Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), martes 9 de agosto de 2022. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación que había planteado el Gobierno separatista y hispanófobo que ocupa la Generalidad de Cataluña contra la aplicación de las sentencias que afectaban a los proyectos lingüísticos de dos escuelas catalanas, El Bogatell de Barcelona y Josefina Ibáñez de Abrera, después de que las familias de estos centros educativos pidieran el respeto de los derechos fundamentales de sus hijos tal y como obliga la sentencia del 25 % de clase en español/castellano que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que fue avalada por el mismo Tribunal Supremo al rechazar el recurso de casación del Departamento de Enseñanza del Ejecutivo separatista a la sentencia del TSJC.
En la actualidad, el separatismo, junto a sus compinches del PSOE-PSC y la ultraizquierda Unidas Podemos (Los Comunes), ha dictado otra ley de educación para incumplir la sentencia ya firme al tiempo que el TSJC se ha visto obligado a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar este alto Tribunal catalán que —la nueva normativa negociada para mantener al presidente de Gobierno socialcomunista y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, en el poder— vulnera la Constitución Española de 1978.
Por lo que desde el Gobierno separatista de Pere Aragonès García, han dicho que ya no les quita el sueño lo que diga el Supremo porque ya tienen una nueva Ley de educación que prohíbe totalmente el castellano/español en todas las aulas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Cataluña; una nueva normativa que, además, ha sido ya ratificada en la Mesa de la tradición a España por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez Pérez Castejón y el Gobierno separatista de Pere Aragonès García.
En declaraciones al Agencia Catalana de Noticias, la secretaria general de Educación del régimen hispanófobo y separatista de la Generalidad de Cataluña, Patrícia Gomà, afirmó que la resolución del Supremo es «extemporánea» y «quedó inaplicable» porque «en posterioridad han pasado muchas otras cosas».
El Gobierno separatista indica que, tras la sentencia del 25% de castellano para todo el sistema educativo, el separatismo «ha aprobado un nuevo marco normativo que ampara que no se utilicen porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela», además de convertir el castellano/español en lengua «curricular» y el catalán y aranés en las únicas lenguas «vehiculares» en Cataluña.
De esta forma, el Tribunal Supremo confirma la anulación de los proyectos lingüísticos de dos escuelas concretas de la provincia de Barcelona por «no cumplir con un porcentaje mínimo de castellano en la enseñanza» (el 25 % de clase en español/castellano), denegando así el recurso de casación que había presentado el Gobierno separatista de Pere Aragonès García.
De esta forma, la sentencia del 25 % de clase en castellano/español (6 horas semanales de castellano/español) se convierte en sentencia firme porque no admite más recursos.
Con todo, posteriormente, el separatismo y sus cómplices del PSOE-PSC y la ultraizquierda Unidas Podemos (Los Comunes) han aprobado un nuevo marco normativo hispanófobo, ya vigente, —la nueva ley aprobada en el Parlamento de Cataluña y el decreto-ley anticastellano del Gobierno separatista— que deja sin efecto tanto a la resolución del Tribunal Supremo de este martes, 9 de agosto de 2022,como a la Ejecución Forzosa de la sentencia del 25 % de clase en castellano/español y la sentencia de la misma.
Tanto es así que la Justicia, al verse desautorizada por un poder legislativo sectario, separatista y supremacista se ha visto obligado a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del Reino de España contra dicha nueva normativa (ley del catalán, aprobada en el Parlamento de Cataluña; y Decret-Ley del catalán, dictado por el Ejecutivo de Pere Aragonès García, aún pendiente de su aprobación en el Parlamento de Cataluña.
Para el Ejecutivo separatista, la sentencia del 25 % de clase en castellano/español «extemporánea totalmente».
la secretaria general de Educación del régimen hispanófobo y separatista de la Generalidad de Cataluña, Patrícia Gomà, ha quedado «inaplicable». «Hay un desfase entre los tiempos de la justicia y los hechos y la realidad de lo ocurrido con las sentencias», precisa.
En este sentido, el régimen hispanófobo y separatista que ocupa la Generalidad de Cataluña defiende que el actual marco normativo que prohíbe el castellano/español «permite aplicar un nuevo régimen jurídico en cuanto a los usos y el aprendizaje de la lengua catalana en la escuela».
El Gobierno del dirigente de ERC Pere Aragonès García explica que «son sentencias muy anteriores a la de la sentencia del 25% de castellano para todo el sistema educativo catalán y que, en este caso, el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión».
