Redacción.- Barcelona (España), martes 4 de octubre de 2022. Manifiesto de la asociación separatista Asamblea Nacional Catalana (ANC). «Acusamos a la parte de la justicia española en Cataluña que ha llevado a cabo la Causa General: el juzgado 13 de Barcelona que ordenó las detenciones y los registros del 20 de septiembre; los juzgados que persiguieron a alcaldes, concejales y ciudadanos que protestaron contra la brutalidad judicial del día 20 de septiembre de 2017; los fiscales y jueces que acusaron de delitos de odio a maestros y profesores en distintas poblaciones catalanas; los juzgados que encausaron a mossos d’esquadra y bomberos; las instancias judiciales que han perseguido la disidencia de los jóvenes, antes y después de las protestas de octubre de 2019 contra las condenas a los presos políticos tanto en Barcelona, como en el aeropuerto, como en La Jonquera y otras poblaciones».
VÍDEO. 04.10.2022.
TEXTO ÍNTEGRO EN IDIOMA OFICIAL DE CATALUÑA Y RESTO DE ESPAÑA, ESPAÑOL/CASTELLANO
«Barcelona, martes 4 de octubre de 2022
Asamblea Nacional Catalana
Nosotros acusamos a la justicia española (síntesis*)
Nosotros, en nombre del Pueblo catalán, acusamos a la justicia española de llevar a cabo una Causa General contra el independentismo catalán; una persecución política en forma de procesos penales y otras actuaciones. Se agudizó hace cinco años con el encarcelamiento de los presidentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, seguido por la cárcel y el exilio de las autoridades democráticas de Cataluña. Continuó con más de cuatro mil personas represaliadas.
Acusamos al Tribunal Constitucional de España por haber agravado el conflicto del Reino de España con Cataluña en 2010 con la modificación del Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán en el referéndum de 2006, vulnerando el artículo 152.2 de la CE que establece que un Estatuto aprobado en referendo sólo quizás modificado por el mismo procedimiento. Además, el Tribunal Constitucional ha emprendido y validado todo tipo de actuaciones para imponer por la fuerza su sentencia contra el Estatut sin el consentimiento de la mayoría del pueblo catalán.
Acusamos al presidente del Consejo General del Poder Judicial por haber inducido la ‘Causa General’ en su discurso de apertura del año judicial el 5 de septiembre de 2017. Allí proclamó la ‘Unidad de España’ por encima de la voluntad popular, el fundamento de la democracia.
Acusamos a su majestad el rey Felipe VI de España de impulsar la nueva Causa General por su discurso televisivo del 3 de octubre de 2017. Dictaminó la culpabilidad de los millones de activistas y las autoridades democráticas de Cataluña sin juicio ni presunción de inocencia; una intervención impropia de una monarquía parlamentaria.
Acusamos a la Audiencia Nacional de acelerar la Causa General contra el independentismo con la orden de prisión de Jordi Sànchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro del 16 de octubre de 2017, acusándoles de rebelión y sedición por las protestas ante la conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017.
Continuó esta persecución con el encarcelamiento por rebelión, sedición, malversación y corrupción el 2 de noviembre de 2017, del vicepresidente y siete miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. También ordenó la detención de Tamara Carrasco García el 10 de abril de 2018 y la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR) del Vallès Oriental, el 23 de septiembre de 2019, acusándoles de sedición, rebelión y terrorismo sin prueba alguna. Recordemos que la Audiencia Nacional es la continuadora del Tribunal de Orden Público franquista: en enero de 1977, se le cambió el nombre por el de Audiencia Nacional, sin sustituir a ninguno de sus fiscales y jueces.
Acusamos al Tribunal Supremo de cometer las mayores iniquidades por la acusación de rebelión y sedición en la Mesa del Parlamento de Cataluña por haber tramitado las leyes del referéndum y de transición a la independencia; por haber impedido, tras la victoria independentista en las elecciones de 21 de diciembre de 2017, la asistencia de Oriol Junqueras Vies, Joaquim Forn Chiariello y Jordi Sánchez Picanyol en la constitución del Parlamento de Cataluña, la presencia de Jordi Sánchez Picanyol en su investidura y el encarcelamiento de Jordi Turull Negre por impedir ser investido. Las euroórdenes del Tribunal Supremo contra el presidente de la Generalidad de Cataluña y el resto del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en fuga han sido despejadas por las justicias de Bélgica, Alemania, Escocia e Italia. Aún así, su sala II, tras un juicio vergonzoso, condenó a los nueve presos y presas políticos a 99 años y medio de cárcel.
