La Fiscalía pide suspender la imputación de periodistas ante célula terrorista del Procés

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 03.09.2019 (FECHA REGISTRO) Y 23.09.2019. (FECHA OPERACIÓN JUDAS). Sumario de la Pieza 2 del caso de la célula terrorista del Procés separatista en Cataluña, cuyos integrantes son miembros de los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR), del folio 37 al folio 110 de los 269 folios. Asimismo, también existe un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), encargado, según fuentes judiciales, de «llevar a cabo las acciones más sensibles, siguiendo la línea estratégica de los CDR, que requieren un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución». Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Efe.- Madrid (España), sábado 23 de noviembre de 2019. El juez Peinado imputó a varios periodistas de la Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE un delito de revelación de secretos por publicar informaciones del sumario de la causa contra varios presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se investiga en la Audiencia Nacional. la fiscalía recurre. Apunta la Fiscalía, la posible vulneración del secreto sumarial de un procedimiento judicial «conduce necesariamente al artículo 466 del Código Penal», en el que pueden incurrir «abogados, procuradores, jueces o miembros de un tribunal, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios o particulares que intervengan en el proceso». Pero, según recalca la Fiscalía, la difusión de actuaciones procesales secretas por parte de los medios de comunicación no puede tener cabida en dicho artículo puesto que «no son parte en el procedimiento judicial».

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión de un juez de imputar a una docena de periodistas por publicar informaciones del sumario de los CDR en la Audiencia Nacional, declarado secreto, al considerar que su actuación está «plenamente» amparada por el derecho a la información.

En su recurso, según un comunicado del ministerio público, la Fiscalía afirma que «la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz e interés público», por lo que no es constitutiva de delito, y pide al juez que suspenda las citaciones de periodistas de la Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE.

A su juicio, no se les puede exigir responsabilidad penal dado que actuaban en «el ejercicio legítimo de su profesión u oficio», sin perjuicio de que si existen indicios de la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia, se les pudiera citar como testigos para «investigar el modo en el que obtuvieron dicha información, lo que podría proporcionar datos para la identificación de los presuntos autores del citado delito».

Además, apunta la Fiscalía, la posible vulneración del secreto sumarial de un procedimiento judicial «conduce necesariamente al artículo 466 del Código Penal», en el que pueden incurrir «abogados, procuradores, jueces o miembros de un tribunal, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios o particulares que intervengan en el proceso».

Pero, según recalca la Fiscalía, la difusión de actuaciones procesales secretas por parte de los medios de comunicación no puede tener cabida en dicho artículo puesto que «no son parte en el procedimiento judicial».

En cualquier caso, sí que advierte que, en función de las denuncias, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos por afectar a la intimidad de las personas investigadas en la causa.

Es en estos casos, indica la nota de la Fiscalía, «en los que la divulgación de noticias puede afectar a la intimidad de las personas a las que dichas informaciones se refieren cuando entran en conflictos dos derechos fundamentales: el derecho a transmitir y recibir información veraz y el derecho a la intimidad».

El juez Peinado imputó a varios periodistas un delito de revelación de secretos por publicar informaciones del sumario de la causa contra varios presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se investiga en la Audiencia Nacional.

Cuando acordó la incoación de diligencias previas, dice la Fiscalía, el juez no expuso «los motivos por los que considera presuntos autores de los hechos a los medios de comunicación contra los que dirige la causa».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió remitir a los juzgados madrileños la solicitud de las defensas de siete presuntos miembros de los CDR de que se investigara la «filtración masiva» de la causa.

Cuando se conoció la noticia de la imputación, varias asociaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) o la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) mostraron su rechazo a la decisión del juez y defendieron que el deber de los periodistas es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público».