El nuevo protocolo de desahucios de los Mozos de Escuadra mantiene a la BRIMO para la seguridad e incluye empleo homogéneo en toda Cataluña

.Entre 2016 y 2022, se han producido 73.700 desahucios en el país. De éstos, el cuerpo de Mozos de Escuadra ha actuado en 15.300 desahucios (un 21% del total), y ha habido 601 incidentes, lo que supone un 0’8% del total.

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 03.11.2022. El consejero de Interior del régimen amarillo separatista e hispanófobo, Joan Ignasi Elena García (c), el comisario jefe de la Policía de la Generalidad de Cataluña Mozos de Escuadra, Eduard Sallent (d), y la portavoz de Mozos de Escuadra, Montserrat Escudé Serra (d), este jueves durante una rueda de prensa. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo) 

Redacción.- Barcelona (España), jueves 3 de noviembre de 2022. La Jefatura del Cuerpo autonómico de la Policía de la Generalidad de Cataluña Mozos de Escuadra (PGME) ha activado el primer protocolo donde se establecen las pautas de actuación policial que deben realizarse en relación con desahucios por mandato judicial y en empleos.

Los nuevos procedimientos tienen por objetivo establecer un único modelo de trabajo homogéneo en toda Cataluña, ya que hasta ahora las actuaciones policiales se diseñaban en función de la información recopilada en cada caso y de los recursos de que disponía la comisaría afectada.

Este nuevo modelo de trabajo cambia el paradigma vigente hasta ahora y permite mejorar la respuesta frente a esta problemática social con dispositivos más homogéneos y una mayor coordinación entre los actores que intervienen.

Los nuevos procedimientos de trabajo representan un paso adelante en la gestión policial en este ámbito en el que hasta ahora no existía ninguna pauta establecida, por lo que estandarizan las operativas policiales en todo el territorio catalán.

Asimismo, el nuevo protocolo incorpora una mirada social en este ámbito destinada a establecer medidas de protección para mejorar la atención a las personas vulnerables y garantizar una mayor coordinación entre todos los actores que participan, no únicamente los policiales, como por ejemplo en casos de desahucios con menores o personas vulnerables cuando se activan los servicios sociales.

Otro aspecto a destacar en este nuevo modelo de trabajo es que se excluye la presencia de dispositivos antidisturbios en el desahucio excepto en decisiones judiciales o en situaciones de riesgo; se incrementa una mayor seguridad jurídica para todas las partes, tanto a la ciudadanía afectada como a los propios agentes de los Mozos de Escuadra y se mejoran cualitativamente los atestados policiales.

El consejero de Interior del régimen amarillo separatista e hispanófobo, Joan Ignasi Elena García, ha destacado «el cuerpo de Mozos de Escuadra no desahucia, quien desahucia a una persona vulnerable es una sociedad injusta».

«Lo que ha fallado en todo este proceso hasta llegar a esta situación es una sociedad injusta que no es capaz de garantizar el derecho de la vivienda», añadió

Elena ha explicado que entre 2016 y 2022, se han producido 73.700 desahucios en el país. De éstos, el cuerpo de Mozos de Escuadra ha actuado en 15.300 desahucios (un 21% del total), y ha habido 601 incidentes, lo que supone un 0’8% del total.

El separatista ultraizquierdista titular de Interior ha recordado que «el Parlamento de Cataluña ha intentado aprobar leyes de la vivienda que el Gobierno de España ha impugnado».

«Eran leyes para garantizar un tope en los precios de alquiler, para no desahuciar a nadie sin alternativa habitacional o leyes que los lobbies de los grandes tenedores han sido capaces de echar atrás», ha añadido.

«Tenemos la obligación de definir cómo debe ser la presencia policial, especialmente cuando se producen casos con personas vulnerables», ha advertido este político de ideología ultraizquierda, a la vez que ha recordado que «los Mozos de Escuadra son una policía integral con vocación» de tener «todas las competencias», refiere también a los pasaportes y DNI que es única competencia, dentro de las pocas que queden al Cuerpo de Policía Nacional, que el separatismo va a intentar mercadear con PP y PSOE hasta conseguir si antes VOX no crece en escaños para impedirlo.

Elena también ha puesto en valor que «se presenta y se estandariza por primera vez en la historia un procedimiento de trabajo en relación con las ocupaciones y los desahucios, con un documento realizable y viable».

Los nuevos protocolos no son una simple mejora, sino que hasta ahora no existen. Por tanto, normativizamos y estandarizamos lo que podía generar heterogeneidad en la operativa policial», ha manifestado.

Este protocolo, según el consejero ultra, «da mayor seguridad jurídica a todas las partes desde esta mirada social de la policía incorporando medidas de protección a las personas vulnerables para situarlas en el centro de su actividad».

«Se incorporan también mejoras cualitativas en los atestados con una mejor coordinación entre todos los actores implicados en las pautas a seguir por parte de los agentes antes de un desahucio», asegura Elena.

Como clausura el titular de Interior ha insistido en que «se sistematizan los dispositivos policiales, identificando las responsabilidades de cada uno y excluyendo la presencia de dispositivos de orden público en los desahucios excepto en decisiones judiciales o en situaciones de riesgo evidente».

