La terrorista ‘biduetarra’ Soledad Iparraguirre (Anboto) apela al “diálogo” ante el Tribunal para evitar que ETA mate a mujeres y niños

.Anboto fue entregada por Francia en septiembre de 2019 para ser juzgada por 12 causas y ya ha sido condenada en firme a 122 años de cárcel por una de ellas, el atentado en el que perdió la vida el comandante del Ejército Luciano Cortizo, en 1995 en León

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 29.04.2021. La terrorista exdirigente de la banda terrorista separatista y comuniata (ETA), cuyo brazo político en la actualidad es EH Bildu del asesino Arnaldo Otegui, Soledad Iparraguirre, alías Anboto, comparece ante el tribunal desde una sala de seguridad durante la primera sesión de un nuevo juicio contra ella por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriaza, este jueves, en la Audiencia Nacional. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La terrorista exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alías Anboto, se ha sentado por séptima vez en el banquillo de la Audiencia Nacional desde que Francia la entregara en 2019 por doce procedimientos y ha vuelto a apelar al “diálogo” para no “dejar la puerta abierta a que se repita una situación similar”, es decir cometer atentados terroristas indiscriminadamente y asesinar a la gente con un tiro en la nuca. Madrid (España), jueves 29 de abril de 2021.

Esta vez ha sido juzgada por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriaza para “causar la muerte de los guardias civiles que acudiesen a desactivar el artefacto”, si bien finalmente no hubo víctimas.

La acusada, aunque no ha querido prestar declaración, ha utilizado su derecho a la última palabra para negar ante el tribunal su participación en los hechos y pedir su absolución.

También ha vuelto a hacer, como en otras ocasiones, un discurso de carácter político y ha recordado que ETA dejó la lucha armada hace más de diez años, y ha sostenido que entregó las armas, reconoció el dolor causado y pidió un sistema de diálogo para la resolución del conflicto.

“Si negamos el contenido político de lo ocurrido, lo que hacemos es dejar la puerta abierta a que se repita una situación similar”, ha manifestado.

Parecido mensaje al que lanzó en uno de sus primeros juicios cuando dijo: “No niego el dolor que hemos sufrido y que hemos causado” y “lo que quiero es que nos sentemos y no cerremos otra vez una puerta en falso”.

La Fiscalía por su parte ha mantenido su petición inicial de 61 años de cárcel para la etarra por dos delitos de asesinato frustrado, otro de estragos y tenencia de explosivos y otro de pertenencia a organización terrorista.

Al exponer sus conclusiones definitivas, la fiscal ha asegurado que la intención con este atentado era la de “causar el mayor daño posible no solo material, sino humano”.

Según el fiscal, Anboto y sus compañeros de comando ya condenados por estos hechos -José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, Alberto Plazaola, Juan Carlos Arruti y José Ignacio Gaztañaga-, decidieron colocar un artefacto explosivo-trampa en la puerta del bar “Naira” en Escoriaza para que se activase al ser manipulado por las fuerzas policiales tras ser alertadas de su colocación.

En el juicio ha declarado uno de los agentes que intervino en la desactivación del artefacto ha explicado que lo hicieron “a distancia y con robots” para evitar su daño físico en caso de explosión, la cual se produjo a los tres minutos de comenzar a trabajar con ella y afortunadamente no dejó víctimas, pero sí “daños en el bar, viviendas y vehículos cercanos” según ha explicado el testigo.

“Habríamos muerto instantáneamente destrozados si llegamos a desactivar la bomba de forma manual”, ha añadido.

Agentes de la investigación han ratificado por su parte la pertenencia de la acusada al Comando Araba de ETA como participante activa desde su creación en 1984 hasta agosto de 1987.

Un comando, que a pesar de su denominación, no sólo actuaba en la provincia de Álava, sino también en zonas limítrofes de Guipúzcoa y Vizcaya.

En la noche del 21 al 22 de mayo de 1987, los terroristas colocaron la bomba-trampa y después avisaron al diario “Egin”, por lo que se alertó a la Comisaría de la Ertzaintza en Arrasate , y al Cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta, ambos en Guipúzcoa.

Al lugar se personaron las dos fuerzas policiales y mientras la Ertzaintza desalojaba las viviendas próximas, el Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, mediante “robots”, procedió a desenganchar las dos cajas que componían el artefacto.

Tres minutos después de la separación de las dos cajas, se activó el detonador oculto en la caja grande e hizo estallar el artefacto.

La explosión alcanzó un radio de 10 metros, sin herir a nadie, si bien se produjeron fueron destrozos en inmuebles colindantes y vehículos aparcados en la calle.

Anboto fue entregada por Francia en septiembre de 2019 para ser juzgada por 12 causas y ya ha sido condenada en firme a 122 años de cárcel por una de ellas, el atentado en el que perdió la vida el comandante del Ejército Luciano Cortizo, en 1995 en León.

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