Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Juicio del golpismo en Cataluña empezará la primera semana del mes de febrero de 2019, con el papel determinante del partido político VOX, que ejerce de Acusación Popular en representación del Pueblo Español; la Fiscalía General del Estado, el Misterio Público español coincide con VOX sobre el delito de Rebelón en el Procés; y los abogados del Gobierno de España del presidente Pedro Sánchez (Abogacía del Estado). La diferencia entre los tres está en la petición de las penas: los abogados del Gobierno del PSOE del presidente Pedro Sánchez dicen que no ven a ninguna rebelión en ninguna parte por lo tanto, solo solicitan la mitad de la condena que exige la Fiscalia, Ministerio Público española que sí ve la rebelión en todas partes y pide hasta 25 años de prisión para el máximo líder del Procés, Oriol Junqueras. En cuanta a la Acusación Popular (VOX), ha habido tres rebeliones en Cataluña durante el ‘Procés’: el 20 de septiembre de 2017 ante la consejería de Economía y Hacienda del preso Oriol Junqueras Vies (ERC), el 1-O y el 27-O de 2017, por lo que VOX pide hasta 74 años para Junqueras y 52 años para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. Madrid (España), martes 29 de enero de 2019. FOTOGRAFÍA: MADRID (ESPAÑA), 29.01.2019. Combo de fotografía de los presos independentistas. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat; Joaquim Forn, exconsejero de Interior; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Jordi Turull, exconsejero de Presidencia; Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); Carles Mundó, exconsejero de Justicia; Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament; Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo; Santiago Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat; Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Estos son los doce acusados que se sentarán próximamente en el banquillo del Supremo en el juicio del «procés». Efe.
Los acusados: ORIOL JUNQUERAS, CARME FORCADELL, JORDI SÁNCHEZ, JORDI CUIXART, JOAQUIM FORN, JOSEP RULL, RAUL ROMEVA, DOLORS BASSA, SANTIAGO VILA, CARLES MUNDÓ Y MERITXELL BORRÁS.
VOX
En su escrito de acusación en la Causa ‘Procés’, ‘la voz del Pueblo’ (VOX) califica los hechos acaecidos de «ataque subversivo contra el orden constitucional vigente», dirigido por «los ahora procesados», a los que acusan de haber empleado la violencia y utilizado a las «masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español».
VOX acusa a los líderes del ‘Procés’ de delitos de rebelión, organización criminal, sedición y malversación de caudales públicos
La acusación popular que ejercer el partido VOX en el caso del proceso independentista en Cataluña, llamado ‘Caso Procés’, va a pedido en su escrito 74 años de cárcel para el preso exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña y actual presidente de ERC, Oriol Junqueras Vies, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.
Así recoge Efe que precisa que los de Abascal han presentado el escrito «hoy» sábado, 3 de noviembre de 2018, ante el Tribunal Supremo, institución judicial que juzgará a los acusados independentistas en libertad condicional y en prisión preventiva.
72 años de prisión para exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull
Así consta en el escrito de acusación que VOX ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo y en el que pide las mismas penas por los mismos delitos para los exconsejero del Gobierno regional cesado por el Artículo 155: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Unas peticiones que casi triplican las penas que ha solicitado la Fiscalía en el caso de Junqueras y muy superior a los doce años que ha reclamado los abogados del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, la Abogacía General del Estado.
24 años de prisión y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para Mundó, Vila, Borràs
La Acusación Popular ha rebajado la pena para los exmiembros del primer Gobierno del huido Carles Puigdemont. Pero, la ‘voz del pueblo’ (Acusación Popular) ve su responsabilidad en la causa que siguió después de su marcha del Gobierno catalán.
Además, para los exconsejeros Meritxell Borràs Solé, Carles Mundó Blanch, y Santiago Vila Vicente, VOX solicita, para cada uno de ellos, 24 años de prisión y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.
VOX cree que el referéndum ilegal no autorizado del 1-O y parte del Procés han costado 4.279.985,03 euros, y que los exconsejeros y Junqueras deben devolver este dinero
Para el exvicepresidente y los exconsejeros solicitan además que sean condenados al pago de 4.279.985,03 euros, correspondientes a la suma malversada a cargo de «los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del Gobierno» catalán.
52 años de prisión para los «Jordis» y Carme Forcadell
VOX pide asimismo que los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean condenados a 52 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal.
La misma pena y por los mismos delitos piden para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell Lluís, y además, solicitan que se la condene al pago de una multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, por un delito continuado de desobediencia, al considerar que tuvo «una participación medular, desde los primeros momentos del proceso de independencia».
12 años de cárcel y 108.000 euros de multa e inhabilitación para empleo o cargo público a independentistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña
Para los cinco miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que tramitaron las denominadas «leyes de desconexión» -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, piden 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años, al estimarles autores, a cada uno de ellos, de un delito de organización criminal, y otro continuado de desobediencia.
