Sentencia 5201/2020 del 25 % de clase en castellano| «El uso del español en Cataluña es residual en la Educación» 

.La sentencia comprueba que: «Concretamente», 179 de los 184 centros educativos en Cataluña «cumplen» el «estándar» de «un 2% de clase en castellano» en la «educación primaria y un 12%» para el «bachillerato»
.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comprueba que el uso del español/castellano en Cataluña como lengua vehicular es residual: «De la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de modo que se constata una infracción del marco jurídico vigente»

FOTOGRAFÍA.BARCELONA (ESPAÑA), 20.01.2021. Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Efe

Redacción.- Barcelona (España), ​​viernes 16 de diciembre de 2020. «Hemos resuelto. Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, declarando la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de garantizar que, en las enseñanzas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso». 

El texto íntegro de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25 % de clase en español/castellano 86 horas semanales) en Cataluña. El diario digital Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo) ofrece el texto (PDF) en español y en catalán.

«Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sala del Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Recurso núm. 168/2015.

Sentencia Nº. 5201/2020.

Ilmos. Sres. y Sras.:

Presidente Sr. Javier Aguayo Mejía.

Magistrados: Sr. José Manuel de Soler Bigas, Sr. Francisco José Sospedra Navas, Sr. Pedro Luis García Muñoz Eduard Paricio Rallo, Dª. Elsa Puig Muñoz, Dª. Rosa Maria Muñoz Rodón.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sección quinta, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 168/2015, interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actualmente Ministerio de Educación y Formación Profesional, representado y dirigido por el Abogado del Estado, siendo parte demandada el Departamento de Enseñanza, actualmente Departamento de Educación, representado y dirigido por el Letrado de la Generalidad de Cataluña. Ha sido ponente el magistrado Ilmo. Sr. Eduard Paricio Rallo, que expresa la opinión de la Sala.

ANTECEDENTES PRIMERO

En fecha 24 de abril de 2015 la representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso, dirigido contra:

a) la inactividad de la Generalidad de Cataluña omitiendo todo posible desarrollo normativo que, en aplicación de los artículos 3.1, 14 y 27.1 de la Constitución y la disposición adicional 38ª de la LOE, haya fijado el uso del castellano en proporción razonable para su impartición ordinaria en las aulas y no mediante atención individualizada, e incumpliendo la obligación legal de garantizar el enseñanza en castellano como lengua vehicular normal, sin determinar en qué horarios y materias se utilizará;

b) contra la resolución ENS/280/2015, publicada en el DOGC el 25 de febrero, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, y otros centros educativos, en diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos, para el curso 2015-2016;

c) contra la resolución ENS/505/2016, de 25 de febrero, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula para el curso 2016-2017;

y d) contra la resolución ENS/406/2017, de 24 de febrero, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros del Servicio de Educación de Cataluña y otros centros educativos, en las diversas enseñanzas sostenidos con fondos públicos, para el curso 2017-2018.

SEGUNDO

En fecha 20 de julio de 2015 la parte actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que:

a/ Anule la resolución ENS/280/2015, restablezca la situación jurídica de los alumnos ordenando la corrección de el impreso de preinscripción y remitiendo el mismo a los padres o publicándolo en los diarios oficiales y en tres diarios no oficiales de mayor difusión, informándoles que la utilización del castellano no queda limitada al primer curso de la enseñanza infantil a lo que se incorpora al alumno ni a la atención individualizada del mismo y que constituye lengua vehicular junto con el catalán en todos los cursos, se informe además del derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual del alumno y se haga posible el ejercicio de este derecho mediante una casilla en el impreso de preinscripción o bien por un medio no desproporcionado.

b/ Ordene la adopción de tamaños de ejecución para que todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales en régimen de igualdad o, subsidiariamente, en los porcentajes que se determinen , que no deben ser inferiores al 25% en ninguna de las dos lenguas oficiales.