Acusamos al Tribunal de Cuentas y otros tribunales de querer arruinar Gobiernos de la Generalidad de Cataluña y cientos de activistas sumando la persecución económica a la persecución política; actuando con total parcialidad ideológica.
Acusamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de actuar como el gran inquisidor del Parlamento de Cataluña por la inhabilitación del presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla por haber colgado una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos, y por la condena de seis meses de inhabilitación del diputado Pau Juvillà Ballester, por poner un lazo amarillo en la ventana de su despacho. También para perseguir a la Mesa del Parlamento de Cataluña para tramitar mociones a favor del referéndum autodeterminación y de reprobación de su majestad el rey Felipe VI de España.
Acusamos a la Justicia Española en Madrid por perseguir y condenar a los separatistas que viven en Madrid y que han manifestado su solidaridad con los ciudadanos heridas en los altercados, tanto el 1 de octubre de 2017 como en las protestas por la sentencia condenatoria del procés dictada por parte del Tribunal Supremo.
Acusamos a la parte de la justicia española en Cataluña que ha llevado a cabo la Causa General: el juzgado 13 de Barcelona que ordenó las detenciones y los registros del 20 de septiembre; los juzgados que persiguieron a alcaldes, concejales y ciudadanos que protestaron contra la brutalidad judicial del día 20 de septiembre de 2017; los fiscales y jueces que acusaron de delitos de odio a maestros y profesores en distintas poblaciones catalanas; los juzgados que encausaron a mossos d’esquadra y bomberos; las instancias judiciales que han perseguido la disidencia de los jóvenes, antes y después de las protestas de octubre de 2019 contra las condenas a los presos políticos tanto en Barcelona, como en el aeropuerto, como en La Jonquera y otras poblaciones.
Acusamos al Gobierno de la Generalidad de Cataluña de colaborar con la Causa General contra el separatismo por personarse como acusación privada en muchas de las causas contra personas que protestaron en varios episodios. La mayoría de ellas se fundamentan únicamente en el testimonio de los Mozos de Escuadra sin pruebas objetivas.
Nosotros estamos convencidos de que la persecución de la justicia española contra el movimiento independentista se girará en su contra. Porque es contraria a los tratados firmados por el Reino de España como país de la Unión Europa, miembro del Consejo de Europa y firmante del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Las justicias de Alemania, Bélgica, Escocia, Suiza e Italia ya lo han puesto de manifiesto cuando negaron las euroórdenes españolas contra los exiliados catalanes. Estamos convencidos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara contrarias a la justicia democrática las sentencias contra los presos políticos catalanes. Sus sentencias confirmarán nuestra acusación inicial: la justicia española lleva a cabo una persecución política, una Causa General, disfrazada de procesos penales.
*Síntesis del manifiesto completo.
EN DIALECTO CATALÁN
«Barcelona, dimarts 4 d’octubre de 2022
Assemblea Nacional Catalana
Nosaltres acusem la justícia espanyola (síntesi*)
Nosaltres, en nom del poble català, acusem la justícia espanyola de portar a terme una Causa General contra l’independentisme català; una persecució política en forma de processos penals i altres actuacions. Es va aguditzar fa cinc anys amb l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium, seguit per la presó i l’exili de les autoritats democràtiques de Catalunya. Va continuar amb més de quatre mil persones represaliades.
Acusem el Tribunal Constitucional d’Espanya per haver agreujat el conflicte del Regne d’Espanya amb Catalunya l’any 2010 amb la modificació de l’Estatut d’Autonomia aprovat pel poble català al referèndum de 2006, vulnerant l’article 152.2 de la CE que estableix que un Estatut aprovat en referèndum només potser modificat pel mateix procediment. A més, el Tribunal Constitucional ha emprès i ha validat tota mena d’actuacions per imposar per la força la seva sentència contra l’Estatut sense el consentiment de la majoria del poble català.
Acusem el president del Consell General del Poder Judicial per haver induït la “Causa General” en el seu discurs d’obertura de l’any judicial el 5 de setembre de 2017. Allà va proclamar la “Unidad de España” per sobre de la voluntat popular, el fonament de la democràcia.
Acusem Felipe VI d’impulsar la nova Causa General pel seu discurs televisiu del 3 d’octubre de 2017. Va dictaminar la culpabilitat dels milions d’activistes i les autoritats democràtiques de Catalunya sense judici ni presumpció d’innocència; una intervenció impròpia d’una monarquia parlamentària.
