Procés| JxCat inicia la «auditoría» del acuerdo de Gobierno con ERC y exige una «alternativa» a la Mesa de Diálogo con España

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 12.04.2022. El vicepresidente, diputado por Barcelona al Parlamento de Cataluña y portavoz del partido separatista de fugado golpista Carles Puigdemont Casamajò, Juntos Por Cataluña (JxCat), Josep Rius Alcaraz, durante una rueda de prensa en la sede de la formación hispanófoba en Barcelona. Juntos por Cataluña / Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo). Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), Viernes Santo (Semana Santa 2022), 15 de abril de 2022. El vicepresidente, diputado por Barcelona al Parlamento de Cataluña y portavoz del partido separatista de fugado golpista Carles Puigdemont Casamajò, Juntos Por Cataluña (JxCat), Josep Rius Alcaraz, ha pedido al presidente de Gobierno de coalición de ERC y JxCat de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García (ERC), que exponga los «datos objetivos» y los «avances concretos» que le llevan a mantener la Mesa de Diálogo del Proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto de España, conocido como el «Procés».

En una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias este Viernes Santo 2022 Alcaraz ha exigido saber en qué puntos la negociación está «beneficiando» la la separación de Cataluña del resto de España y ha dicho al presidente que «si no ha habido avances es necesario que admita que (el presidente de Gobierno de España), Pedro Sánchez Pérez Castejón, no tiene un proyecto para Cataluña ni ninguna voluntad para negociar una solución».

«Si una Mesa del Procés no tiene recorrido, hay que buscar alternativas», ha remachado. El vicepresidente de JxCat también ha reprochado a Aragonès que todavía no exista un espacio colegiado con presencia de todas las fuerzas independentistas para trabajar «una alternativa».

Al juicio de JxCat, la negociación del Procés «no funciona, no da frutos y no ha representado ningún avance para el proceso» separación de Cataluña del resto de España.

De todas formas, Alcaraz ha pedido a Aragonés que facilite a la derecha separatista del golpista Puigdemont «datos objetivos» sobre los avances que está suponiendo ya que, tal y como ha recordado, JxCat no fue en la última reunión de la Mesa del Procés porque ERC no aceptó la delegación de JxCat, alegando que no formaba parte del Ejecutivo secesionista de Aragonès debido a que a la Mesa del Procés solo van los miembros del Gobierno de coalición de España y los de la Generalidad de Cataluña.

Precisamente, sobre este aspecto, Alcaraz avanzó que de cara a la próxima reunión de la Mesa del Procés no tienen pensado cambiar los nombres que propusieron, y que ni la coalición gubernamental central (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) ni ERC aceptaron porque eran personas de fuera del Gobierno secesionista de la Generalidad de Cataluña, ha advertido.

Alcaraz defiende que para ir a un Proceso de Negociación del Procés es necesaria «una posición de fuerza». A su entender, esto podría hacerse con una «buena coordinación» de los 23 diputados separatistas en el Congreso de los Diputados.

El derechista separatista ha advertido que no haberlo hecho es «un error». «A veces estos hábiles negociadores en Madrid son muy locuaces, pero poco eficientes», ha espetado Alcaraz en alusión al portavoz de ERC en el Congreso, Juan Gabriel Rufián Romero (Gabriel Rufián), para añadir después que ahora mismo la coordinación en Madrid «no existe».

De hecho, JxCat está trabajando en una auditoría para comprobar qué puntos del acuerdo de Gobierno de coalición con ERC se están cumpliendo y cuáles no.

En este sentido, ha advertido que analizarán si los Acuerdos referentes a la Mesa de Diálogo del Procés se están llevando a cabo.

Para Alcaraz, la auditoría es «un buen instrumento» para evaluar con ERC «lo que está funcionando, lo que se puede mejorar, y lo que no está funcionando y hay que enderezar o buscar alternativas». «Si no estaríamos haciendo un flaco favor y no seríamos fieles a lo que dijimos a los electores», ha apuntado.

Josep Rius Alcaraz ha recordado que en el Acuerdo de Gobierno de coalición ERC y JxCat las partes se comprometieron «a trabajar en una alternativa en paralelo a la Mesa de Diálogo del Procés».

Concretamente, pactaron que se crearía un «espacio colegiado con todos los partidos separatistas (ERC, JxCat, CUP, etc.) y las entidades separatistas (Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural, etc.) para consensuar la próxima propuesta para conseguir» la separación de Cataluña del resto de España.

A pesar del acuerdo gubernamental de coalición secesionista, Alcaraz ha lamentado que «este espacio no existe» del separatismo para trabajar sobre una «alternativa» si fracasa la Mesa del Procés.

El vicepresidente de JxCat ha asegurado que por parte del partido del golpista fugado Carles Puigdemont Casamajò hay «toda la voluntad» de que se forme dicha «alternativa» a la Mesa del Procés.

Alcaraz avanzó que este aspecto también será uno de los que «centrará la auditoría» del Acuerdo de Gobierno con ERC que «JxCat está llevando a cabo».

