Efe – En el juicio que se celebrará entre hoy y mañana en la Audiencia Nacional, el fiscal Marcelo Azcárraga expondrá que Vila Michelena, junto con su compañera del comando Madrid ya condenada Ana Belén Egües, poseían en mayo de 2001 entre 60 y 70 kilos de explosivo que decidieron explosionar en la vía pública. Madrid, 25 abril 2016. Fotografía: El etarra Fermín Vila Michelena (d), durante un juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Efe.
El etarra Fermín Vila Michelena, detenido en 2010 en Belfast (Irlanda del Norte), se enfrenta hoy a 316 años de cárcel por la colocación en 2001 de un artefacto frente a una entidad bancaria que explosionó en la madrileña calle Goya, causando lesiones a 14 personas y numerosos desperfectos. Con este fin, el 8 de mayo los dos etarras sustrajeron un vehículo que se encontraba aparcado en la calle de Luis Hoyos de Sainz y, tras cambiarle las placas de matrícula por otras falsas, instalaron en su interior la carga explosiva.
El 11 de mayo los terroristas trasladaron el coche, sobre las 23.45 horas, hasta la calle de Goya, frente a las puertas de una sucursal del BBVA para después salir huyendo antes de la explosión. En sus conclusiones provisionales, el fiscal considera que la finalidad del acusado era causar los mayores daños personales y materiales, para lo que eligió un lugar céntrico y transitado de Madrid.
La explosión de la carga provocó la destrucción del vehículo utilizado en el atentado y diversas lesiones a catorce personas que transitaban a esa hora por la zona, así como numerosos desperfectos en gran cantidad de inmuebles y locales colindantes. El fiscal pide por el delito de estragos terroristas la pena de 20 años de prisión, 3 años por el robo con finalidad terrorista, 20 años por cada delito de atentado terrorista contra persona con lesiones graves, 15 años por cada atentado contra persona por causarles otras lesiones y 3 años por falsificación de documento oficial.
Así como la pena de inhabilitación absoluta durante veinte años más que la duración de las penas de prisión que se le impongan. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a las 18 personas que resultaron heridas de diversa consideración y a las entidades afectadas por el atentado con importes que oscilan entre 100 y 485.987 euros.
