¿Quién paga el derroche del psicópata yonqui Pedro Sánchez?

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25.07.2019. El Congreso de los Diputados rechaza la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE). Podemos se abstiene tras no alcanzar un acuerdo y frustra la investidura. El Congreso celebra la segunda votación del pleno de investidura. Sánchez necesitaba más síes que noes para ser elegido presidente de Gobierno del Reino de España. Efe

Barcelona (Reino de España), sábado 13 de enero de 2024 (Manuel I. Cabezas González). ¿Quién paga el derroche del psicópata yonqui Pedro Sánchez Pérez-Castejón? En la lista inconclusa de concesiones (cf. «ut supra»), unas son despilfarros de cuantiosos recursos públicos, despilfarros que fragilizan y contribuyen a poner en entredicho las cuentas públicas y el estado de bienestar.

Según relatan sus biógrafos, cuando Josep Pla llegó a Nueva York, en 1954, sus amigos lo acompañaron a visitar las amplísimas avenidas y los innumerables rascacielos de Manhattan. Y, ante el derroche de luces e iluminaciones, exclamó asombrado: «Y todo esto, ¿quién lo paga?». Hoy, ante el derroche de recursos públicos —tanto crematísticos como no pecuniarios (valores, principios, legalidad, estado de derecho, etc.)— del manirroto Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para conservar cuatro años más su poltrona de la Moncloa, los españoles podemos y debemos preguntarnos, como Josep Pla, «y todo esto, ¿quién lo paga?». Vayamos por partes y por derecho:

Constituye todo un acto de «autonepotismo»

Terminado el escrutinio de las elecciones del 23J y a pesar de haberlas perdido, el psicópata yonqui del poder Pedro Sánchez Pérez-Castejón empezó a remover Roma con Santiago para asegurarse cuatro años más en la Moncloa. Para ello, no dudó en dejarse extorsionar por aquellos que tienen la sartén por el mango: los partidos periféricos minoritarios de las mal llamadas «Comunidades Autónomas (CCAA) históricas».

Y, por eso, el «inquiokupa» de la Moncloa no sólo ha prometido —aunque todavía no se conoce con exactitud la totalidad de sus concesiones— el oro y el moro a sus extorsionadores, sino que ya ha empezado a pagar alguna de las facturas por su permanencia en la Moncloa. Esto constituye todo un acto de «autonepotismo» (uso del cargo y de los recursos públicos para asegurarse la poltrona de Presidente del Gobierno de España, al margen del principio de mérito y capacidad, y del estado de derecho). Sin ánimo de ser exhaustivos, ilustremos lacónicamente algunas de las contrapartidas de Pedro Sánchez a sus extorsionadores.

Las concesiones de Pedro Sánchez a los chantajes nacionalistas

Conocido el escrutinio de las elecciones del 23J, los nacionalistas periféricos (EH Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG) vieron, en la necesidad de apoyos de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa, la gran ocasión para dar jaque mate al Estado de derecho y a la unidad de España. Y no la dejaron escapar, reuniéndose con el «inquiokupa» de la Moncloa en diferentes patios de Monipodio.

Sin entrar en detalles, en estas rufianescas reuniones, Pedro Sánchez Pérez-Castejón hizo una serie de promesas no pecuniarias a Cataluña. Por un lado, prometió una «ley de amnistía» para todos los implicados en el proceso independentista de Cataluña y en el golpe de estado de octubre de 2017. Además, se comprometió a propiciar un «referéndum de autodeterminación» de Cataluña, así como una «ley lawfare» para meter en cintura al poder judicial. Por otro lado, ofreció un «trato singular» o «relaciones bilaterales», con mediadores nacionales o internacionales, que implica el reconocimiento del estatus de «nación» para Cataluña.

Ahora bien, el derrochador Pedro Sánchez Pérez-Castejón también ha empezado a aflojar los cordones de la bolsa de los recursos públicos para gastar, como dicen en El Bierzo, a grifo abierto y atender al chantaje de sus extorsionadores. Citemos, a título ilustrativo, algunos de estos chantajes.

