Lasvocesdelpueblo – El nuevo ministro de Educación del Gobierno de la Nación ha garantizado este lunes el cobro de 6.000 euros para la escolarización en lengua oficial de la patria: el «español», para cada niño de familia catalana de lengua materna el «español» que vaya en una escuela privada porque lamentablemente, el Gobierno autonómico secesionista de Juntos Por El Sí (JxSí) y la CUP prohíben la educación «español» desoyendo así a las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) –en algún centro se reparte las clases de lengua española en lengua regional: el «catalán» y todo ello con un material escolar muy pobre, tal como denuncia una madre catalana que se emociona y llora en directo–. Madrid (España), martes 29 de noviembre de 2016. Fotografía: Un grupo de niños a su llegada al colegio este jueves 10 de septiembre 2015. Archivo Efe.
En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, Méndez de Vigo ha asegurado que el Ministerio no tiene «ningún enfrentamiento en estos momentos «con ningún territorio, pero ha admitido que la consejera le ha pedido la derogación de los 6.000 euros por niño catalán de lengua materna el «español».
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha negado este lunes a derogar la disposición adicional 38 de la LOMCE que regula el pago por parte de la Generalidad de 6.000 euros por cada la escuela privada de cada niño que se quiera escolarizar en español en Cataluña, tal y como le ha pedido Meritxell Ruiz, la separatista antiespañola consejera de Enseñanza del gobierno autonómico de Cataluña.
En todo caso, el ministro se ha comprometido a debatir la cuestión en la subcomisión para el pacto de Estado de Educación que se creará en el Congreso.
Ambos han expuesto sus diferencias sobre esta cuestión a lo largo de la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar en Madrid, donde el Ministerio ha expuesto las bases de la modificación del decreto de reválidas.
La separatista Meritxell Ruiz ya ha avanzado que el gobierno antiespañol de Carles Puigdemont Casamajó mantendrá las pruebas de las Pruebas de Acceso a la Universidad en Cataluña (PAU) y de evaluación tal como ha hecho hasta ahora, independientemente del contenido del acuerdo.
Méndez de Vigo ha mostrado «convencido» de que el acuerdo para las pruebas de acceso a la universidad «se aplicará en todo el Estado».
Al salir de la reunión la consejera xenófoba catalanista ha explicado que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, así como el País Vasco y Canarias, han apoyado su petición para que se derogue el punto de la Ley que establece los 6.000 euros por cada niño catalán que quiere escolarizarse en español en una escuela privada.
«Si realmente hay voluntad de que las pruebas sean diagnósticas y competenciales este decreto lo que tiene que hacer es respetar las competencias de las Comunidades Autónomas», dijo la separatista Ruiz. Pero el ministerio «no ha aceptado ponerlo» al decreto, añadió.
Segons Ruiz, con esta respuesta Méndez de Vigo ha evitado concretar el «diálogo» que el gobierno asegura que quiere mantener con las comunidades autónomas y especialmente con el secesionismo de JxSí y la CUP.
La consejera catalanista ha explicado que ha propuesto al ministro la derogación de esta parte de la Ley o bien su suspensión hasta que no se alcance un acuerdo para otra ley.
«También nos ha dicho que no, y por tanto de momento el diálogo no lo vemos ninguna parte», ha dicho.
En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, Méndez de Vigo ha asegurado que el Ministerio no tiene «ningún enfrentamiento en estos momentos «con ningún territorio, pero ha admitido que la consejera le ha pedido la derogación de los 6.000 euros por niño catalán de lengua materna el «español».
«Le he dicho que este decreto ley de medidas urgentes era para el calendario de aplicación de la LOMCE, y que por tanto este tema no entraba dentro del ámbito de aplicación de este decreto ley», sentenció la separatista.
«Pero le he prometido que este tema se tratará en la subcomisión, y así será, en un debate tranquilo y no crispado». «Me he comprometido a llevar este tema a la subcomisión que el 1 de diciembre comenzará su tarea», sentenció la enviada del Gobierno separatista de Carles Puigdemont.