Acusem l’Audiència Nacional d’accelerar la Causa General contra l’independentisme amb l’ordre de presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart del 16 d’octubre de 2017, acusant-los de rebel·lió i sedició per les protestes davant la conselleria d’Economia el 20 de setembre de 2017. Va continuar aquesta persecució amb l’empresonament per rebel·lió, sedició, malversació i corrupció el 2 de novembre de 2017, del vicepresident i set membres del Govern de la Generalitat. També va ordenar la detenció de Tamara Carrasco el 10 d’abril de 2018 i la detenció de nou membres dels CDR del Vallès Oriental, el 23 de setembre de 2019, acusant-los de sedició, rebel·lió i terrorisme sense cap mena de prova. Recordem que l’AN és la continuadora del “Tribunal de Orden Público” franquista: el gener de 1977, se li va canviar el nom pel d’“Audiencia Nacional”, sense substituir cap dels seus fiscals i jutges.
Acusem el Tribunal Suprem de cometre les més grans iniquitats per l’acusació de rebel·lió i sedició a la Mesa del Parlament de Catalunya per haver tramitat les lleis del referèndum i de transició a la independència; per haver impedit, després de la victòria independentista a les eleccions de 21 de desembre de 2017, l’assistència d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez a la constitució del Parlament, la presència de Jordi Sànchez a la seva investidura i l’empresonament de Jordi Turull per impedir ser investit. Les euroordres del TS contra el president de la Generalitat i la resta del Govern a l’exili han estat refusades per les justícies de Bèlgica, Alemanya, Escòcia i Itàlia. Així i tot, la seva sala II, després d’un judici vergonyós, va condemnar els nou presos i preses polítics a 99 anys i mig de presó.
Acusem el Tribunal de Cuentas i altres tribunals de voler arruïnar governs de la Generalitat i centenars d’activistes sumant la persecució econòmica a la persecució política; actuant amb total parcialitat ideològica.
Acusem el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’actuar com el gran inquisidor del Parlament de Catalunya per la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra per haver penjat una pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics, i per la condemna de sis mesos d’inhabilitació del diputat Pau Juvillà, per haver posat un llaç groc a la finestra del seu despatx. També per perseguir la Mesa del Parlament per tramitar mocions a favor de l’autodeterminació i de reprovació de Felipe VI.
Acusem la justícia espanyola a Madrid per perseguir i condemnar els madrilenys que han manifestat la seva solidaritat amb els ciutadans apallissats per la policia, tant l’1 d’octubre com en les protestes per la sentència del Tribunal Suprem.
Acusem la part de la justícia espanyola a Catalunya que ha portat a terme la Causa General: el jutjat 13 de Barcelona que va ordenar les detencions i els escorcolls del 20 de setembre; els jutjats que van perseguir batlles, regidors i ciutadans que van protestar contra la brutalitat judicial del dia 20 de setembre de 2017; els fiscals i jutges que van acusar de delictes d’odi a mestres i professors a diferents poblacions catalanes; els jutjats que van encausar mossos d’esquadra i bombers; les instàncies judicials que han perseguit la dissidència dels joves, abans i després de les protestes d’octubre de 2019 contra les condemnes als presos polítics tant a Barcelona, com a l’aeroport, com a la Jonquera i altres poblacions.
Acusem la Generalitat de Catalunya de col·laborar amb la Causa General contra l’independentisme per personar-se com acusació privada en moltes de les causes contra persones que van protestar en diversos episodis. La majoria d’elles es fonamenten únicament en el testimoni dels Mossos d’Esquadra sense proves objectives.
Nosaltres estem convençuts que la persecució de la justícia espanyola contra el moviment independentista es girarà en contra seva. Perquè és contrària als tractats signats pel Regne d’Espanya com a país de la Unió Europa, membre del Consell d’Europa i signant del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Les justícies d’Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Suïssa i Itàlia ja ho han posat de manifest quan han negat les euroordres espanyoles contra els exiliats catalans. Estem convençuts que el Tribunal Europeu de Drets Humans declararà contràries a la justícia democràtica les sentències contra els presos polítics catalans. Les seves sentències confirmaran la nostra acusació inicial: la justícia espanyola porta a terme una persecució política, una Causa General, disfressada de processos penals.
*Síntesi del manifest complet».