Hablar en euskera, gallego y catalán en el Parlamento

En primer lugar, está la compra de pinganillos, para que los diputados puedan hablar en euskera, gallego y catalán en el Parlamento. Esta medida fue ilegal, ya que se implementó antes de que se modificara el Reglamento del Congreso. Fue, además, una medida discriminatoria para los diputados que han mostrado el deseo de hablar en aragonés, asturiano y aranés. Por otro lado, carece de toda lógica y no tiene nada que ver con las necesidades comunicativas. En efecto, se va a traducir del catalán, euskera y gallego al castellano. ¿Y por qué no, si hubiera un real problema de comunicación, del vasco al catalán y gallego; o del catalán al vasco y gallego; o del gallego al catalán y vasco? Todo esto es un despropósito, un simple postureo y un despilfarro de recursos.

En segundo lugar, está el peaje frustrado del estatus del gallego, vasco y catalán como lenguas cooficiales de la UE, exigido por Junts. Para vencer la lógica resistencia de la Unión Europea (UE), España se apresuró a prometer que asumiría el coste: unos 132 millones de euros anuales. Pero, ni por esas. Para la UE, se trata de una propuesta precipitada, no argumentada y algo que no es urgente ni prioritario.

Debemos citar también la red de embajadas(?) de Cataluña por el ancho mundo. Después del cierre provisional, con la aplicación del art. 155 de la Constitución Española, la Generalidad de Cataluña ha vuelto a las andadas, reabriendo y ampliando aún más la red. La última, en noviembre de 2023, en Corea del Sur. Y en estas fruslerías se fueron, en 2021, más de 90 millones de euros.

Por otro lado, hay que referirse a los derroches económicos, durante más de 40 años, por mor de la normalización (?) lingüística del sistema educativo y de la sociedad catalana, mediante la «inmersión lingüística». ¡Tantos recursos humanos y económicos gastados en este capítulo para que, al cabo de varias décadas, los resultados positivos no se vean por ningún sitio, pero sí los negativos! En efecto, según los sucesivos informes Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), así como las evaluaciones nacionales y catalanas, las competencias lingüísticas en castellano y catalán, los niveles en lecto-escritura, en matemáticas, en conocimientos enciclopédicos, etc. dejan mucho que desear. A lo que hay que añadir el lógico fracaso y abandono escolares, la repetición de curso, etc..

Para no cansar enumerando otros muchos despilfarros económicos, es obligado subrayar la condonación (15.000 millones de euros) de una parte de la astronómica deuda (450.000 millones de euros) de Cataluña, hija pródiga donde las haya. Y, por supuesto, hay que citar el maná de los fondos «Next Generation» de la UE: Cataluña, como no podía ser de otra manera, ha sido la primera receptora (hasta ahora, el 18% del total de los fondos para España).

Ante este derroche de recursos públicos y como reza ese aforismo popular del «culo veo, culo quiero», las otras CCAA díscolas no han dudado en exigir el mismo trato dado a Cataluña. Y no sólo eso. Como uno de los «Hermanos Marx» que siempre quería «dos huevos duros más», también han aumentado y diversificado, conociendo el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, las exigencias-chantajes.

¿Y quién las paga todas estas extorsiones? 

En la lista inconclusa de concesiones (cf. «ut supra»), unas son despilfarros de cuantiosos recursos públicos, despilfarros que fragilizan y contribuyen a poner en entredicho las cuentas públicas y el estado de bienestar. Otras (amnistía, referéndum, independencia, etc.) atacan las bases del Estado de derecho, lo que provoca un peligroso quebranto de la democracia, de la seguridad jurídica, etc., preludio de todo tipo de arbitrariedades y de un arriesgado cambio de régimen.

«Y todo esto, ¿quién lo paga?», podemos y debemos preguntarnos. Todo esto lo pagarán los españoles honestos, leales, ejemplares, decentes, virtuosos y respetuosos con la legalidad vigente, víctimas de un «Estado anti-Robin Hood» y de un yonqui del poder.

Por un lado, al tener que satisfacer los chantajes de las CCAA-hijas pródigas, la inmensa mayoría de los españoles veremos incrementados los impuestos, para hacer frente a los despilfarros, generadores de déficit y de deuda galopantes. Y, por el otro, deberán arrostrar problemas sin cuento al haber sido degradado el estado de bienestar y el estado de derecho, que tanto costaron crear. Como dijo alguien de cuyo nombre no puedo acordarme, «a veces es necesario y forzoso que un hombre se sacrifique por un pueblo, pero nunca que un pueblo entero deba sacrificarse por un hombre».

Manuel I. Cabezas González