Barcelona (Españ), miércoles 20 de julio de 2022. Los golpistas condenados e indultados parcialmente por el ataque contra la democracia, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Constitución Española, los derechos fundamentales de los catalanes y resto de españoles, el presidente de ERC y los exconsejeros de ERC del Gobierno de coalición golpista de la Generalidad de Cataluña en 2017: Oriol Junqueras Vies, Dolors Bassa Coll y Raül Romeva Roure ya han presentado su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la condena del Tribunal Supremo en la Causa Especial del Procés a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, por los delitos de sedición y malversación en relación con la organización de referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O) —no autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional— y los golpes de estado del 10 de octubre y 27 de octubre del mismo año.
Los tres individuos supremacistas amarillos denuncian a España por, a su juicio, «vulnerar» sus «derechos humanos» como el derecho «a un juicio justo», a la «libertad de expresión y reunión» -es decir organizar el golpe de estado impunemente contra la democracia-, así como «varios derechos político».
En una rueda de prensa este miércoles, Junqueras ha asegurado que confían en que la eventual sentencia del TEDH «beneficie» al resto de golpistas huidos e indultados.
El golpista Junqueras ha advertido que el caso Procés es «una causa colectiva contra el independentismo» que se puede repetir contra «todos los que pongan en cuestión el statu quo» en el Reino de España. «Eso no es excepcional», ha avisado.
Los recursos de los enemigos de la libertad del pueblo español se suman a los ya presentados por los golpistas indultados: los dos, ‘Jordis’ Jordi Cuixart Navarro y Jordi Sánchez Sánchez —condenados por el secuestro de un secretaria judicial del Tribunal Superior e Justicia de Cataluña y varios agentes de la Policía Judicial (Guardias Civiles), destruyendo todos los coches del Instituto Armado en la Consejería y vicepresidencia del Gobierno golpista el pasado 20 de septiembre de 2017 durante una operación ordenada por la Justicia contra el aparato del Procés—, los exconsejeros Jordi Turull Negre, actual secretario general de JxCat y quien pretendía ser presidente de la Generalidad de Cataluña para no ir a la cárcel pero el Tribunal Supremo rechazó su recurso tras su nombramiento como candidato a la investidura por parte del golpista huido Carles Puigdemont Casamajò al fracasar su llamada «investidura a distancia»; Joaquim Forn Chiariello (JxCat) quien también quería salir de prisión para ser el presidente del Grupo Municipal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona pero el Tribunal Supremo también rechazó su maniobra; Josep Rull Andreu (JxCat); y la expresidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell Lluís (ERC).
Así, Estrasburgo ahora ya tiene sobre la mesa todas las quejas de los políticos expresos indultados parcialmente por el régimen socialcomunista que ocupa ilegítimamente la Presidencia del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Desde el equipo legal de Junqueras, Romeva y Bassa vende «lógico» unificar el caso en una macrocausa y estiman que se podría resolver en dos o tres años si se aplica la política de priorización del TEDH. «Mínimo serán dos años», ha subrayado la letrada Clara Serra Baiget.
Se trata simplemente de una campaña separatista de odio hacia el pueblo español y, principalmente hacia los catalanes porque todos esos recursos serán rechazados. Lo que sí quedará son sus escritos de odio.
Según información confirmada por Agencia Catalana de Noticia, los golpistas Carles Mundó Blanch y Meritxell Borràs Solé han optado por no ir a Estrasburgo siguiendo el consejo del equipo de abogados implicado en la defensa.
En el caso del golpista Santiago Vila Vicente -quien se hace llamar «Santi Vila»- ni siquiera recurrió la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional. Los tres fueron condenados a un año y ocho meses de prisión por desobediencia.
Nueve casos en Estrasburgo
Los nueve indultados golpistas han presentado por separado los recursos contra la condena del Supremo, ratificada a posteriori por el Constitucional.
El primero fue uno de los Jordis, el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart Navarro, que se avanzó por un día a Jordi Turull Negre registrando por sorpresa el documento en junio del 2021.
Los últimos al hacerlo han sido Junqueras, Romeva y Bassa después de que el TC resolviera sus recursos.
A pesar de las particularidades de cada caso, en líneas generales todos los recursos giran en torno a la «vulneración del derecho» a un «juicio justo» (derecho a un juez imparcial, a un tribunal establecido por la ley y a la presunción de inocencia) y de los «derechos a la libertad de pensamiento, de expresión y de reunión» -es decir sin eufemismo, derecho a desobedecer la Ley y sentencias de los tribunales para hacer uno lo que le viene de ganas, en este caso, celebrar un referéndum ilegal, declarar la independencia con los resultados de la consulta y romper la unidad nacional de una país libre y democrático, en este caso España.
También se alegan «vulneraciones de derecho político» y «de abuso de poder» por parte de las «autoridades españolas».
Según fuentes del TEDH, los jueces pueden decidir unir los recursos en una macrocausa, pero normalmente no anuncian públicamente esta decisión.
A principios de año, las mismas fuentes comentaban que los casos estaban todavía en una fase «preliminar» y que, «de momento, no se habían fusionado», según dichas fuentes a la Agencias Catalana de Noticias.