Se fundamenta el recurso en los siguientes motivos:

A/ Que el régimen vigente en el sistema educativo de Cataluña es el de conjunción lingüística, de forma que ambas lenguas oficiales deben estar presentes como lengua vehicular en una proporción igual, o en la proporción que motivada y excepcionalmente establezca la Generalidad en caso de que constate un déficit de normalización de alguna de las dos lenguas, respetando el mínimo del 25%, en el bien entendido que la Administración no tiene margen de discrecionalidad en este ámbito; así, no habiendo establecido la Generalidad los porcentajes correspondientes y debiéndose considerar ya normalizado el uso del catalán, debe concluirse que corresponde el 50% a cada lengua, porcentaje que la Generalidad no garantiza;

y B/ Que los alumnos tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, como reconoce el artículo 21.2 de la Ley 1/98 de normalización lingüística, precepto que no puede considerarse derogado por la Ley 12/09 de Educación de Cataluña, que artículo 11.4 se limita a añadir el derecho a recibir una atención lingüística individualizada, siendo así que la resolución impugnada no incluye este derecho que debe ser facilitado por la Administración educativa.

TERCERO

Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos alegados, pidió que no se admita este recurso o, en todo caso , que se desestime lo mismo con imposición de las costas procesales a la actora.

CUARTO

Mediante autos de fechas 27 de mayo de 2016 y 11 de mayo de 2017 se amplió este recurso sucesivamente a las resoluciones ENS/505/2016 y ENS/406/2017 de preinscripción y matricula respectivamente para los cursos 2016-17 y 2017-18. La recurrente pidió la anulación de los preceptos impugnados de las citadas resoluciones y la representación de la demandada pidió la desestimación de las ampliaciones de los recursos.

QUINTO

Mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2016 se fijó la cuantía de este proceso como indeterminada. Acto seguido, se practicó la prueba admitida con el resultado que consta en los actos. Posteriormente, las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

SEXTO

Mediante diligencia final de fecha 5 de noviembre de 2019 se requirió a la demandada a los efectos de informar sobre los centros públicos y concertados en los que se imparten las enseñanzas utilizando la lengua castellana al menos en un 25% de las horas lectivas, incluyendo la enseñanza de dicha lengua y, al menos, otra asignatura troncal o similar. Esta diligencia final se reiteró por provisiones de 13 de enero y 12 de marzo de 2020 y fue cumplimentada mediante informe de 21 de agosto de 2020 que fue trasladado a las partes a efectos de formular alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto del recurso y reparos procesales que opone la demandada. El Abogado del Estado impugna, en primer lugar, la inactividad de la Generalidad de Cataluña consistente en la omisión del despliegue normativo en aplicación de los artículos 3.1, 14 y 27.1 de la Constitución y la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica 2 /06 de Educación, así como el incumplimiento de su obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular normal, no habiendo determinado los horarios y materias en los que esta lengua debe utilizarse.

Impugna simultáneamente la Resolución ENS/280/2015 sobre inscripción en los centros educativos catalanes, al entender que restringe la utilización del castellano al primer curso de la enseñanza infantil en la que se incorpore el alumno y mediante atención individualizada, restricción que afecta también al formulario que la resolución establece al efecto. Posteriormente el recurso se amplió sucesivamente a las Resoluciones ENS/505/2016 y ENS/406/2017, de preinscripción y matricula para el curso 2016-17, y para el curso 2017-18, respectivamente.

La representación de la Generalidad de Cataluña opone varios motivos de inadmisibilidad del recurso. En primer lugar, en cuanto a la impugnación de la inactividad de la Administración, alega la carencia del requerimiento previo previsto en el artículo 29 de la Ley jurisdiccional.

También alega la carencia de legitimación de la Administración del Estado. Argumenta en este sentido que el recurso por inactividad del artículo 29 de la Ley jurisdiccional se circunscribe a los supuestos en los que exista una obligación administrativa de llevar a cabo una concreta prestación, de forma que sólo pueden reclamar aquellos que sean beneficiarios de la prestación no desplegada.

