La Fiscalía rechaza que España entregue a Uruguay al comunista Fleming Julio Gallo Sconamiglio acusado de lesa humanidad y torturas a varias personas durante la dictadura comunista (1973-1985)

.Según la reclamación, a Gallo se le atribuye haber participado en la detención ilegal y las torturas a las que fueron sometidas distintas personas, en agosto de 1979, en las dependencias de los Fusileros Navales (FUSNA), dependiente de la Armada Nacional de Uruguay

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 11.09.2021. El independentismo reúne solo a 108.000 personas en Barcelona (España) para su manifestación de la Diada, donde algunos manifestantes han exhibido la bandera comunista. Ñ Pueblo (49)

Efe.- Madrid (España), lunes 29 de noviembre de 2021. La Audiencia Nacional celebra hoy la vista de extradición del uruguayo Fleming Julio Gallo Sconamiglio, exmilitante del Partido Comunista reclamado en su país por delitos de lesa humanidad y torturas a varias personas en el periodo de la dictadura cívico-militar (1973-1985).

La Fiscalía considera prescritos estos hechos conforme a la legislación española y, por ello, se opone a la extradición.

En su informe a la Sala, previo a la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional observa que el delito de lesa humanidad entró en vigor en España en 2004 mientras que los hechos por los que se reclama a este ciudadano uruguayo, detenido el 24 de septiembre en Fraga (Huesca), se prolongaron hasta 1979, por lo que entiende que es de aplicación el principio de irretroactividad de la ley penal.

De este modo, si bien los delitos de lesa humanidad son de “naturaleza imprescriptible” y esa prescripción por tanto no afectaría a la legislación uruguaya, sí que afecta “al Derecho penal español”, al no existir tipificado ese delito hasta 2004.

Por tanto, expone la Fiscalía, “dado que los hechos se sucedieron a lo largo del mes de agosto de 1979, hasta el día 17 de ese mes y año; en cuya fecha las víctimas fueron liberadas”, habrían prescrito conforme a la legislación española el 17 de agosto de 1999.

“En ausencia de acreditación de la causa de interrupción”, para lo que sería preciso, apunta, “conocer las particularidades del proceso seguido en Uruguay y la fecha a partir de la cual el procedimiento quedó paralizado ante la salida del reclamado del país o por cualquier otra causa”, “el lapso de tiempo indica que los hechos habrían prescrito” al haber transcurrido cerca de 42 años, concluye el fiscal.

Según la reclamación, a Gallo se le atribuye haber participado en la detención ilegal y las torturas a las que fueron sometidas distintas personas, en agosto de 1979, en las dependencias de los Fusileros Navales (FUSNA), dependiente de la Armada Nacional de Uruguay.

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