Por su parte, el comisario jefe de la Policía de la Generalidad de Cataluña Mozos de Escuadra, Eduard Sallent Peña, ha agradecido el trabajo a las Unidades de Seguridad Ciudadana de los Mozos que dan respuesta a los desahucios «porque es un deber, pero son actuaciones con impacto personal que no gustan a nadie».

«Como policía comunitaria trabajamos para poner a las personas en el centro de nuestras actuaciones y favorecer la cohesión social», ha añadido.

A su vez, la portavoz de Mozos de Escuadra, Montserrat Escudé Serra, resaltó que para comprender mejor el fenómeno y disponer del máximo de información se crea la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda, una unidad especializada en la homogeneización , propuesta y seguimiento de los procedimientos de trabajo.

«Crearemos un registro global con datos relativos a desahucios y empleos para conseguir una mayor inteligencia policial sobre el fenómeno. Conocer su dimensión y afectación en la sociedad nos permitirá actuar con más conocimiento», ha destacado.

Dimensión del fenómeno de los desahucios y empleos

En 2021, la Jefatura de la Policía impulsó la creación de la Unidad Central de Intervención en Conflictos en la vivienda (UCICH), una unidad especializada en la homogeneización, propuesta y seguimiento de los procedimientos de trabajo en el ámbito de los desahucios y ocupaciones que se están llevando a cabo en todo el territorio catalán.

Esta unidad lleva la interlocución y coordinación con todos los actores implicados en estos ámbitos, con coordinación directa con las regiones policiales a través de sus interlocutores.

Asimismo, la UCICH trabaja en la creación de un registro global para la introducción cualitativa y cuantitativa de los datos relativos a los desahucios y, de este modo, conseguir una mayor inteligencia policial sobre el fenómeno de los desahucios y empleos.

Se pretende que este registro ayude a conocer la dimensión y afectación del fenómeno en la sociedad y se convierta en una herramienta informática necesaria, no sólo para trabajar de forma homogénea, sino también para disponer de una base de datos corporativa donde consultar este tipo información de forma generalizada. Permite tener una visión particular de cada territorio y una visión global a nivel de Cataluña.

Actuaciones en desahucios

Durante 2021, según datos publicados en la página web del Poder Judicial, los Mozos de Escuadra recibió un total de 3.203 requerimientos judiciales para intervenir en auxilio de la autoridad judicial en este tipo de servicios.

En los dos primeros trimestres de este año, el estamento judicial ha requerido la presencia de los Mozos de Escuadra en un total de 1.827 desahucios. Las tres Regiones Policiales que más requerimientos de desahucios han recibido son la RP Metro Nord, la RP Girona y la RP Barcelona.

Las nuevas pautas en actuaciones policiales en desalojos de inmuebles por mandato judicial prevén garantizar actuaciones previas que favorezcan una resolución positiva del desalojo puesto que se establecen interlocuciones y/o solicitan informes de los servicios sociales y otros actores que tengan responsabilidad en los diferentes ámbitos de actuación.

Aunque la interlocución corresponde al estamento judicial, los servicios policiales cuentan con la información de servicios sociales del territorio para favorecer la resolución positiva en casos de situaciones de vulnerabilidad de las personas que ocupan el inmueble y la presencia de menores de edad.

También se trabaja para conocer si se ha previsto la posibilidad de disponer de algún alojamiento de emergencia o social que pueda hacer prever facilidades en el desalojo y/o en la interlocución con la comitiva para conseguir una suspensión o aplazamiento de la medida.

Actuación policial ante la ocupación ilegal (okupación) 

Por lo que respecta al fenómeno del empleo se producen diferentes supuestos.

Desde la ocupación ilegal de inmuebles con fines delictivos relacionados con el consumo y el tráfico de drogas, conexiones fraudulentas y el aprovechamiento lucrativo de las viviendas ocupadas, hasta la ocupación viviendas por situaciones de necesidad y de vulnerabilidad.

En estos casos, la actuación contempla un tratamiento particular.

Durante el año 2021 se interpusieron un total de 9.398 denuncias por ocupación de inmuebles (en comparación con los 3.203 requerimientos judiciales por desahucio solicitados por la autoridad judicial).

En los dos primeros trimestres de este año, se han tramitado 4.824 denuncias por ocupación en todo el territorio (en comparación con un total de 1.827 requerimientos judiciales por desahucio).

Las tres Regiones Policiales que han recibido más denuncias por ocupaciones en el período mencionados han sido RP Metro Nord, la RP Metro Sud y la RP Barcelona.

La actuación policial ante la ocupación de inmuebles que prevé el nuevo protocolo pasa por activar la mediación a fin de establecer un diálogo para la resolución pacífica de la actuación.

Asimismo, se contempla la necesidad de detectar situaciones de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble (personas en situación de precariedad económica, situaciones de exclusión residencial, desamparo, menores de edad o personas dependientes, etc.).

En estos casos, se requiere de forma inmediata y con carácter previo a la adopción de cualquier medida, la intervención de los servicios sociales de referencia en el territorio para garantizar la asistencia personal y social necesaria y dar protección a las personas que puedan quedar afectadas por el eventual desalojo.

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