Concluye en este sentido que, en su caso, la recurrente debería haber planteado un conflicto negativo de competencias de acuerdo con lo que prevé el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El letrado de la Generalidad de Cataluña alega finalmente que el recurso es igualmente inadmisible en el tamaño que estaríamos en todo caso ante una inactividad no impugnable; esto es, que no resulta admisible el recurso por inactividad en los supuestos en los que la Administración dispone de un margen de actuación o cuando sea necesario un acto concreto de aplicación, siendo así que en el caso impugnado se reclama la necesidad de un despliegue normativo, despliegue respecto del cual la Administración dispone de un margen de discrecionalidad.

SEGUNDO

Sobre los motivos de inadmisibilidad del recurso Hay que desestimar los mencionados motivos de inadmisibilidad. Así, ciertamente el artículo 29 de la Ley jurisdiccional regula el recurso contra la inactividad material de la Administración, disponiendo por esta acción la necesidad de requerir previamente a la Administración antes de plantear la reclamación judicial. Sin embargo, si bien es cierto que la Administración del Estado impugna una inactividad de la Generalidad de Cataluña, no invoca específicamente el artículo 29 citado, ni propiamente plantea un supuesto de inactividad material que responda al perfil de dicho precepto.

Sucede que tanto la recurrente como la demandada son Administraciones públicas que actúan como tales, de forma que resulta de aplicación al caso el régimen previsto en el artículo 44 de la Ley jurisdiccional, régimen que incluye la acción por inactividad y desplaza la regulación de el artículo 29.

Pues bien, el artículo 44 contempla igualmente la posibilidad de un requerimiento previo, pero se trata de una opción facultativa según se deduce de la propia dicción literal del precepto y según ha establecido la jurisprudencia (Tribunal Supremo, sentencia de 3 de febrero de 2010 -rec. 1588/2006-). Se trata de una oportunidad para explorar una vía de solución extrajudicial, pero en este caso el requerimiento previo no es una condición de acceso a la jurisdicción.

En cuanto a la legitimación de la Administración del Estado, no puede haber duda sobre su competencia en materia de enseñanza en general, y específicamente en lo que se refiere a la utilización vehicular de las lenguas oficiales. Una competencia que queda arraigada en la propia Constitución -artículo 149.1.30- y que ha sido reiteradamente confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto para regular con carácter básico el número de horas de enseñanza en castellano -STC 15/13 FJ 4-, como en lo que se refiere a la vigilancia de los derechos lingüísticos en el sistema educativo -STC 337/94-. La Ley Orgánica 2/06 refleja esta competencia atribuyendo a la Alta Inspección del Estado el control de la utilización de las lenguas en la enseñanza -artículo 150 y DA 38-, siguiendo en este punto lo establecido y reiterado ya por lo pronto por la jurisprudencia constitucional -STC 6/82-.

En definitiva, no cabe duda sobre la competencia del Estado en esta materia, competencia que le atribuye plena legitimación para interponer el recurso. Por último, en lo que se refiere al encaje de la acción ejercida por la Abogacía del Estado, ya se ha avanzado que no estamos propiamente ante un recurso planteado de acuerdo con el artículo 29 de la Ley jurisdiccional, sino ante una acción interadministrativa que queda definida en los términos más amplios del artículo 44.

El caso es que, cuanto más adelante se dirá, las cuotas de utilización vehicular de las lenguas oficiales no quedan predeterminadas de forma rígida en el ordenamiento, pueden adaptarse a las circunstancias del caso y al grado de normalización de las mismas, que no es homogéneo en todo el territorio -STC 337/94-.

Esta adaptación a las circunstancias de los alumnos y de los centros admite inicialmente un margen de actuación y de organización que no queda determinado en la norma y admite asimismo un grado de apreciación que puede manifestarse en aspectos como la introducción de una tercera lengua vehicular, aparte del margen que quede para la autonomía de los centros.

La jurisprudencia ha establecido que, en principio, la inactividad no es susceptible de control jurisdiccional en los casos en que la Administración dispone de un margen de actuación o apreciación, (v. gr. STS de 14 de diciembre de 2007, RC 7081 /2004), como ocurre habitualmente en el caso de la potestad normativa.

