Efe – El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara este miércoles como imputado ante la jueza que investiga la celebración de actos el 8M, que ha mantenido su declaración a pesar de los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la causa. Madrid (España), miércoles 10 de junio de 2020.
Así, Franco declarará a partir de las 15:30 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investigado por un presunto delito de prevaricación al permitir la manifestación del Día de la Mujer y otros eventos a pesar de los casos de coronavirus conocidos ya en esa fecha.
Acto seguido comparecerán como testigos el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
La magistrada rechazó ayer martes los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones.
«No puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada», sostiene en el auto en el que desestima la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo de este año en las que, entre otros asuntos, rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.
A la misma vez se conoció el informe del forense adscrito al juzgado de la causa, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
También el martes la Abogacía del Estado pidió archivar la investigación al estimar que no se ha encontrado «el más mínimo indicio delictivo» y que José Manuel Franco actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.
En ese escrito la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.
La Abogacía sigue la misma línea que la Fiscalía, que solicitó poco antes el archivo de la investigación, ya que no se dan las circunstancias para acusar a Franco de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.
José Manuel Franco es el único investigado en la causa, que lleva semanas acaparando la atención mediática tras los informes de la Guardia Civil enviados a la titular del juzgado que conllevaron el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.
El cese del coronel conllevó la dimisión del DAO del instituto armado, Laurentino Ceña, y a continuación Marlaska cesó al número tres del Cuerpo, el teniente general Fernando Santafé. Todo ello provocó duras críticas por parte de la oposición, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Tras la declaración del delgado del Gobierno en Madrid la titular del Juzgado de Instrucción 51 tomará declaración el jueves como testigos a ocho personas entre trabajadores de la Delegación y promotores de manifestaciones que iban a tener lugar en fechas próximas al 8 de marzo pero que fueron suspendidas por motivo sanitarios, según un informe enviado por la Guardia Civil al juzgado.
La magistrada ha rechazado en dos ocasiones actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
