Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), miércoles 28 de julio de 2021. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la concesión por parte del Instituto Catalá de Finanzas (ICF) de dinero público, a través del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT), a una treintena de ex altos cargos de los Gobiernos del Procés de la Generalidad de Cataluña (desde 2011 hasta 2017) a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5.422.411,10 euros por la promoción exterior del proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto del Reino de España, conocido como el «Procés»; entre los encausados los expresidentes de la Generalidad de Cataluña: Artur Mas Gavarró y Carles Puigdemont Casamajò; los exvicepresidentes: Oriol Junqueras Vies; los consejeros de Presidencia, Neus Munté y Jordi Turull; los consejeros de Economía y Hacienda: Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras Vies; los consejeros de Exteriores: Raúl Romeva Rueda; y los dirigentes del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT).
En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir una investigación a raíz de una denuncia de Ciutadans Partit de la Ciutadanía-Ciudadanos (Cs) por un delito de malversación, si bien la remite a la Fiscalía de Barcelona para que practique las actuaciones procedentes para aclarar la intervención de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catalá de Finanzas —organismo de la Generalidad de Cataluña que actúa como banco y cuyo Consejo de Gobierno tiene la misma estructura del Consejo de Administración de los bancos—, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene una denuncia contra el Gobierno de la Generalidad de Cataluña por el mismo tema.
Tanto es así que después de que todos los bancos rechazaran avalar los fondos del FCRCAT, al dudar sobre la legalidad de esta nueva medida del Ejecutivo de coalición nacionalsocialista de ERC y JxCat apoyado en CUP que preside Pere Aragonés García, el Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña optó como plan B recurrir Instituto Catalá de Finanzas, es decir, pagar ahora las fianzas del procés con el dinero público (FCRCAT) pero nunca con intermediario externo (banco). Lo que, aparte de ilegal, constituye un despilfarro ideológico sin ningún control.
En concreto, respecto de los miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra quienes también se dirigía la denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía Superior la archiva porque el TSJC, órgano judicial ante el que deben responder los aforados, ya tiene otra denuncia contra el presidente Pere Aragonès y los consejeros Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos mismos hechos.