PROHIBICIÓN DEL ESPAÑOL/CASTELLANO EN CATALUÑA

Otro de los puntos que ha traído conflictos entre ambos partidos de la coalición gubernamental antiespañola y separatista es la respuesta que debe darse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Gobierno de la Generalidad de Cataluña y las direcciones de los Centros Educativos en Cataluña a aplicar y garantizar el 25% de clases en castellano/español (6 horas semanales) al comprobar el TSJC en su sentencia, avalada por el Tribunal Supremo, el uso «residual de 2 %» del idioma español/castellano en algunos centros educativos en la Comunidad autónoma de Cataluña.

En un inicio, ERC, PSC (PSOE), JxCat y Podemos Cataluña (los Comunes) llegaron a un acuerdo para modificar la ley de Política Lingüística separatista de 1998 —la llamada Normalización Lingüística del catalán que es una prohibición del idioma español/castellano en toda regla en Cataluña—, pero JxCat acabó desmarcándose del acuerdo tras constatar «la falta de consenso» en el separatismo que generó la propuesta entre las entidades separatistas y CUP, que ni firmó, en defensa de la prohibición del español/castellano en Cataluña.

Aunque la nueva medida separatista, que reforma la prohibición del español/castellano de 1998, admite la enseñanza en español (el 25 % de clase en castellano/español) sigue manteniendo la misma prohibición al contradecir la sentencia del TSJC cuando dicho acuerdo alcanzado entre ERC, PSC (PSOE) y Podemos Cataluña dice claramente que solo las Direcciones de los Centros Educativos podrán evaluar si es necesario aplicar la sentencia o no. Es decir, nadie lo solicite no se aplica o si las familias catalanas que lo solicitan no son mayoritarias tampoco los niños catalanes podrán recibir su 6 horas semanales de clase en español/castellano. Mientras la sentenci firme del TSJC dice claramente que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y las Direcciones de los Centros Educativos deben garantizar y aplicar el 25 % de clase en español/castellano que lo solicite o no una sola familia catalana.

Según Alcaraz que es también diputado de JxCat por Barcelona al Parlamento de Cataluña, desde el Grupo Parlamentario de JxCat llevan días trabajando con entidades separatistas del sector educativo y organizaciones secesionistas hispanófobas para prohibir el español/castellano en la Enseñanza en cataluña y para hacer «ajustes» a la modificación y que pueda ser de «consenso político y social» del dialecto catalán.

Además, el vicepresidente de JxCat confía en que «nadie se descuelgue» del nuevo acuerdo de prohibición del idioma español/castellano en Cataluña una vez se actualice con las nuevas modificaciones pactadas con entidades hispanófobas, en referencia al PSC (PSOE) y Podemos Cataluña (los Comunes). »

La Inmersión Lingüística (prohibición del español/castellano) siempre ha contado con un amplio consenso en Cataluña y esperamos y confiamos en que este amplio consenso se mantenga», ha dicho Alcaraz.

CORRUPCIÓN DE LAURA BORRÀS CASTANYER (JXCAT): ARTÍCULO 25.4 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Por otro lado, Alcaraz también se refirió a la situación de la presidente del Parlamento de Cataluña y dirigente de JxCat, Laura Borrà Castanyers, que podría ser apartada del cargo si se le abre un juicio oral por corrupción —fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC)—, en aplicación del Reglamento de Cataluña.

Desde JxCat, como no podría ser de otra manera, los de Puigdemont niegan estas acusaciones comprobadas por el juez instructor tanto del Tribunal Supremo como el del TSJC —el Supremo pasó el caso al TSJC cuando Borràs fue elegida diputada de JxCat en febrero de 2021— e insisten en que se trata de una «persecución política» que se quiere «vestir» de corrupción.

De todas formas, si se acaba llegando a juicio se podría suspender a la presidente del Parlamento de Cataluña si se aplica el Artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que estipula que si se abre juicio oral por «delitos de corrupción» a algún miembro de la Mesa del Parlamento de Cataluña se le suspende sus derechos y deberes parlamentarios automáticamente.

Sin embargo, JxCat se ha mostrado «convencido» de que hay «fórmulas» para no tener que aplicar este Artículo, aunque no las ha concretado.

«En casos de persecución política se debe responder políticamente», ha subrayado. En este sentido, ha pedido a todos los Grupos separatistas que hagan «un frente común» en defensa de la imputada Laura Borràs Castanyer. Ha enmarcado este caso Borràs que no tiene absolutamente nada que ver con el Procés dentro de la «causa general contra el separatismo» (Procés).

Josep Rius Alcaraz no ha querido «avanzar escenarios» sobre cómo actuará JxCat si se acaba suspendiendo a Borràs y ha insistido en que desde los Grupos parlamentarios separatistas se está trabajando en una respuesta conjunta así como ocurrió con el caso de los delincuente Joaquim Torra Pla (Quim Torra), expresidente de la Generalidad de Cataluña hasta 2020, y Pau Juvillà Ballester, exdiputado de CUP por Lérida al Parlamento de Cataluña, inhabilitado esta misma legislatura por desobediencia a una resolución de la Junta Electoral Central cuando era concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Lérida y le encantaba exhibir la simbología separatista en edificios públicos, desafiando la Ley Electoral.