y todo lo referente a él es secreto. Así que «es fácil imputarle» algo «porque no se puede defender ni decir una cosa u otra».

Además del control judicial, el CNI también está sometido al parlamentario en la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, que es la encargada de tratar todos los asuntos vinculados a secretos oficiales, pero en esta legislatura está sin constituir debido a un bloqueo político.

La titular de Defensa confía en que se constituya esa comisión para que «sin ninguna reserva» se pueda hablar con toda claridad.

No entiende la ministra cómo en un estado de derecho se pueden hacer imputaciones sin pruebas, y más dirigidas hacia un organismo que tiene limitaciones por ley y hacia un Gobierno, como el que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón, que «ha apostado por la vía política y de diálogo» con los separatistas y golpistas en Cataluña.

Aunque respeta las acusaciones de dirigentes separatistas, como las del propio presidente de Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, Robles no las comparte porque no se puede generar «dudas y sospechas de un organismo que no se puede defender».

Y ha insistido en que si hay un gobierno que ha pensado en Cataluña y en sus ciudadanos, es el que preside Sánchez, como «saben» los dirigentes separatistas.

Según ha señalado, el propio Pere Aragonès «sabe perfectamente que el Gobierno ha pagado un coste político por las decisiones que ha tomado con Cataluña». «Que no se olvide», ha zanjado.

«Es razonable que cuando se hacen imputaciones, se hagan con un mínimo de material probatorio», ha subrayado Robles, que comparecerá próximamente en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar la llamada brújula estratégica de la UE en materia de defensa, aunque toda probabilidad será preguntada por el supuesto espionaje.