Efe – El juez que investiga a Podemos por un contrato electoral con la consultora Neurona en 2019 ha reabierto las pesquisas en torno al presunto cobro de sobresueldos por algunos miembros del partido, de acuerdo con la denuncia del antiguo abogado de la formación José Manuel Calvente que dio origen al caso. Madris (España), 21 de a ril de 2021.
El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha dado marcha atrás a su decisión de cerrar esta parte de la investigación, como acordó el pasado 11 de marzo, al estimar un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular en el caso.
En un auto fechado el 16 de abril, al que ha tenido acceso Efe, el juez ordena una serie de diligencias de investigación solicitadas por el partido, como la declaración como testigo el próximo 21 de mayo de Pablo Manuel Fernández Alarcón, que formó parte del equipo legal de Podemos y fue miembro del Consejo Ciudadano Estatal.
Esta rama del caso se centra en los supuestos aumentos de nómina de los que disfrutaron la gerente de Podemos, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel Frutos, mediante dos complementos salariales, según denunciaron Calvente y la también exletrada de Podemos Mónica Carmona.
Se trata del complemento por coordinación por 210,32 euros y del complemento por coordinación ejecutiva por 400 euros, que según estos denunciantes, no constan en las tablas salariales del partido y se atribuyeron «unilateralmente», sin acuerdo del Consejo de Coordinación.
El juez lo investigó y acordó archivarlo tras descartar que hubiese delito porque los complementos estaban incluidos en nómina y autorizados por responsables; sin embargo, ahora da la razón a Vox, que consideraba insuficiente dicha documentación.
También lo ve así el juez, que además de pedir testimonio de los Estatutos de Podemos elevados a escritura pública en 2018, solicita al partido el informe donde se incluye la «partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero como del resto de miembros de dicho partido», así como el acta donde el Consejo Ciudadano Estatal aprobaba el mismo.
De los Estatutos del partido en 2019 el juez concluyó que la gerente «tenía la facultad de establecer complementos salariales», si bien en su auto explica que varios acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de 2017 acreditarían que es este órgano quien lo hizo, a propuesta de la gerente, «lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial» o complementos que la alteren.
El juez solicita también información sobre los trabajadores implementó complementos salariales Esther Val, de acuerdo con una serie de nóminas que obran en la causa.
