Redacción.- Madrid (España), miércoles 7 de septiembre de 2022. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, ha advertido hoy de la ilegalidad que el presidente del Gobierno de coalición socialcomunista de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, pretende instaurar en Cataluña, desde la Presidencia de Gobierno de España; de acuerdo con el último acuerdo entre Sánchez y el régimen secesionista que preside el coordinador general de la ultraizquierda separatista ERC, Pere Aragonés García, en la Mesa de la traición a Cataluña y resto de España, en referencia a la llamada «desjudicialización» del proceso separatista en Cataluña que consiste en pedir expresamente a los jueces, fiscales, policía judicial y abogacía de Estado de mirar por otro lado e incumplir la ley. Para el presidente del Gobierno de los Jueces, «ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley».
Lesmes ha recordado que «el respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas. Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento».
En este sentido, ha hecho referencia al reciente discurso político que aboga por la «desjudicialización» en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en 2017 y que habla, «sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran estos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad».
«De materializarse esa desjudicialización«, ha advertido el presidente del TS y del CGPJ, se pondría en riesgo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, «pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política».
«El valor Estado de Derecho en nuestra democracia», ha añadido, «supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general, de manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho».
Sentenció que: «Ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley».
