Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), lunes 26 de julio de 2021. Las fuerzas independentistas han presionado este lunes al Tribunal de Cuentas para que acepte los avales con dinero público, reunidos desde el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) —después de que el Ejecutivo de coalición de JxCat y ERC apoyado en CUP, que preside Pere Aragonés García no haya encontrado ningún banco que lo haga indirectamente con el «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT)— para cubrir la fianza de 5.422.11,10 euros a los ex altos cargos de los Gobierno del Procés (desde 2011 a 2017) encausados por promocionar el Procés con dinero público en el extranjero, aunque el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ya trabaja en «alternativas».
Entre los encausados: los presidentes de los Gobiernos del Procés. Artur Mas y Carles Puigdemont; los vicepresidentes: Oriol Junqueras; los consejeros de Presidencia, Neus Monté y Jordi Turull; los consejeros de Economía y Hacienda, Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras; los Consejeros de Exteriores, Raúl Romeva Rueda.
El Tribunal de Cuentas debe decidir a principios de esta semana si acepta los avales del ICF que han presentado una treintena de ex altos cargos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña a quienes reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros mientras investiga si promocionaron el «procés» en el extranjero con dinero público.
Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba el miércoles de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas acordó conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los 34 encausados presentaran los avales del ICF por vía telemática.
El decreto que aprobó el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para crear un fondo para hacer frente a esta fianza contemplaba que, en caso de no encontrar ningún banco que acepte participar en la operación, sea el ICF quien ofrezca este aval, como finalmente se hizo.
La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha justificado en rueda de prensa el fondo creado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para «proteger a los servidores públicos ante un Tribunal de Cuentas que sigue enloquecido, que sigue persiguiendo a ciudadanos y a servidores públicos del gobierno catalán por el hecho de ser independentistas».
Artadi ha denunciado una «persecución» a los independentistas, mientras «hay casos escandalosos de corrupción de la familia real» española sobre los que «ni el Tribunal de Cuentas ni ninguno de los poderes de la supuesta justicia española tienen nada que decir».
JxCat «confía» en que el Consejo de Garantías Estatutarias emitirá esta semana un dictamen favorable al fondo creado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, cuyo decreto podrá ser convalidado el jueves por el Parlament.
Si el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat certificase que el fondo es un «instrumento legal», según Artadi, eso podría «desencallar» las conversaciones para que alguna entidad financiera se avenga a hacerse cargo del aval de la fianza.
En todo caso, si los avales del ICF presentados son rechazados por el Tribunal de Cuentas, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ya explora un plan B.
«Si la justicia española volviese a actuar de manera arbitraria contra los intereses de Cataluña, estamos trabajando diferentes alternativas de diferente naturaleza para hacer frente a estas fianzas», ha explicado Artadi, que no ha querido dar más detalles sobre las posibles soluciones en las que trabaja la consejería de Economía y Hacienda que lidera Jaume Giró.
El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, ha precisado, «será un elemento que marcará la tónica» de los instrumentos que se pueden acabar «utilizando».
«Se está trabajando en diferentes caminos de diferente naturaleza, y puede ser que al final, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, se tenga que hacer una combinación de diferentes instrumentos», ha señalado.
Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha quitado hierro a la división interna en el seno del ICF que provocó la activación de los avales a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, que se saldó con la dimisión de tres miembros de la junta de gobierno del organismo financiero de la Generalitat.
Vilalta ha «celebrado» que finalmente el ICF se haya involucrado en la operación, con unos avales que «deberían ser aceptados por el Tribunal de Cuentas», porque por parte de la Generalitat «se ha hecho correctamente».
«En condiciones normales esto debería servir, pero el Tribunal de Cuentas no es un tribunal sino un organismo absolutamente politizado que persigue por la vía represiva al independentismo», ha afirmado.
