Agencias – El juez Santiago Vidal ha dimitido hoy como senador de ERC tras la tormenta política que ha desatado al afirmar que el Gobierno catalán tiene de forma «ilegal» los datos fiscales de los catalanes, una aseveración que la Fiscalía Superior de Cataluña investiga si es cierta. Barcelona (España), viernes 28 de enero de 2017. Fotografía: El presidente separatista, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras (i), durante la reunión del gobierno catalán, que se celebra un día después de que la fiscalía haya pedido diez años de inhabilitación al expresidente Artur Mas y otros nueve a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por haber organizado desde el gobierno autonómico el golpe separatista del 9N de 2014. Archivo Efe.
Ayer trascendieron, a través de una información de El País, unas declaraciones de Vidal en un acto público del 24 de noviembre en Granollers (Barcelona), en las que aseguró: «En este momento, el gobierno de la Generalidad de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no, porque esto está protegido por la ley de protección de bases de datos del Gobierno español, pero tontos no somos, ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria».
Ayer tanto el Govern como ERC se apresuraron a desautorizar a Vidal -suspendido como juez durante tres años por el Poder Judicial por participar en la redacción de una constitución catalana-, pero los desmentidos apenas han podido contener la tormenta política, que ha llevado a la oposición en Cataluña a solicitar diversas comparecencias de miembros del ejecutivo catalán.
A primera hora de la mañana, la consellera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha vuelto a desmentido «de forma rotunda y categórica» a Vidal, aunque dejaba en manos de ERC las decisiones que hubiera que tomar al respecto.
Después de mantener conversaciones con la dirección de ERC, Vidal ha anunciado a través de un comunicado de los republicanos que deja «voluntariamente» su acta de senador «para no ser ningún obstáculo para el proceso» soberanista.
«He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso separatista, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad», ha afirmado.
Posteriormente, el Gobierno catalán ha anunciado que se pone «a disposición» de la Autoridad Catalana de Protección de Datos para «someterse, a petición propia, a una auditoría de la gestión y uso de los datos de carácter fiscal», y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se ha ofrecido a comparecer con «urgencia» en el Parlament.
Mientras, la Fiscalía Superior de Cataluña abría diligencias para investigar si el Gobierno catalán se apoderó ilícitamente de datos fiscales reservados y elaboró informes sobre la ideología de jueces.
Según ha informado la Fiscalía Superior de Cataluña, las manifestaciones vertidas por Vidal «sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos», entre ellos el «apoderamiento ilícito» de datos reservados o la elaboración de informes sobre la «afinidad ideológica» del colectivo de jueces que ejercen en Cataluña.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado la «enorme gravedad» de las aseveraciones de Vidal y, si bien ha dicho que le «tranquiliza» saber que el Gobierno catalán ha desmentido, ha añadido que es «muy preocupante que en el siglo XXI» se puedan oír «este tipo de cosas», que a su juicio demuestran que el «extremismo no conduce absolutamente a nada».
El coordinador general del PPC, Javier García Albiol, ha dado veracidad a las palabras de Vidal y ha pedido al Gobierno catalán que acuda a los tribunales si defiende que lo dicho por el exjuez es falso.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y de varios consellers y ha instado al Gobierno catalán a «asumir responsabilidades» más allá de la dimisión de Vidal.
El PSC ha registrado en el Parlamento catalán peticiones de comparecencia del dimitido senador y de los consellers Oriol Junqueras (Economía), Raül Romeva (Exteriores), Jordi Jané (Interior), Carles Mundó (Justicia) y Meritxell Borràs (Gobernación), además de plantear una batería de preguntas por escrito.
El portavoz parlamentario de Cataluña Sí Que se Puede, Joan Coscubiela, ha asegurado que las «responsabilidades políticas» no se acaban con Vidal y ha exigido la comparecencia de Junqueras.
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant no ha dado «ninguna credibilidad» a las declaraciones de Vidal, a quien ha acusado de «megalómano» y de hacer «un flaco favor» al proceso separatista, por lo que ha reclamado que se aparte de la vida política y pública.
La entidad Societat Civil Catalana ha advertido de que las declaraciones del ya exsenador de ERC demuestran «de forma notable» que el gobierno catalán está preparando «un golpe de Estado».
