Efe.- Madrid (España), viernes 4 de marzo de 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley sobre precursores de explosivos, una norma que regulará la comercialización y el uso de sustancias químicas que, aun siendo legales, como fertilizantes, pesticidas o desinfectantes, pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos.
El proyecto de ley será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Una vez concluida, la norma permitirá derogar la vigente desde noviembre de 2017 que no incluía las disposiciones del reglamento europeo de 2019 sobre esta materia.
Aunque esa norma europea es de aplicación directa desde el pasado 1 de febrero de 2021, era necesario adaptar la normativa interna española a las nuevas medidas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el objetivo de la nueva norma es reforzar la limitación y los controles a quienes adquieran este tipo de sustancias.
La futura norma mantendrá en términos similares la distinción entre dos clases de precursores de explosivos: los «restringidos», cuya adquisición por un particular por encima de ciertos niveles de concentración sigue exigiendo una licencia previa, y los «notificables», que pueden ser adquiridos sin licencia pero cuya compra está sujeta a controles sobre quienes los comercializan y sobre quienes los adquieren.
MÁS CONTROLES A PARTICULARES, PROFESIONALES E INTERMEDIARIOS
El objetivo del proyecto de ley es limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos, sean personas físicas o jurídicas que actúan a través de representante. En cualquier caso estarán obligadas a obtener una licencia previa para adquirir precursores de explosivos «restringidos».
No precisarán licencia los usuarios profesionales, aunque si quieren adquirir precursores de explosivos (ya sean restringidos o no) para fines relacionados con su actividad deberán demostrar su condición.
Los colectivos intermediarios que compran estas sustancias para ponerlos a disposición de particulares, usuarios profesionales u otros operadores económicos que quieran adquirirlos también estarán sometidos a más vigilancia.
Por ejemplo, deberán entregar al operador que les compre estos precursores una declaración con sus datos y con la obligación de que tengan que comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.
Además, estos operadores deberán adoptar medidas de seguridad y conservación de los precursores de explosivos en un espacio de almacenamiento cerrado y de acceso limitado, evitando su deterioro o pérdida, y garantizar que su personal está instruido sobre las obligaciones que se deben cumplir.
Por último, se mantiene en términos similares a la normativa actual la obligación de comunicar al CITCO las sustracciones, las desapariciones y las transacciones sospechosas, pero el plazo de comunicación se ha reducido de 48 a 24 horas.
