Efe – El sistema educativo catalán está infrafinanciado y, para garantizar su gratuidad con una composición social equilibrada del alumnado entre centros públicos y concertados, el presupuesto público actual en Educación debería aumentar en 1.163 millones de euros adicionales. Barcelona (España), lunes 13 de julio de 2020.
Esta es la principal conclusión que revela el informe que ha llevado a cabo la comisión de estudio del coste de la plaza escolar en el marco del Pacto Contra la Segregación, que se firmó 2019 impulsado por el Síndic de Greuges con el apoyo de la conselleria, los municipios de más de 10.000 habitantes y otras entidades.
El estudio, que se ha presentado este lunes en el Parlament ante todas las entidades firmantes del pacto, calcula cuánto costaría una plaza escolar en un escenario hipotético en el que centros públicos y concertados tuvieran una composición social equivalente, lo que ahora no ocurre.
Para el cálculo, los autores del estudio, de naturaleza inédita en España, incorporan las actividades complementarias y del material escolar, cuya financiación actual corre a cargo de las familias.
Según el estudio, el coste teórico de cada plaza escolar, por alumno y año sería de 4.973 euros en infantil y primaria (5.117 en el sector público y 4.659 en el concertado), y de 6.100 euros en secundaria (6.579 en la pública y 5.211 en la concertada).
Durante la presentación del informe, el Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha subrayado que el principio de gratuidad «no se cumple en el sistema educativo» y que la «mejora necesaria de la financiación se tiene que utilizar para combatir la segregación escolar» que es «el principal problema de la educación en Cataluña».
Ribó ha reconocido que la inversión de 1.163 millones «es realista», aunque «lejos del 6 % del PIB que prevé la Ley de Educación de Cataluña, que implicaría llegar a 6.000 millones».
El estudio advierte que en los centros públicos y «muy especialmente» en los concertados «se da una fuerte asociación entre las aportaciones de las familias y la composición social del centro, lo que provoca que los proyectos educativos sean desiguales».
El análisis evidencia que el gasto público es más elevado en el sector público que en el sector concertado, porque el público presenta una composición social más desfavorecida.
Según datos de Educación, 6 de cada 10 centros públicos son de complejidad entre media y muy alta, mientras que sólo 3 de cada 10 son de complejidad entre media-baja o baja.
En cambio, en el caso de los centros concertados, 7 de cada 10 tiene complejidad media-baja o baja, aunque el informe señala que «un 25 % de centros concertados tiene complejidad media-alta, alta o muy alta».
Con el objetivo de luchar contra la segregación escolar, el informe propone que la mejora de la financiación sea de aplicación gradual y progresiva, no lineal.
Por ello, la mejora de la financiación debería empezar por favorecer las condiciones de gratuidad entre alumnos, centros y entornos con mayor complejidad.
En paralelo, el estudio propone una progresiva transferencia de recursos al resto del sistema, a medida que se va repartiendo la corresponsabilidad de escolarizar al alumnado desfavorecido, a partir de contratos programa, cuyo «cumplimiento se deberán controlar», ha señalado Ribó.
Para calcular el coste de la plaza, el estudio ha contado con los datos de financiación pública del conjunto de centros públicos y concertados proporcionada por Educación, presupuestos liquidados de 100 centros concertados, y datos extraídos de una encuesta dirigida a los centros públicos y concertados sobre las cuotas sufragados por las familias para diferentes conceptos, que han contestado 1.574 centros de primaria y 758 centros de secundaria.
