El «feixisme català» planeó un «enfrentamiento abierto» con españoles

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 15.10.2017. El presidente hispanófobo en Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò (d), conversa con el extremista racista vicepresidente Oriol Junqueras (i), tras asistir a la tradicional ofrenda ante la tumba del ex presidente genocida de la Generalidad, el asesino Lluís Companys Jover, este domingo. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha ofrecido hoy por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un margen de "dos meses" para dialogar y le ha propuesto concretar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos, sin aclarar si ha declarado la independencia de Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Correos electrónicos de altos cargos de la Generalidad de Cataluña: «El enfrentamiento con el Estado español será abierto y claro y será necesario validar el proceso en unas elecciones constituyentes convocadas en el mismo momento». Según varios correos electrónicos que se intercambiaron a principios de 2016: Josep Maria Jové, exnúmero dos de la consejería de Economía y Hacienda dl Gobierno catalán y principal investigado por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O; Carles Viver Pi Sunyer, expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional que creó el delincuente expresidente catalán,  Artur Mas Gavarró; y Josep Maria Reniu, otro de los exmiembros de este organismo. Madrid (España), viernes 2 de febrero de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 15.10.2017. El presidente hispanófobo en Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò (d), conversa con el extremista racista vicepresidente Oriol Junqueras (i), tras asistir a la tradicional ofrenda ante la tumba del ex presidente genocida de la Generalidad, el asesino Lluís Companys Jover, este domingo. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha ofrecido hoy por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un margen de «dos meses» para dialogar y le ha propuesto concretar «lo antes posible» una reunión para explorar acuerdos, sin aclarar si ha declarado la independencia de Cataluña. Efe

El Gobierno golpista del prófugo hispanófobo Carles Puigdemont se planteó aprobar las leyes rupturistas a partir del mes de julio de 2017, para buscar un «conflicto abierto» con el Estado una vez los pensionistas y funcionarios hubieran cobrado sus pagas dobles de verano.

Así lo sostiene la Guardia Civil en el informe sobre varios correos electrónicos que se intercambiaron a principios de 2016: Josep Maria Jové, exnúmero dos de la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno catalán y principal investigado por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O; Carles Viver Pi Sunyer, expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional que creó el delincuente expresidente catalán, Artur Mas Gavarró; y Josep Maria Reniu, otro de los exmiembros de este organismo.

Según el informe que la Guardia Civil elaboró con el análisis de esos correos cruzados, a que ha tenido acceso Efe, esos tres miembros del núcleo duro que impulsó el proceso estudiaron, como variación a la hoja de ruta inicial, promover un escenario de «conflicto abierto con el Estado» para alcanzar la separación de Cataluña del resto de España.

En los correos, intervenidos por orden del juez que investiga los preparativos del 1-O, Jové, Viver Pi Sunyer y Reniu apuntaron que para lograr un «enfrentamiento abierto con el Estado es clave el momento temporal en que se realizará, eligiendo la época del año adecuada para reducir los potenciales efectos del Estado en contra».

En ese sentido, «valoran» que se enfrentamiento tuviera lugar en julio, «una vez se hubiesen abonado las pagas dobles a pensionistas y funcionarios, ya que el Estado perdería una parte importante de respuesta en el ámbito más sensible: sueldos y pensiones», añade el informe de la Guardia Civil.

Los correos, según el instituto armado, apuntan a que el núcleo duro independentista estudió «centrarse en la utilización de la ley de transitoriedad jurídica como la verdadera proclamación de independencia», tras lo que se convocarían elecciones constituyentes «atendiendo a que la conexión ya se habrá producido».

Una de las alternativas sugeridas por Viver Pi Sunyer, también investigado por el juez que indaga los preparativos del golpe del 1-O, era «aprobar el paquete legislativo comentado incorporando una cláusula suspensiva temporal, de manera que se aprobaran las leyes pero condicionando su aplicación a la efectiva obtención de la mayoría absoluta de los escaños y de los votos en las elecciones constituyentes».

Los investigados señalan en los correos que las «fortalezas» de ese escenario es que «desaparece la controversia de la desconexión», ya que la ley de transitoriedad jurídica supondría la proclamación de facto de la independencia de Cataluña, aunque, añade el informe, «el enfrentamiento con el Estado será abierto y claro y será necesario validar el proceso en unas elecciones constituyentes convocadas en el mismo momento».

Los correos plantean asimismo «dudas sobre la capacidad de todos los actores independentistas», por lo que apuestan por «preparar un plan de contingencia sobre la base de los cargos electos locales», añade el informe.