Islas Baleares| VOX recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación por «privar» el castellano/español de su «condición de lengua vehicular y aprendizaje» e imponer el «adoctrinamiento ideológico del catalán»

.Marta Castro Fuentes, Vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, considera que la Ley de Educación de Baleares atenta, al menos, contra tres derechos fundamentales: el de utilización y conocimiento de la lengua española, el de libertad ideológica y el que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos

FOTOGRAFÍA. PALMA (ESPAÑA), 17.01.2022. El presidente de VOX en las islas Baleares, Jorge Campos Asensi. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), viernes 1 de julio de 2022. Los 52 diputados de VOX en el Congreso de los Diputados han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 1/2022, de Educación de las Islas Baleares, ya que se considera que «pone en riesgo el sistema educativo por no proporcionar una enseñanza de calidad que evite las desigualdades, respete los derechos fundamentales y garantice la inclusión educativa de todo el alumnado».

El partido presidido por Santiago Abascal Conde ha solicitado al TC que declare la «inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos» relacionados con esta ley porque, según ha explicado la vicesecretaria nacional Jurídica de VOX, Marta Castro Fuentes, la Comunidad autónoma de las Islas Baleares «aprovecha la imprecisión de los contornos del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano -con grave infracción de la Constitución Española (CE)- de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Llamada a la resistencia

Francisco Javier Ortega Smith Molina, secretario general de VOX, ha pedido a los miembros del Tribunal Constitucional que «resistan ante las maniobras de este Gobierno» de coalición socialcomunista del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, «una vez más, de torcer la ley» y los ha animado a que «sean valientes como lo fueron cuando declararon inconstitucionales los estados de alarma».

Por su parte, José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados ha explicado que «gracias al voto otorgado por los españoles» a esta formación política que le han dado más de cincuenta diputados, se han podido interponer, con éste, «37 recursos ante el Tribunal Constitucional en defensa de la Constitución Española».

Marta Castro Fuentes, Vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, considera que la Ley de Educación de Baleares atenta, al menos, contra tres derechos fundamentales: el de utilización y conocimiento de la lengua española, el de libertad ideológica y el que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos.

Finalmente, Jorge Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares, considera que la «inmersión lingüística lleva imponiéndose» en esa comunidad autónoma «desde 1997» cuando se aprobó la denominada «Ley de Mínimos».

DERECHOS DE LOS PADRES

Además, el dirigente regional de VOX ha reafirmado el «compromiso» de los verdes de «combatir el adoctrinamiento ideológico» que, en esa comunidad autónoma, tiene como una de sus «bases la imposición del catalán».

También, VOX se ha referido a los artículos que vulneran el contenido primario de libertad de la enseñanza (artículo 27.2 CE) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación.

En este sentido, los 52 diputados de VOX han hecho alusión a aquellos padres, cuyos hijos necesitan un apoyo educativo específico, para explicar que aun «viendo a sus hijos bien cuidados en centros concertados especializados, se han tenido que enfrentar a la obligación legal de integrarlos en centros ordinarios de titularidad pública».

Además, según lo establecido en el art. 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se incluye -ha recordado VOX-, como derecho primario de la Unión, «el derecho de los padres a asegurar esta educación -educación especial- y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».

Por otro lado, VOX denuncia la «prohibición» de la educación diferenciada, por excluirla de la financiación pública. Y recuerda que la Ley 1/2022 vulnera la doctrina constitucional que recoge la STC 74/2018, donde se incide en que «el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria».

De esta manera, en su escrito, la formación política ha indicado que las SSTC 31/2018 y 74/2018 dictaminan que los programas de educación diferenciada que estén bien diseñados, además de «mejorar los resultados académicos, permiten a las mujeres afrontar y superar los clásicos estereotipos».

PERSECUCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Los 52 diputados de VOX también se han referido al recurso de inconstitucionalidad RI nº 1760/2021 que la formación ya presentó contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LO 3/2020).

Del mismo modo, en el escrito han recordado que dicha Ley «persigue que el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios y tiendan a desaparecer los centros de educación especial, incurriendo por tanto en una clara vulneración del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y del derecho de los progenitores a que sus hijos reciban una determinada educación».

Finalmente, VOX también ha resaltado que la ideología de género y la educación afectivo-sexual que se incorporan en La Ley Balear 1/2022, «no suponen la transmisión de conocimientos desde la neutralidad exigible a la Comunidad Autónoma» sino «la toma de una postura ideológica sobre la cual va a ser evaluado el alumno».

«Evaluación», ha advertido VOX en el Congreso, que “se basa en el grado de adhesión moral/ideología que la Administración imponga a estas cuestiones».

En definitiva, la mencionada Ley «no respeta los derechos fundamentales de los alumnos», ha criticado la formación, tras aludir al art. 16.2 CE, para recordar que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias».

Por todo ello, VOX solicita que se dicte Sentencia para declarar la inconstitucionalidad en varios artículos que recoge la Ley 1/2022 y que suponen un riesgo para la igualdad de oportunidades, inclusión educativa y vulneración de derechos fundamentales en el marco de la enseñanza pública de Baleares.

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