Efe – Dolores Delgado, la exministra del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que tomó posesión del cargo de Fiscal General del Estado en una ceremonia breve en la que estuvo apadrinada por el magistrado del Constitucional y ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, ha amenazado este viernes, mediante un documento, que llevará ante los tribunales a los españoles críticos al régimen socialcomunistas del presidente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias (Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida) -Unidas Podemos-. Dolores Delgado, que no se ha asomado directamente sino que ha delegado a la Secretaría Técnica del Ministerio Público español (Fiscalía General del Estado), advierte de que se querellará contra los españoles y pedirá hasta «5 años de prisión» por los delitos de odio, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública o contra los consumidores. Barcelona (España), sábado 18 de abril de 2020.
Este escrito de la ex alto cargo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega dos días después, el jueves 16 de abril de 2020, de que el PSOE haya presentado una denuncia ante la Fiscalía de Dolores Salgado contra la tercera fuerza política en España, VOX que preside Santiago Abascal Conde, por opinar y criticar la gestión del régimen socialcomunista de PSOE, Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos) ante la crisis sanitaria del COVID 19 en España.
Además, el escrito de la Fiscal General del PSOE es una amenaza directa a la Libertad de Expresión de varios millones de españoles quienes se expresan a través de las redes sociales y la red Whatsapp, redes todas controladas, desde el pasado 11 de abril de 2020 por la nueva dictadura socialcomunista que se ha instado en nuestro país, bajo la escusa de estado de alarma por COVID 19.
De hecho, en la actualidad, varios vídeos, fotografías, audios, mensajes textos, etc. -con hechos probados y reales sobre el régimen del PSOE, Podemos e Izquierda Unida- están censurados en Whatsapp y desaparecidos en Twitter y Facebook. Varios millones de españoles, indignados antes los engaños, las noticias falsas o bulos del PSOE, Podemos e IU —difundidos por el Gobierno y sus partidos desde febrero de 2020 para movilizar a la gente para su manifestación del 8M de 2020 hasta el 9 de marzo de 2020— han rechazado seguir mirando y creyendo en las televisiones voceras del régimen socialcomunista y se han refugiado en las redes sociales: Telegram, Twitter y Facebook, y la red Whatsapp para seguir disfrutando de su libertad. También, varios periodistas críticos al régimen están perseguidos y amenazados, medios de comunicación críticos al régimen están vetados,
EL PSOE Y UNIDAS PODMEOS AMENZAN CON PRISIÓN Y MULTAS
Para la Fiscalía, según recoge en el escrito, «las noticias falsas inundan actualmente las páginas de Internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos» en provecho de la situación de vulnerabilidad.
La difusión de bulos en las redes sociales puede acarrear hasta cinco años de prisión, según la Fiscalía General del Estado, que ha salido este viernes al paso de las noticias falsas para anunciar que estudia los tipos penales donde encajar tales delitos.
Un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía señala que la crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado el «caldo de cultivo» para los ataques con noticias falsas, que responden a delitos de odio, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública o contra los consumidores.
Este criterio sugiere que publicar o retuitear entre usuarios en Twitter mensajes cuyo contenido relacione «falsamente hechos delictivos a un determinado colectivo social» será perseguido como un delito de odio, un criterio que pone como ejemplo las querellas presentadas por la Fiscalía de Barcelona sobre los menores extranjeros no acompañados.
«Del contenido de los tuits puede inferirse la voluntad de sus autores de menoscabar la dignidad y generar el descrédito de determinados colectivos», indica el Ministerio Público, lo cual acarrea penas de seis meses a dos años de cárcel y multa de seis a doce meses.
El Código Penal sería de igual modo aplicable, plantea la Fiscalía, si la información falsa incluyera datos personales auténticos, un caso que puede dar lugar a un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con pena de dos a cinco años de cárcel.
Los bulos contra una persona individual «en casos de muy extrema gravedad» podrían suponer un delito contra la integridad moral, de seis meses a dos años de condena en prisión.
El informe advierte de que la simulación de alarmas, atentados terroristas o catástrofes que hacen la activación de los servicios de emergencia podrían ser constitutivos de desórdenes públicos, con penas de tres meses a un año de cárcel o multas de tres a dos años y medio.
Asimismo, la Secretaría Técnica propone para el delito de injurias con publicidad la pena de multa de seis a catorce meses, o de tres a sietes meses en otros casos, en tanto que para el delito de calumnias sería de seis meses a dos años de cárcel o multa de uno a dos años.
En el documento la Fiscalía asegura que en diferentes ocasiones se difunden informaciones acerca de métodos curativos sin validación médica, como tratamientos para curar el cáncer o la impotencia masculina, que pudieran integrar delitos contra la salud pública, estafa o intrusismo, con penas de seis meses a tres años de prisión o multas de seis meses a dos años.
«La acción de estos tipos incluye verbos como «fabricar», «importar», «exportar», «suministrar», «intermediar», «comercializar», de modo que no resulta fácil obtener condenas para quienes simplemente los dan a conocer atribuyéndoles falsas propiedades», explica.
Durante la crisis del coronavirus, la Fiscalía ha detectado «estafas consistentes en captar dinero para curar la enfermedad por coronavirus o el establecimiento de enlaces con falsos diagnósticos por coronavirus para conseguir datos personales».
Unas conductas que con el Código Penal en la mano afectarían a los delitos contra el mercado y los consumidores, con penas similares.
Para la Fiscalía, según recoge en el escrito, «las noticias falsas inundan actualmente las páginas de Internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos» en provecho de la situación de vulnerabilidad.
