Redacción – La Audiencia nacional ha acordado esta noche admitir a trámite el recurso de la tercera fuerza política en España, que preside Santiago Abascal Conde (VOX), contra las restricciones de libertades fundamentales de los vecinos de la capital de España, Madrid, y los de varios municipio de la Comunidad de Madrid, al menos 5.000.000 de personas, dictadas por el «Gobierno totalitario» -denunció VOX- de coalición de ultraizquierda del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos), con el objetivo -según el Ministerio de Sanidad de salvador Illa roca (PSC-PSOE)- de frenar los contagios masivos del covid 19 en la Comunidad de Madrid. Madrid (España), martes 6 de octubre de 2020.
Así han confirmado esta noche a Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo) fuentes nacionales de VOX.
Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso al documento de la admisión a trámite del recurso del partido político verde.
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La formación verde de Abascal ha presentado hasta tres recursos ante el TSJM y la Audiencia Nacional solicitando «medidas cautelarísimas» que anulen las medidas que causan un «perjuicio irreparable a 5 millones de personas»
Las restricciones impuestas por el Gobierno totalitario de Sánchez no solo vulneran derechos fundamentales de los madrileños, sino que tendrán un impacto económico destructivo sin resultar efectivas en términos sanitarios. Por ello, VOX continúa dando la batalla judicial en defensa de los ciudadanos y ha presentado hasta tres recursos para que la Orden del Ministerio de Sanidad -recogida, a su vez, en otra Orden de la Comunidad de Madrid- sea declarada nula.
Tras el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando «medidas cautelarísimas» que anulen la vía de hecho de la Comunidad de Madrid, VOX presentó otra petición de «medidas cautelarísimas» ante la Audiencia Nacional solicitando que «quede suspendida la eficacia de la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020», así como otra similar ante el TSJM para que anule la correspondiente Orden de la Consejería de Sanidad que recoge la del Ministerio.
Se trata de una Orden «objeto de crítica científica por su incoherencia e inefectividad”, que carece de fundamento ya que ni ha sido adoptada por consenso ni se basa «en estudio científico alguno». No obstante, sí supone una «irreversible violación de derechos fundamentales, así como perjuicios graves e irreparables en su situación económica, laboral social y, por ende, en su vida», reza el escrito.
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