Efe – La Fiscalía: «Otra cosa hubiese sido que si los internos efectivamente se considera que evidentemente están en situación de estar perfectamente adaptados para la vida en libertad, con aceptación del delito cometido y con compromiso o por lo menos pronóstico de no volverlo a realizar, en ese caso lo razonable hubiese sido la calificación en tercer grado, que para esto está en la ley de vigilancia penitenciaria», ha subrayado. El fiscal dice que «únicamente se han comportado como se hubiese comportado con cualquier otro interno», ha alegado Francisco Bañeres, que ha advertido de que «no es frecuente» en casos de penas largas de cárcel, como las que cumplen los presos del procés condenados por el Supremo, que se propicien este tipo de permisos «a tan corto cumplimiento de la pena». Barcelona (España), viernes 28 de febrero de 2020.
El Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha defendido los recursos en que el ministerio público se opone a los permisos laborales a los presos del procés y ha afirmado que «lo razonable» es que la Generalitat les hubiese concedido el tercer grado si los ve rehabilitados.
Así lo ha indicado Bañeres en una comparecencia en el Parlament para presentar la Memoria de la Fiscalía en Cataluña en 2018, en la que JxCAT y ERC han cuestionado los recursos de la Fiscalía contra los permisos para que los presos salgan de la cárcel unas horas al día entre semana para ir a trabajar, cuidar de familiares o ejercer voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
El fiscal ha justificado los recursos del ministerio público para oponerse a la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y ha asegurado que dan el mismo trato a los presos del procés que a cualquier otro interno.
Según el fiscal superior, uno de los requisitos para poder disfrutar de este tipo de permisos es que los afectados deben «aceptar» que cometieron un delito y «comprometerse» a no volver a hacerlo.
El fiscal dice que «únicamente se han comportado como se hubiese comportado con cualquier otro interno», ha alegado Francisco Bañeres, que ha advertido de que «no es frecuente» en casos de penas largas de cárcel, como las que cumplen los presos del procés condenados por el Supremo, que se propicien este tipo de permisos «a tan corto cumplimiento de la pena».
«Otra cosa hubiese sido que si los internos efectivamente se considera que evidentemente están en situación de estar perfectamente adaptados para la vida en libertad, con aceptación del delito cometido y con compromiso o por lo menos pronóstico de no volverlo a realizar, en ese caso lo razonable hubiese sido la calificación en tercer grado, que para esto está en la ley de vigilancia penitenciaria», ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que la ley de vigilancia penitenciaria establece que nadie deberá ser clasificado en un grado distinto del que le corresponde.
La consellería de Justicia de la Generalitat, en manos de la republicana Ester Capella, avaló la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas para que los nueve presos del procés fuesen clasificados en segundo grado y no en el tercero, como defendía la defensa de algunos de los presos de JxCAT.
Si la Generalitat hubiese clasificado a los presos del procés en el tercer grado -por el que solo se va a dormir a prisión-, un eventual recurso de la Fiscalía contra esta medida podría haber llegado hasta el Tribunal Supremo, que fue el que los condenó.
Por contra, una vez los presos han sido clasificados en el segundo grado, los recursos de Fiscalía sobre la aplicación del artículo 100.2, que flexibiliza el régimen penitenciario con salidas durante unas horas al día entre semana para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar a familiares, se agotan en la audiencia provincial.
Hasta el momento, la Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la aplicación del 100.2 en el caso del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, alegando que no se han arrepentido y que sus salidas laborales y de voluntariado no ayudan en su reinserción ya que lo que necesitan es un programa específico sobre el delito de sedición por el que fueron condenados.
Las juntas de tratamiento también han acordado hasta el momento aplicar el 100.2 a los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Sobre la memoria de Fiscalía de 2018, Bañeres ha lamentado que las cifras «suben» en casi todos los delitos. Hubo ese año 350.000 casos incoados en Cataluña, lo que supone un amento del 3% respecto al año anterior.
De todos esos casos investigados, 45.000 derivaron en un escrito de acusación de la Fiscalía ante el juzgado.
Bañeres ha alertado sobre el incremento de los delitos investigados contra la libertad sexual, que en 2018 fueron un total de 3.137, lo que significa un aumento de 420 casos respecto a 2017.
Del cómputo general de estos delitos, 1.150 corresponden a agresiones sexuales (un 8% más que en 2017) y 1.080 fueron abusos sexuales (un 35% más que en 2017).
Otro apunte significativo expuesto por Bañeres ha sido la bajada del número de asesinatos, que en 2017 fue de 33 y en 2018 de 4, lo que ha atribuido a que el dato de 2017 estaba «desvirtuado» por el incremento extraordinario que supusieron los atentados del 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona).
En su intervención, Bañeres también ha advertido sobre el hecho de que dos de cada tres juicios que se señalan se suspenden por distintas causas (errores de notificación, mala gestión de las agendas judiciales, no presentación en el juicio de testigos o acusados), y ha dicho que la situación es «una verdadera lacra».
«Lo peor de tener tantas suspensiones es que son demasiado frecuentes las ocasiones en las que un ciudadano acude a un juicio, este no puede celebrarse por la causa que sea, se suspende, se vuelve a señalar para más adelante y el ciudadano se va con la sensación de que aquello no va a terminar de una forma razonable», se ha quejado.
Todos los grupos han coincidido en lamentar la escasez de medios de los que dispone la Fiscalía para hacer su trabajo, a lo que Bañeres ha respondido en su turno de réplica: «se dice que la administración de justicia es la cenicienta de los servicios públicos y yo añado que la Fiscalía es la cenicienta de la administración de justicia».
