Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), martes 26 de octubre de 2021. El ultraizquierdista exdiputado de la ultraizquierda Podemos, Alberto Rodríguez, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente la ejecución de su condena por inhabilitación en un escrito en el que carga contra la presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet ()PSOE), por invadir competencias con la retirada de su escaño.
El condenado a 45 días de prisión por agredir a patadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una protesta de la izquierda radical más rancia en la Laguna (Tenerife) en 2014 ha remitido un escrito al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Efe este martes, en el que deja constancia de que, aunque su sentencia sea firme, todavía le queda batalla legal, dado que puede presentar un incidente de nulidad contra la resolución -como ya ha anunciado que hará- o acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
Además de la «suspensión provisional» de la ejecución de la sentencia, el violento ultra Alberto Rodríguez pide subsidiariamente que el Supremo «inste y advierta» a Batet a que ejecute la pena «en los mismos términos» que estableció la Sala y sin realizar «ninguna modificación».
Los nuevos letrados de Rodríguez, Isabel Eibal y Gonzalo Boye (abogado del golpista huido de la Justicia, Carles Puigdemont Casamajó), cargan duramente contra Batet, a quien acusan de actuar con «arbitrariedad y arrogarse competencias propias y exclusivas» del Tribunal Supremo para sustituir la inhabilitación por «una de privación del acta de diputado, que, entre otras cosas y no estando prevista en el ordenamiento penal, resulta ser de mayor intensidad y duración que la establecida».
Los nuevos abogados del ultraizquierdista Alberto Rodríguez critican que la ejecución de la sentencia «que se ha comenzado ha sido transformada por parte de autoridades sin potestad jurisdiccional» con «evidente invasión de competencias y desapego al principio de separación de poderes» y afirman que Batet «acordó modificar la sentencia (…) siguiendo, y asumiendo como propia, la petición de Vox».
También la acusan de actuar «a espaldas de la Mesa del Congreso» para «dar satisfacción a Vox» al «desoír» un informe de los letrados de la Cámara.
Consideran que la sentencia deberá ser ejecutada, pero «en sus justos y precisos términos sin que quepa transformar la pena de «inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena» por una que conlleve la pérdida del escaño» de Rodríguez.
En su escrito, Rodríguez reprocha que se haya comenzado a ejecutar la sentencia (con la pérdida del escaño) sin darle oportunidad de agotar las posibilidades que la ley le ofrece, una decisión que le «priva» de su derecho a un «remedio efectivo».
Por ello, «teniendo presente la duración de la pena impuesta y, sobre todo, las consecuencias permanentes -en materia de perjuicio irreparable- que de su ejecución se desplegarían, parece razonable suspender la ejecución de esta en tanto en cuanto se puedan ejercitar los mecanismos sanadores que aún caben».
Ese «perjuicio irreparable» se produciría porque, aun en el caso de que pidiese «tutela cautelar» al Tribunal Constitucional, «parece claro» que para entonces la inhabilitación ya se habría ejecutado íntegramente.
Concretamente, el Tribunal Supremo condenó a un mes y quince días de prisión, que sustituye por una multa de 540 euros, y a una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese tiempo a Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía nacional en una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).
