Efe – El recurso recrimina además que la «neutralidad» del juez «brilla por su ausencia, ya que el procedimiento se ha desarrollado con un «claro sesgo en favor de las acusaciones», orientado a la «confirmación de tesis de culpabilidad preconcebidas», hasta culminar con la «discriminación inmerecida» que supone que Junqueras y Romeva estén en prisión y se les impida ejercer sus derechos políticos. Madrid (España), miércoles 28 de marzo de 2018. Fotografía: El político preso golpista separatista Oriol Junqueras. Archivo ACN.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras denuncia en el recurso a su procesamiento por rebelión que sufre un «calvario inmerecido» por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo, pese a la «evidente falta de violencia».
Así lo sostiene Junqueras en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Efe, que ha interpuesto junto al exconseller Raül Romeva al auto que Llarena dictó el pasado viernes para procesarles por los delitos de rebelión y malversación por el proceso unilateral a la independencia.
El recurso, redactado por el abogado Andreu Van den Eynde, pide el sobreseimiento de Junqueras y Romeva al concluir que han defendido su proyecto político a favor de la independencia «sabiendo que la ciudadanía no ejercería nunca la violencia porque conocían cómo es y cómo actúa el movimiento independentista catalán, que sólo es calificado de violento en el presente procedimiento penal y, contrariamente, resulta ejemplar en el resto del mundo».
El escrito denuncia que Junqueras y Romeva, encarcelados por orden de Llarena, están sufriendo un «calvario innecesario» ya que están privados de libertad, sin posibilidad de ejercer sus derechos políticos, en el marco de un proceso judicial en el que «se está criminalizando» al independentismo, que es pacífico, legal «e incluso mayoritario».
«La existencia de violencia es una petición de principio inaceptable. Ni se ha producido violencia ni recoge el auto (de procesamiento) una de las características esenciales del movimiento independentista catalán: el férreo control de riesgos de violencia en su desarrollo», sostiene el recurso.
Junqueras y Romeva denuncian las «piruetas argumentativas» en las que creen que incurre Llanera para procesarles por rebelión, en una «interpretación totalmente sesgada» de lo sucedido en el proceso catalán, y advierten de que «criminalizar» el independentismo «es un grave error, tanto político como legal».
El recurso recrimina además que la «neutralidad» del juez «brilla por su ausencia, ya que el procedimiento se ha desarrollado con un «claro sesgo en favor de las acusaciones», orientado a la «confirmación de tesis de culpabilidad preconcebidas», hasta culminar con la «discriminación inmerecida» que supone que Junqueras y Romeva estén en prisión y se les impida ejercer sus derechos políticos.
«El instructor ha repetido en otras resoluciones la misma idea: no existe la posibilidad de defender pacíficamente la independencia de Cataluña. Este posicionamiento no sólo es erróneo, sino que demuestra una valoración política de los hechos al analizar políticamente escenarios de futuro sobre los que se dictan resoluciones», argumenta el recurso.
Según el abogado de Junqueras y Romeva, no existen indicios de criminalidad en contra de los dos antiguos consellers del gobierno del expresidente Carles Puigdemont, ya que no ha habido violencia que ampare el delito de rebelión ni el compromiso de fondos públicos para una finalidad manifiestamente ilegal que permita acusarles de malversación.
El recurso insiste en que el proyecto independentista es «legal y legítimo», ha competido en todas las contiendas electorales recientes y «no tiene por qué someterse a las exigencias de reforma constitucional del propio texto constitucional si discurre pacíficamente, puesto que el escenario de negociación que se buscaba reiteradamente resulta posible y no constituye delito alguno».
«En ausencia de violencia la independencia no es delito, de ahí el empeño por encontrar violencia típica o actuaciones tumultuarias en lo que es un proyecto político legal y ejercido siempre bajo parámetros pacíficos y civilizados», indica.
Por este motivo, argumenta el escrito que los indicios recogidos en el auto de procesamiento son en realidad actuaciones políticas que Llarena «interpreta en clave ilegítima».
«Lo único relevante sería encontrar actuaciones de alzamiento tumultuario o violento pero, por más empeño que pongan las acusaciones en intentar construir los elementos de los tipos de rebelión o sedición, no podrán demostrarlo puesto que el ‘proceso catalán’ es, por definición, un proceso pacífico», insiste.
Sobre el asedio a la comitiva judicial que el 20S registró la consellería de Economía, el recurso alega que no se produjo ninguna «incendiaria convocatoria», sino una protesta legal, mientras que sobre la jornada del referéndum del 1-O apunta que los ciudadanos defendieron las urnas «sin violencia», ante la «barbaridad de la actuación policial, cuya desproporción es evidente y así se reconoce en todo el mundo».
«Nunca los procesados actuaron con violencia, ni la impulsaron ni la toleraron. Las movilizaciones ciudadanas han sido siempre pacíficas, anulando y aislando cualquier incidente puntual que se hubiera producido», remarca el escrito.
