Juicio al Procés| La Mesa del 1-O insiste en que se limitó a cumplir el reglamento del Parlamento de Cataluña

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 14.03.2023. Juicio a la Mesa del 1-O golpista del 2017. Los miembros golpistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña dicen que cumpliron con el reglamento desobedeciendo la sentencia del Tribunal Constitucional. Vídeo Efe. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Efe.- Barcelona (España), martes 14 de marzo de 2023. Los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que admitieron a trámite las leyes de desconexión de la independencia catalana han insistido en la repetición del juicio que se limitaron a cumplir el reglamento de la cámara, por lo que no entraron a analizar el fondo de dichas leyes.

VÍDEO. 14.03.2023.

Los exdiputados y exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó han declarado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la primera sesión del juicio por su actuación parlamentaria respecto a las leyes de desconexión de 2017, un juicio que se repite después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el juicio que se celebró contra ellos por los mismos hecho en julio de 2020.

NO PODEMOS SER CENSORES NI CATEDRÁTICOS DE DERECHO

Los cuatro exmiembros de la Mesa han empleado en este juicio la misma estrategia que utilizaron en 2020: argumentar que su tarea, cumpliendo el reglamento del Parlament, se limitó a hacer un control formal a las proposiciones de ley y resoluciones que los partidos soberanistas aprobaron en 2016 y 2017.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox les acusa, como ya hizo en 2020, de un delito de desobediencia al entender que desobedecieron los requerimientos del Tribunal Constitucional, que les había advertido que debían «impedir cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ejecutar la independencia de Cataluña».

Ante tal argumento, los cuatro acusados han insistido en que la tarea de los miembros de la mesa ante las iniciativas parlamentarias recibidas es decidir su admisión a trámite examinando si estas cumplen los requisitos formales que exige el reglamento del Parlament y no el fondo material de la iniciativa.

Así lo hicieron cuando dieron luz verde a que el Parlament votara, en octubre de 2016, una resolución que recogía las conclusiones del debate de orientación política y que afirmaba que Cataluña debía avanzar hacia la independencia.

«Lo hicimos así porque como Mesa no podemos ser censores del contenido de las iniciativas parlamentarias», ha afirmado Ramona Barrufet que, igual que el resto de acusados, sólo ha respondido a las preguntas de su defensa.

LAS DECISIONES LAS TOMÓ EL PLENO

Sobre la admisión a trámite de la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, el 6 y 7 de setiembre, los acusados han sostenido que no fueron ellos quienes las admitieron a trámite sino el propio pleno.

Ambas leyes se registraron en el Parlament como proposiciones de ley los mismos días 6 y 7, cuando el pleno ya había empezado, y fueron los grupos de Junts pel Sí y la CUP quienes, durante el pleno, pidieron a la mesa que las incorporara al orden de aquel mismo día para su debate y votación.

«En medio de un pleno, la mesa no puede decidir una admisión a trámite e inclusión en el orden del día, tiene que hacerlo el propio pleno. Por eso la presidenta Forcadell lo sometió a votación del pleno y este aprobó que se incluyera y que se tramitara por vía de urgencia. Nosotros permitimos esta tramitación porque el reglamento lo contempla», ha explicado Anna Simó.

Respecto a la admisión a trámite de la resolución que declaraba la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, el acusado y actual alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha precisado que la admitieron a trámite «como una declaración política sin vinculación jurídica ni efectos para terceros».

«NO PODEMOS SER CATEDRÁTICOS DE DERECHO»

Lluís Corominas ha añadido por su parte que los requerimientos del Tribunal Constitucional eran «vagos», «no concretaban lo que debían hacer» y «estaban dirigidos a todos los diputados».

Guinó ha argumentado que inadmitir una iniciativa parlamentaria hubiera supuesto «limitar la libertad de los grupos parlamentarios y sustraer al Tribunal Constitucional su tarea de control de legalidad ‘ex post’ de las leyes aprobadas».

Además, Guinó ha insistido en que pedir a la Mesa que analice si una iniciativa parlamentaria vulnera un precepto legal implicaría exigir a sus miembros conocimiento jurídicos: «Eso es problemático. En ningún sitio dice que haya que ser catedrático de derecho para ser miembro de la Mesa».