En su escrito, VOX basa estas acusaciones en que los políticos en prisión promovieron una consulta popular «vinculante» que suponía «un claro intento de subvertir el orden constitucional», a fin de «desintegrar la unidad territorial del Estado».
«Ataque subversivo contra el orden constitucional vigente», dirigido por «los ahora procesados»
Califican los hechos acaecidos de «ataque subversivo contra el orden constitucional vigente», dirigido por «los ahora procesados», a los que acusan de haber empleado la violencia y utilizado a las «masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español».
El partido presidido por Santiago Abascal califica el «referéndum ilegal» del 1-O de «estrategia golpista para continuar manteniendo una falsa esperanza de independencia entre aquellos ciudadanos que luego emplearán la violencia para intentar culminar el proceso», utilizando para ello, un «mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental».
A los sediciosos independentistas en prisión les culpan de «lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español», saltándose a los tribunales y a la Constitución.
VOX acusa a los ‘Jordis’ de ANC y Ómnium de «favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable»
Respecto a la implicación de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural de los ‘Jordis’ en estos hechos, les acusan de «favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable», promoviendo para eso «una intensa y violenta movilización ciudadana».
De estos hechos responsabilizan directamente a los expresidentes de ambas organizaciones, los ‘Jordis’: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y acusan a ambos de llevar años «alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana».
Fiscalía y Abogacía
Nueve exconsellers, una expresidenta del Parlamento de Cataluña y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos en auténtico símbolo del independentismo se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados del Supremo en el juicio del «procés», acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión.
Estos son los doce acusados, las penas que solicitan para cada uno la Fiscalía y la Abogacía del Estado y el papel que les atribuyen las acusaciones:
1.- ORIOL JUNQUERAS
Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación
Exvicepresidente y responsable de Economía y Hacienda, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.
En ausencia de Carles Puigdemont, es la cabeza visible del Gobierno separatista que impulsó el referéndum ilegal no autorizado y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Considerado como el principal promotor del «procés» dentro del Gobierno autonómico, Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep María Jové) y, según las acusaciones, decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mozos.
A propuesta de su departamento (bajo el que se ocultaron gastos del referéndum) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O.
Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Cataluña para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda.
2.- CARME FORCADELL
Fiscalía: 17 años por rebelión.
Abogacía: 10 años por sedición.
Primero presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y después del Parlament, lleva en prisión desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza.
Como principal representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones también le adjudican el título de «promotora».
Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que, durante los turbulentos 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión del Estado.
También permitió la votación -con el rechazo frontal de la oposición- de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la nueva república.
3 y 4.- JORDI SÁNCHEZ Y JORDI CUIXART
Fiscalía: 17 años por rebelión
Abogacía: 8 años por sedición
«Los Jordis» son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017.
También se les considera «promotores», en su caso como responsables de la vertiente social del «procés» en su condición de líderes de ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones soberanistas que jugaron un «papel crucial» como instrumento de presión al Estado.
Se encargaron, según las acusaciones, de mantener viva «la estrategia de movilización creciente y permanente» y su actuación fue esencial en el acoso a la Consejeria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se impidió la actuación de la comisión judicial que estaba registrando el edificio.
Una actuación dirigida y consentida por «Los Jordis», acusados también de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial.
En el caso de Sánchez, resultó elegido diputado por JxCAT en diciembre de 2017 y llegó a aspirar a la Presidencia de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament al estar encarcelado. Renunció el 21 de marzo.
5.- JOAQUIM FORN
Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Exconsejero de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mozos de Escuadra. Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017.
Como el exvicepresident, dio orden a los Mozos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación, a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir en masa a votar.
6.- JORDI TURULL
Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Encarcelado también ese 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión en marzo de 2018.
Era el responsable de la Consejeria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos.
Autorizó, junto con otros exconsejeros, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), esencial en la logística del 1-O y en el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum.
Tras las renuncias de Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado.
7.- JOSEP RULL
Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel.
Además de alentar a los ciudadanos a votar el 1-O pese a ser consciente de que era una convocatoria ilegal y de que había riesgos en la seguridad, prohibió «arbitrariamente» en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Gerona).
8.- RAUL ROMEVA
Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 y medio por sedición y malversación.
Fue exconseller de Relaciones Institucionales y Exteriores y se encuentra en la misma situación procesal que Rull y Turull.
Era el encargado de la estrategia exterior del Gobierno separatista para legitimar internacionalmente el «procés». Dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una «suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» que, según la Fiscalía, actuaba como «lobby» para difundir el «procés» en el exterior.
Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un 107%.
9.- DOLORS BASSA
Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
También encarcelada desde marzo (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo la que se ocultaron gastos del 1-O.
Retiró a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación.
10, 11 y 12.- SANTIAGO VILA, CARLES MUNDÓ Y MERITXELL BORRÁS.
Fiscalía y Abogacía: Siete años para cada uno por desobediencia y malversación.
Como el resto de miembros del Gobierno independnetista, adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para ello de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones.
Son los únicos que están en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza, mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de 2017.
