Ley de VOX para cerrar embajadas separatistas del Majestic (PP)

Con el pacto del Majestic (firmado entre José María Aznar López (Partido Popular, PP) y Jordi Pujol Soley (Convergència i Unió, CiU, -Junts per Catalunya (JxCat)- en 1996) se sentaron las bases para seguir avanzando en la apertura de más "embajadas" en el extranjero, que se incorporarían en las posteriores modificaciones de los diferentes Estatutos de Autonomía. En particular, destaca la ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que introduce la facultad de la Generalidad para establecer oficinas en el exterior dirigidas a promover la proyección de la región y sus intereses (artículos 193 y 194). El resultado fue la creación de las delegaciones del Gobierno de Cataluña en Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido en el año 2008.

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FOTOGRAFÍA. MÉXICO, 27.11.2021. Proposición de Ley de VOX para cerrar embajadas separatistas del Majestic (PP). Vista de una embajada de la República Catalana en México, las llamadas «Delegaciones de la Generalidad de Cataluña», que el separatismo crea fuera de las fronteras del Reino de España y en el territorio nacional en marco de su plan llamado «Acción Exterior», para la promoción del Proceso separatista (Procés), que no es nada más que el odio a España y a lo español. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)
FOTOGRAFÍA. MÉXICO, 27.11.2021. Proposición de Ley de VOX para cerrar embajadas separatistas del Majestic (PP). Vista de una embajada de la República Catalana en México, las llamadas «Delegaciones de la Generalidad de Cataluña», que el separatismo crea fuera de las fronteras del Reino de España y en el territorio nacional en marco de su plan llamado «Acción Exterior», para la promoción del Proceso separatista (Procés), que no es nada más que el odio a España y a lo español. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Madrid (Reino de España), viernes 26 de abril de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- La Proposición de Ley de VOX para cerrar embajadas separatistas del Majestic (PP), Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley para modificar la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado para la eliminación de las oficinas regionales en el exterior.

La capacidad de un Estado para proyectarse de manera efectiva en el escenario internacional y para salvaguardar sus intereses en el extranjero es un indicador crucial de su influencia y relevancia en el panorama mundial. En la Constitución se deja claro en su artículo 149.1.3º una reserva estatal competencial exclusiva en materia de relaciones internacionales y el artículo 148 no hace mención alguna a la participación de estas últimas en la actividad exterior del Estado.

En las últimas décadas se ha ido dotando a las regiones de ciertas competencias en la acción exterior que se ha utilizado por algunos gobiernos regionales para tratar de ganar apoyos internacionales para sus actividades separatistas y atentar contra la unidad nacional, debilitando de este modo la capacidad de España para actuar de manera coherente y eficaz ante la comunidad internacional.

En 1986, pocos meses después de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, muchas administraciones regionales, por la vía de los hechos consumados, abrieron oficinas de representación regional en Bruselas.

Particularmente, cabe destacar la apertura de la llamada oficina vasca, adscrita al Departamento de la Presidencia del ejecutivo vasco, ante cuya creación se planteó un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de España.

En la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se especifica que «no cabe una exposición exhaustiva de cuáles sean esas actividades, por cuanto que lo decisivo para su inclusión en la competencia autonómica será, junto a la efectiva existencia de la atribución competencial estatutaria, que, por una parte, no incidan en la reserva estatal arriba expuesta, y por otra, que no la perturben o condicionen».

El Constitucional remarcó que correspondía de manera exclusiva al Estado establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas.

Con el pacto del Majestic (firmado entre José María Aznar López (Partido Popular, PP) y Jordi Pujol Soley (Convergència i Unió, CiU, -Junts per Catalunya (JxCat)- en 1996) se sentaron las bases para seguir avanzando en la apertura de más «embajadas» en el extranjero, que se incorporarían en las posteriores modificaciones de los diferentes Estatutos de Autonomía. En particular, destaca la ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que introduce la facultad de la Generalidad para establecer oficinas en el exterior dirigidas a promover la proyección de la región y sus intereses (artículos 193 y 194). El resultado fue la creación de las delegaciones del Gobierno de Cataluña en Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido en el año 2008.

La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado explica que las Comunidades y Ciudades Autónomas deben comunicar al Gobierno la creación de las oficinas con carácter previo a su apertura, tras lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación emitirá un informe. No obstante, para realizar esta comunicación preceptiva no se establece plazo alguno, y al referido informe no se le otorga carácter vinculante.

Lo anteriormente mencionado supone en la práctica la creación de un marco favorable que ha llevado a la aprobación de la ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, a través de la cual la referida región ordenaba su actividad internacional conforme a su propia ley, algo que fue declarado inconstitucional por el TC. Pese a todo, se abrieron nuevas delegaciones exteriores de Cataluña.

Posteriormente, el gobierno regional catalán aprobó el ‘Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022’. Entre sus principales ejes de actuación, el referido plan reconoce la necesidad de consolidar la estructura de gobierno regional en la acción exterior, y posicionar a Cataluña como un actor con reconocimiento en el mundo.

Ante este documento también se planteó por el Gobierno de España un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Por todo ello, el GP VOX solicita que «las competencias atribuidas por las distintas leyes y reconocidas en los Estatutos de Autonomía no pueden de manera alguna conculcar el texto normativo que fundamenta esas normas, esto es, la Constitución».

Además, se explica que las autoridades regionales como la Generalidad de Cataluña han actuado reiteradamente en contra del principio de unidad de acción en el exterior y han porfiado en una constante deslealtad institucional, haciendo necesaria la interposición continuada de impugnaciones, recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia que trataban de poner freno a la violación de lo establecido en la CE y las leyes.

Asimismo, VOX advierte de la necesidad de llevar a cabo una reforma urgente de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado que impida que las actuaciones de las regiones conculquen los artículos 97 y 149.1.3ª de la CE y asegure el escrupuloso respeto de los gobiernos regionales a los principios contenidos en el artículo 3 de la referida ley.

Concretamente, se plantea modificar el artículo 11 de la citada ley, al objeto de evitar que las comunidades autónomas por sí mismas puedan establecer planes de proyección exterior para el seguimiento de las entidades locales e impedir que puedan celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional, así como de evitar la celebración de acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional.

De igual modo, VOX plantea modificar el nuevo artículo 12, que evitará la creación de oficinas de las administraciones regionales en el exterior, para que toda acción internacional sea articulada y se desarrolle a través de la estructura del Estado creada al efecto.

Finalmente, mediante la modificación de la disposición adicional novena, se pretende que se centren los esfuerzos de todas las administraciones públicas en la promoción de la lengua española en el exterior, como lengua oficial del Estado.