Efe.- Madrid (España), martes 20 de diciembre de 2022. Todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Foro Asturias, han mostrado su rechazo en el pleno del Congreso a tramitar una proposición de ley de Vox para impedir que los okupas puedan registrarse en el padrón municipal y para que los inmigrantes en situación irregular tengan que dejar constancia de ello al inscribirse.
A falta de la votación, solo el PP y Foro Asturias han apoyado la toma en consideración de la proposición de ley de Vox, propuesta defendida por la diputada Rocío de Meer en un hemiciclo en el que ha sobrevolado la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por los partidos del Gobierno.
«Casi cuatro millones de españoles nos han puesto en esta Cámara para frenar absolutamente todas las tropelías que lleva a cabo el Gobierno y que estamos sufriendo en todos los ámbitos, como el ataque a las instituciones tan grave que estamos viviendo los últimos días», ha arrancado su intervención la diputada de Vox.
Ha sido al portavoz del BNG, Néstor Rego, a quien el presidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez, que actuaba en el momento de presidente, ha llamado la atención para que se atuviera a la iniciativa debatida.
«Me permito recomendar al PSOE que no se preocupe tanto por amordazar este Parlamento que de eso ya se encarga el Tribunal Constitucional», ha respondido Rego antes de abandonar la tribuna.
Los portavoces de la mayoría de los grupos han tildado de racista y xenófoba la iniciativa defendida por de Meer, que ha sostenido que «el padrón lamentablemente es la herramienta utilizada para el acceso a las ayudas públicas de manera fraudulenta».
Desde Unidas Podemos, Rafa Mayoral ha criticado a «aquellos que se encastillan en las instituciones sin legitimidad democrática y con su mandato caducado y que intenten limitar la capacidad del legislativo para poder impulsar leyes», y ha apostado por una «respuesta unida» de todas las fuerzas democráticas frente a los «demófobos».
«Defendernos jurídicamente frente a los atropellos, sin duda, pero al mismo tiempo toda la determinación para decirles a aquellos que tengan el mandato caducado que vamos a legislar para desalojarles de donde están porque no les corresponde», ha añadido.
Por su parte, la diputada socialista Gemma Araujo ha acusado a Vox de ir al Congreso a «vomitar un discurso de odio, xenófobo y racista», sin explicar siquiera la modificación que proponen: «quieren crear una lista negra de quienes según ustedes vienen a quitarnos lo que es nuestro», ha añadido.
Pese a apoyar la iniciativa de Vox, la diputada del PP Ana María Zurita la ha considerado «insuficiente» y «un parche no contradictorio», no como la enmienda del PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en 48 horas.
Desde ERC han pedido a los ayuntamientos que cumplan la ley actual, que empadronen a los inmigrantes y no les pongan «trabas burocráticas» para hacerlo, en tanto que la diputada de la CUP Mireia Vehí ha calificado la propuesta de Vox de «maligna, vil e infame» y el portavoz del PNV Mikel Legarda ha asegurado que el actual ordenamiento jurídico no contiene «ninguna grieta» como defiende Vox.
Sin embargo, para el portavoz de Cs, Edmundo Bal, «es muy razonable» modificar la legislación porque, ha dicho, «protege más al delincuente, que al propietario de una vivienda», aunque ha rechazado que Vox intente modificarlo para que los inmigrantes en situación irregular «no puedan acceder a los servicios sociales».
Según el texto de la proposición, resulta paradójico que tanto un okupa como un inmigrante en situación irregular puedan inscribirse en el padrón municipal «como residentes del inmueble usurpado o de ese municipio, puesto que ningún precepto legal lo impide, mientras que «aquel que comete este acto antijurídico se puede ver recompensado por todos los derechos que lleva aparejado el empadronamiento».
