El TC aborda la suspensión definitiva del referéndum y apertura de más acciones penales contra Forcadell

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 11.09.2015. La secesionista disputada de la coalición antiespañola: Juntos Por El Sí (JxSí), y ex-concejala de Izquierda Republicana de Cataluña de Oriol Junqueras Vies en la localidad de Sabadell, ex-presidenta del colectivo racista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell Lluís. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal Constitucional (TC) aborda el pleno que comienza este martes el incidente de ejecución de sentencia que el Gobierno del presidente Mariano Rajoy presentó contra la resolución de la coalición separatista catalana de ERC y CDC al 27-S 2015 catalán,  Juntos por el Sí,  y la ultraizquierda separatista catalana (CUP) para la celebración de un referéndum el 2017 con o sin acuerdo con el Estado, así como la petición de la Fiscalía y del Abogado del Estado para que traslade a el caso a la Fiscalía para que ésta actúe nuevamente por la vía penal contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y cuatro otros miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Madrid (España), martes 14 de febrero de 2017. Fotografía: La secesionista disputada de la coalición antiespañola: Juntos Por El Sí (JxSí), y ex-concejala de Izquierda Republicana de Cataluña de Oriol Junqueras Vies en la localidad de Sabadell,  ex-presidenta del colectivo racista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual presidenta del Parlament autonómico español en Cataluña, Carme Forcadell Lluís. Archivo Lasvocesdelpueblo.

Los magistrados ya suspendieron cautelarmente la resolución pactada entre JxSí y la CUP el pasado 15 de diciembre, y ahora emitirán una sentencia sobre el fondo de la cuestión y decidirán sobre la petición para trasladar el caso a la Fiscalía.

Si optaran por esta vía repetirían lo que ya hicieron el 10 de octubre en relación a la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente de JxSí y CUP, cuando trasladaron el caso a la Fiscalía y ésta presentó una querella por prevaricación y desobediencia ante el TSJC contra Forcadell.

Los magistrados tienen sobre la mesa la petición del gobierno del presidente Mariano Rajoy para que —además de suspender definitivamente las resoluciones por referéndum separatista de este año en Cataluña— acuerden «deducir testimonio» sobre Forcadell y los otros cuatro miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña.

Es decir , que traslade a la Fiscalía General del Estado la posibilidad de abrir la vía penal contra ellos.

Según el ejecutivo de Rajoy, la resolución del referéndum secesionista catalán es una reiteración del incumplimiento de las decisiones del TC por parte del Parlamento de Cataluña.

El recurso destaca también que los propios magistrados habían advertido la presidenta del Parlamento de Cataluña y los miembros de la Mesa que no podían desplegar ninguna iniciativa encaminada a hacer realidad el proceso separatista.

El TC también dispone de las alegaciones que Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa presentaron contra el incidente de ejecución de la Mesa, en un escrito donde destacaban que la resolución del referéndum unilateral tiene «carácter autónomo» y no contraviene las anteriores resoluciones del TC.

Las alegaciones recordaban que «si se persigue» a quien permite la libertad de expresión «la democracia desaparece y el marco político tiene otro nombre: no democracia».

Si los magistrados atienden la petición del Abogado del Estado y trasladan nuevamente el caso a la Fiscalía, ésta podría presentar una nueva causa o bien acumular las actuaciones en la que Forcadell ya tiene abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia.

La presidenta del Parlamento ya declaró al TSJC por esta causa el 16 de diciembre, cuando reclamó que los diputados puedan expresar sus opiniones sin ser procesados.

«Es una garantía democrática para proteger la libertad de expresión», aseguró entonces.