Redacción.- Madrid (España), viernes 18 de febrero de 2022. La Asociación Profesional de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato sindicato Justicia Policial (JUPOL) lamentan la Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento Vasco que bajo el título de «A fin de rechazar la campaña contra las víctimas de España llevada a cabo por guardias civiles y policías españoles» ha planteado el grupo EH-Bildu y que, tras una enmienda transaccional, ha sido apoyada en la asamblea por los grupos parlamentarios de Podemos, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).
«Es una muestra más de la situación de desamparo en la que, todavía hoy, trabajan los compañeros en el País Vasco y de la discriminación y segregación que a diario viven tanto miles de ellos como sus familias en este territorio», ha declarado tras conocer el resultado de la votación el portavoz de JUCIL, Agustín Leal.
«Resulta cuando menos curioso que a presentar solicitudes para ser reconocidos como lo que fueron y lo que son, víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política, ejercer su derecho se considere como una campaña de negacionismo, como desprestigio e incluso como un ataque ilegítimo contra el que es preciso defenderse», ha añadido Agustín Leal.
Desamparados
«Todavía hay quien a estas alturas entiende la iniciativa de que todas las víctimas de la violencia política en el País Vasco tengan un reconocimiento como ‘una interpretación maliciosa’ de la ley. Interpretación que sólo está en su mente. La iniciativa de guardias civiles y de policías responde a una interpretación jurídica que les ampara. Los grupos que han votado esta norma quieren que estas víctimas permanezcan segregadas, y lo que es peor, desamparadas», ha añadido el portavoz de JUCIL.
«Lo aprobado por el Parlamento Vasco ahonda en el sufrimiento de los 460 agentes y exagentes que esperaban acogerse a la Ley de Víctimas de Vulneraciones de Derechos por la violencia política en el País Vasco ya que la PNL califica su iniciativa como ‘intento de desfigurar o de desprestigiar’ una ley que se desprestigiará ella misma si sólo sirve para diferenciar a unas víctimas por encima de otras, como parece deducirse por parte de los firmantes de este acuerdo», ha argumentado Agustín Leal.
Ha agradecido el portavoz del Grupo Parlamentario PP+Cs en la Asamblea Vasca, Carmelo Barrio, su defensa de la iniciativa a la que se han acogido miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familiares. «Ha defendido lo que hacemos desde nuestras asociaciones, entender que la interpretación jurídica de la ley permite que estas personas sean reconocidas como víctimas de la violencia política que se vivió durante décadas en el País Vasco», ha dicho.
Profundo descontento
Por su parte, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez ha manifestado el «profundo descontento» de este sindicato por la falta de reconocimiento a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta Ley y solicita «una rectificación por parte del Parlamento Vasco, para que se proporcione una igualdad real ante la Ley a todos los ciudadanos, incluyendo dentro de esta a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, principales damnificados por la actividad terrorista de ETA, y dando así un verdadero sentido de universalidad a la norma».
La verdadera cara de la violencia en el País Vasco
Frente a quienes consideran y han calificado la actitud de estas víctimas como un sabotaje organizado a la ley hay que señalar que ha sido el propio Gobierno Vasco, a través del informe elaborado por la Universidad de Deusto el que documenta cómo entre los años 1960 y 2011, ETA asesinó en el País Vasco a 357 guardias civiles y policías.
Así lo revela el estudio, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe que concluye que su situación fue «intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social».
Las cifras de muerte y de sufrimiento resultan escalofriantes. Concretamente murieron 207 (58%) guardias civiles o ex guardias civiles, y 150 (42%) policías nacionales.
En el caso de los guardias civiles y debido a los reiterados ataques a las casas cuartel, murieron además 17 personas de sus familias en diferentes atentados, dos eran adolescentes y otros 11 más niños y niñas.
Y también hubo multitud de heridos, 711, el 43% de ellas, con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total. «Discriminar y segregar a estas víctimas en una norma que pretende la reparación de todos aquellos que vieron sus derechos vulnerados en aquellos años supondría una injusticia más», ha recordado Agustín Leal.
Sobre JUPOL
JUPOL es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional al conseguir en las últimas elecciones sindicales 8 de los 14 vocales.
La organización sindical surgida desde la plataforma JUSAPOL pide una equiparación salarial real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías autonómicas de España.
JUPOL se ha posicionado como un sindicato, con una destacada vocación reivindicativa de los derechos de los policías y que ampara de manera decidida los intereses de los agentes habiendo logrado numerosos logros en la mejora de las condiciones laborales y de derechos de la Policía Nacional.
Sobre JUCIL
La Asociación de Profesionales de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (JUCIL) se creó en el 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita ante las instituciones. La entidad a entrada recientemente en el Consejo de la Guardia Civil.
Esta representación oficial surgió inicialmente a través de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España, que demanda la equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas.
Actualmente JUCIL cuenta con más de 13.00 afiliados y representantes en todo el territorio nacional.