JUNQUERAS, ROMEVA Y BASSA
Los golpistas Junqueras, Romeva y Bassa, que presentaron sus escritos el 15 y 19 de julio, consideran que se ha «vulnerado su derecho» a no ser condenados por una «acción que no constituye una infracción» según el derecho nacional o internacional (principio de legalidad)», así como del «derecho a un juicio justo».
También creen que se les ha «violado el derecho a la libertad, a la libertad de expresión y de reunión».
Igualmente, denuncian que ha habido un «abuso de poder» por parte de España en el marco de una «estrategia de silenciamiento político».
En la misma línea, alegan una «vulneración del derecho a las elecciones libres» porque se ha «abusado» de la «prisión provisional, la indebida suspensión cautelar de todas las funciones políticas» de los golpistas procesados por la Justicia, «la prohibición de participación en campaña electoral» de las elecciones del Artículo 155 —17 de diciembre de 2017; unas lecciones pactadas en en una clara cobardía entre el PP, Cs y PSOE. Es más, se les salió el tiro por la culata. Estas tres formaciones pensaban que no intervenir de verdad en Cataluña con el cierre de TV3 y todas las consejerías aún en manos de funcionarios separatistas quienes habían ayudado a los golpistas, PP, PSOE y Cs podrían sumar mayoría absoluta el 17D y acabar la feina en el Gobierno de la Generalidad— y la «vulneración de inmunidades parlamentarias», tanto «nacionales» como «internacionales».
Por ejemplo, también expondrán delante del TEDH que «a Junqueras no se lo podía condenar porque tenía inmunidad europarlamentaria desde finales de mayo del 2019», como concluyó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
SUEÑOS IMPOSIBLES
La defensa de Junqueras, Romeva y Bassa espera que su caso «sirva» para el resto de personas afectadas. «Queremos respuestas que sirvan para todas las otras (demandas) que están en la cola», ha remarcado el abogado Andreu Van der Eynde.
Además, el letrado confía en que la eventual sentencia dé «soluciones de carácter global»: «Como pueden ser sugerencias de reforma legislativa». «(Nuestro caso) no es una excepción porque se enmarca en la construcción de una causa general contra el independentismo», ha denunciado Junqueras.
A su vez, tanto Romeva como Bassa han expresado su deseo de que la «justicia internacional sea justa». «Aquella justicia que no hemos encontrado» en España, «confiamos encontrarla a escala europea», ha dicho el golpista exconsejero de exteriores.
Y Bassa ha añadido: «Esperamos que la situación cambie ahora que el caso ha llegado al TEDH».
BRUSELAS YA ES CONSCIENTE DE QUE EL SEPARATISMO BUSCÓ AYUDA DEL KREMLIN Y MANTUVO REUNIONES CON PUTIN
El primer paso del procedimiento es que el TEDH admita a trámite los recursos. A diferencia de otras instancias judiciales, Estrasburgo no informa cuando lo hace.
Una vez pasado el filtro inicial los magistrados tendrán que decidir si tramitan el recurso por la vía urgente.
El TEDH resuelve con más rapidez los temas más graves que implican un riesgo para la vida o si el afectado se encuentra encarcelado.
Ahora bien, en una rueda de prensa en enero, el presidente del TEDH, Robert Spano, ya reconoció la «importancia» del caso catalán y aseguró que el tribunal tendrá en cuenta su reciente política de «priorización».
Cuando el TEDH admite de entrada un recurso lo adjudica a un comité o a una sala.
Si se trata de un caso sobre el cual ya hay una amplia jurisprudencia irá a parar a un comité de tres jueces.
En cambio, si se considera un caso relativamente nuevo, la examina una sala de siete jueces, que comunica al gobierno en cuestión la queja y le permite presentar observaciones.
Ningún recurso se envía directamente a la Gran Sala formada por 17 jueces, pero una sala puede redirigir el caso a esta máxima instancia si es un asunto importante que afecta a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos o si hay riesgo de incongruencia con una decisión previa del TEDH.
También se puede remitir un caso en la Gran Sala a petición de cualquier parte en el plazo de tres meses desde la resolución de la sentencia por parte de la sala de 7 jueces, pero el Tribunal sólo lo acepta en casos excepcionales.
El TEDH ya sabe hasta donde llegó el separatismo en Cataluña en 2017. Las reuniones del Gobierno golpista de Junqueras y Puigdemont con ex espías de la KGB y hombres de confianza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en busca de apoyo internacional no al Procés sino al golpe de estado separatista del 27 de octubre de 2017 ya no son ningún cuento de conspiranoicos sino hechos ya reconocidos públicamente por los mismos negociadores del Gobierno de Junqueras y Puigdemont.
Las primeras consecuencias de la Trama Rusa del Procés han sido la dimisión y abandono de la política d ela mano derecho de Puigdemont en las conversaciones con el Kremlin, la hasta su dimisión, candidata de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Atardi Vila, que el Tribunal ya la ha citado a declarar.
Otra ha sido la dimisión de Puigdemont como presidente de JxCat.
A cambio, según investigaciones judiciales del Caso de la Trama Rusa del Procés, Rusia mandaría a «10.000 militares» para proteger la República Catalana y financiaría el nuevo Estado comunista de CUP, ERC y JxCat ilegalmente a través de «criptomonedas».
