CUP exige «disolver» antidisturbios UREP de Guardia Urbana por el desahucio de calle Montnegre de Barcelona

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FOTOGRAFÍA. LAS CORTES (BARCELONA) ESPAÑA, 18.12.2022. Los profesionales de la Guardia Urbana de Barcelona expulsan a los atrincherados en la puerta del edificio okupado de calle Montnegre 46 de Barcelona, entre ellos Carles Riera Albert, diputado del Grupo Parlamentario CUP en el Parlamento de Cataluña, y desahucian a los 46 okupas del edificio. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Barcelona (España), domingo, 18 de diciembre de 2022. La quinta fuerza política en Cataluña, Candidatura de Unidad Popular (CUP), ha exigido hoy a la alcaldesa de Barcelona y dirigente de Unidas Podemos (Barcelona en Común), Ada Colau Ballano, la «destitución inmediata de Joan Ramon Riera Alemany, concejal del Distrito de Las Cortes y del área de Infancia, Juventud y Personas mayores y de la gerente del Distrito de las Cortes, Sara Jaurrieta Guarner, «responsable directa de ordenar la actuación policial y el desahucio de esta mañana» en calle Montnegre, número 46.

VÍDEO. 18.12.2022.

«El Ayuntamiento de Barcelona ha desahuciado a 4 familias vulnerables con menores en una actuación, totalmente desproporcionada y sin sentido, de la Guardia Urbana en el barrio de Las Cortes de Barcelona», han denunciado desde la formación de ultraizquierda.

Apuntan desde CUP que «éste desahucio de 4 familias —con 5 menores implicados, uno de ellos diagnosticado con autismo— ha sido una actuación ordenada y firmada por los responsables políticos del distrito de Las Cortes, concretamente por la señora Sara Jaurrieta Guarner, gerente del distrito de Las Cortes y secretaria de Salud del PSC y el jefe de servicios jurídicos del distrito».

Añade: «Éste desahucio se ha ordenado sin orden judicial alguna y sin esperar a posibles actuaciones de servicios sociales».

Más de 60 agentes del cuerpo de antidisturbios de la Guardia Urbana se han personado en la calle Montnegre 46, un edificio de titularidad municipal, afectado por la transformación Colònia Castells y las expropiaciones, fruto del PGM, que llevan 10 años.

Desde entonces, el Ayuntamiento acumula vivienda vacía en estos espacios que se van dañando a medida que pasa el tiempo.

En el caso del edificio desalojado hoy, estaba habitado hasta mayo de 2022 y «fue ocupado recientemente por el Grupo de Vivienda de Las Cortes y el Grupo de vivienda de Sants para alojar a 4 familias vulnerables ya la vez defenderlo de lo posible derribo».

CUP lamenta que la actuación policial y el desalojo se han producido «sin presencia de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), del Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas Públicas, del Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) ni de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona».

VÍDEO. 18.12.2022.

«Tampoco se ha personado ningún representante del distrito ni del Ayuntamiento de Barcelona más allá de la desproporcionada presencia policial», critican desde la formación de ultraizquierda pro-okupación.

La Guardia Urbana ha realizado una actuación policial «totalmente desproporcionada, agrediendo a vecinos que se manifestaban pacíficamente, incluido Carles Riera Albert, diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña» y secretario tercero de la Cámara catalana, «para echar a las 4 familias vulnerables», subrayan.

El cuerpo antidisturbios de la Guardia Urbana, «sin ir identificados como es obligatorio legalmente», han actuado «agrediendo a vecinos para poder acceder dentro del inmueble y finalmente desahuciar a las 4 familias».

Para CUP, «el actual gobierno municipal ha ampliado la unidad antidisturbios que prometía disolver en 2015 y ahora el grupo especial ha cambiado de nombre, de USP a Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad (UREP), pero no de funciones y ahora dispone de más recursos y efectivos».

«Se van destinando recursos a las tesis populistas de la derecha en materia de seguridad y profundizando en un modelo basado únicamente en la presencia de más y más policía, en detrimento de dotar de recursos servicios para revertir las desigualdades generadas por un modelo de ciudad que explota y expulsa a las clases populares», puntualizan desde CUP.

LAS EXIGENCIAS DE CUP FRENTE AL DESAHUCIO DE CALLE MONTNEGRE 46

«1.- El compromiso explícito del Ayuntamiento de Barcelona de dejar de realizar prácticas policiales extrajudiciales más propias de mafias inmobiliarias y fondos buitres y garantizar el derecho a una vivienda pública.

2.- Destituir inmediatamente a Joan Ramon Riera Alemany , como concejal de Las Cortes, no sólo por este hecho ignominioso, del que es máximo responsable como concejal del distrito, sino, además, por menospreciar las demandas de las vecinas de Les Corts reiteradamente.

3.- Destituir inmediatamente a la Gerente del Distrito de Las Cortes Sara Jaurrieta Guarner, responsable directa de ordenar la actuación policial y el desahucio de esta mañana.

4.- La identificación de los agentes que han actuado fuera de norma y de forma violenta contra vecinos y vecinas y que no disponían de número de identificación visible tal y como la ley exige.

5.- Disolver el cuerpo de antidisturbios UREP antigua USP de la Guardia Urbana.

6.- La destitución de Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, ​​máximo responsable del cuerpo de la Guardia Urbana y persona involucrada en otros hechos totalmente injustificables».

Reclaman: «¡El derecho a la vivienda digna es un derecho innegociable! Los precios medios de venta de un piso nuevo crecieron 3,1 veces más que los salarios, los de segunda mano 2,5 veces más y los de alquiler 2,1 veces».

VÍDEO. 18.12.2022.

«La vivienda es un derecho y no puede ser negocio. ¡Hay que hacer del derecho a la vivienda y las condiciones de vida dignas una prioridad municipal! Por el contrario, los socios del actual gobierno municipal y también socios en el gobierno en España, recurren leyes como la ley catalana antidesahucios y la ley por la regulación del alquiler» dicen.

Reiteran: «La lucha por la vivienda digna es un conflicto clave en la ciudad de Barcelona, ​​donde más de 4.000 personas no tienen hogar y más de 800 viven en asentamientos. ¡Es necesario un abordaje integral y metropolitano de combate contra la pobreza para garantizar el derecho a un hogar!».

Y sentencian que con éste comunicado también quieren «hacer extensibles las peticiones del Grupo de vivienda de Las Cortes y de la Plataforma Vecinal de la Colonia Castells y Camp de la Creu en cuanto al realojo de las vecinas afectadas y el diseño y las transformaciones del parque y entorno a la Colonia Castells».