La república racista habla ahora de “causa general” contra el fanatismo republicano

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Los hispanófobos líderes de la república racista en Cataluña, el preso golpista Oriol Junqueras Vies, alias el 'osito' (i) conspirando con el prófugo d ela Justicia, el burgués supremacista Carles Puigdemont (d), en una imagen archivo en la cámara catalana. Archivo Efe.

Efe – El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado en sus mensajes en las redes sociales que dos fiscales del Supremo se desplazaran a los interrogatorios del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona “para buscar material incriminatorio que se utiliza en una causa diferente, sin que las defensas puedan intervenir, cosa obviamente irregular”. Barcelona (España), lunes 12 de febrero de 2018. Fotografía: Los hispanófobos líderes de la república racista en Cataluña, el preso golpista Oriol Junqueras Vies, alias el ‘osito’ (i) conspirando con el prófugo d ela Justicia, el burgués supremacista Carles Puigdemont (d), en una imagen archivo en la cámara catalana. Archivo Efe.

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que es “obviamente irregular” que varios tribunales estén investigando a la vez la “causa general” por el 1-O, lo que cree que no entenderán los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Cuevillas ha denunciado que existe una “causa general” sobre el proceso unilateral a la independencia, que están siguiendo varios tribunales a la vez, lo que es, a su entender, una “cosa obviamente irregular”.

El abogado ha resaltado que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ayer tomó declaración a cinco imputados en la causa que abrió en febrero del pasado año por los preparativos del 1-O, haya incluido el delito de rebelión, el mismo por el que el Tribunal Supremo mantiene en prisión a los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn y a los exlíderes de la ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Este juez abrió la causa a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, en las que aseguraba que el Govern tenía una partida camuflada de 400 millones de euros para montar el referéndum de independencia y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente, en un procedimiento que desde hace meses investiga por los delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición.

Cuevillas ha criticado en sus mensajes en las redes sociales que dos fiscales del Supremo se desplazaran a los interrogatorios del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona “para buscar material incriminatorio que se utiliza en una causa diferente, sin que las defensas puedan intervenir, cosa obviamente irregular”.

“Pese a que la causa (en instrucción 13) está judicializada, la Guardia Civil toma declaración a varias personas según dice por orden del juez instructor, cosa obviamente irregular”, apunta Cuevillas, que ha denunciado que muchos declarantes son citados como testigos, con obligación de decir la verdad, y a medio interrogatorio “se les cambia la condición a la de imputado, vulnerándose pues sus derechos fundamentales”.

“La causa se declara secreta (el juez del 13 mantuvo el proceso varios meses en secreto, ya levantado) y se amplía el objeto a cualquier hecho relacionado con la preparación del 1-O. Los mismos hechos se están también investigando en otros tribunales, cosa obviamente irregular”, lamenta el abogado de Puigdemont.

El letrado también denuncia que, en el marco de la investigación en Barcelona, se hayan acordado registros y se haya imputado a una treintena de personas, entre ellas varios altos cargos del Govern, por lo que considera que se trata de una “causa general” que se sigue en “varios tribunales a la vez, cosa obviamente irregular”.

“Cuando lo expliquemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les costará entender que todo esto se haya podido producir en una única causa”, ha advertido.

En los interrogatorios de ayer en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el exjefe de gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga; el director del CTTI, Valentín Arroyo; el director del área TIC de este organismo, Lluís Domingo Anaya, y otros dos trabajadores del Centro de Telecomunicaciones alegaron que cuando se percataron de que su trabajo relacionado con el 1-O era ilegal, cesaron en su actividad.

El juez de Barcelona interrogará como imputados mañana martes, 13 de febrero, al exsenador de ERC Santi Vidal y al expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional Carles Viver i Pi Sunyer, dos de las figuras clave del procedimiento, casi un año después de abrir la investigación.

Tanto Vidal, que en 2015 fue suspendido tres años como juez, como Pi i Sunyer figuran desde hace meses como principales investigados en esta causa, por la que el pasado 20 de septiembre la Guardia Civil detuvo a una quincena de personas, entre ellos el exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové -número 2 del exconseller Oriol Junqueras- y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

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