Ahora bien sí que ha admitido la posibilidad de control jurisdiccional en alguna situación, concretamente «cuando tal omisión sea considerada de un incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la ley o de una norma de Derecho europeo que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio de la norma reglamentaria determine la creación implícita de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico» (Tribunal Supremo, sentencia de 16 de junio de 2015, RC. 635/2014).

En definitiva, la actuación de la Administración queda sometida al control judicial por imperativo del artículo 106 de la Constitución. Esta actuación sólo puede resultar inmune en los ámbitos en los que no existan parámetros jurídicos de control.

Así pues, la admisibilidad procesal de la acción de la recurrente por inactividad queda reenviada en este caso al debate de fondo. Será admisible en la medida en que se constate que, como consecuencia de la carencia de actuación normativa, de acto ejecutivo o del ejercicio de la función de control por parte de la Administración educativa aplicando el marco jurídico relativo al uso vehicular de las lenguas oficiales en la enseñanza, la situación resultante contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico.

TERCERO

El sistema de conjunción lingüística. En lo que aquí interesa, el marco jurídico en el que se inserta el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza es el siguiente:

– El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir la enseñanza en catalán, que debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje. Este mismo precepto dispone que los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual.

– La Ley 12/09, de Educación de Cataluña, reitera el anterior planteamiento pero, asimismo, admite la posibilidad de impartir contenidos curriculares o desarrollar otras actividades educativas en una lengua extranjera. Dispone a la vez que el uso de las lenguas vehiculares se concreta en el proyecto lingüístico del centro -artículos 12.3, 14 y 92-.

– Ya desde la sentencia núm. 87/83 el Tribunal Constitucional ha establecido que la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que todas deben tener un uso vehicular normal en la enseñanza.

– Este régimen de conjunción no responde a un derecho subjetivo de los alumnos, sino que es consecuencia de la misma oficialidad de la lengua. Condición ésta que, como se ha dicho, impone necesariamente su uso vehicular -STC 337/94 y 31/10-.

– En este aspecto el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el sentido de que la falta de referencia explícita del precepto al uso vehicular de la lengua castellana no suponía negar su uso normal en los mismos términos que el uso normal del catalán -STC 31/10, FJ 24-.

– La Ley Orgánica 2/06, de Educación, refleja la anterior doctrina en su disposición adicional 38ª. Esta disposición aborda el régimen lingüístico de la enseñanza en las comunidades autónomas que disponen de dos lenguas oficiales. Prevé en este sentido un primer modelo que integre el uso vehicular simultáneo de las dos lenguas oficiales, con la posibilidad de incluir lenguas extranjeras -apartado 4.b/-; o bien un modelo de dos líneas, una en cada lengua oficial, con la única excepción de la enseñanza de las propias lenguas oficiales que debe realizarse necesariamente en la propia lengua. Un modelo binario éste que ya había sido admitido históricamente por el Tribunal Constitucional -STC 137/86-.

– En Cataluña, el Estatuto de Autonomía impide taxativamente la segregación de los alumnos por grupos o aulas en función de la lengua, circunstancia que impone el modelo de una única línea de enseñanza bilingüe; esto es, un modelo de conjunción lingüística.

– El uso vehicular normal de ambas lenguas no debe ser necesariamente simétrico. El peso de una lengua u otra se puede adaptar a las circunstancias. En este sentido se ha admitido ya por lo pronto un uso superior del catalán en atención a la necesidad de normalización de esta lengua -STC 337/94, FJ10-. Esta asimetría ha quedado normativamente reflejada en la DA 38, apartado 4.b/ de la Ley Orgánica 2/06, de Educación.

– La referencia a la inmersión lingüística del artículo 15 de la Ley 12/09, de Educación de Cataluña, no debe ser entendida como un mandato de enseñanza monolingüe sino como una herramienta de normalización lingüística del catalán; esto es, la posición de esta lengua como centro de gravedad del sistema cuando su normalización así lo exija, como ha admitido el Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica 2/06. Esto no significa la exclusión del castellano como lengua covehicular o su reducción a una presencia residual. Cabe decir que la Ley 12/09 fue objeto de recurso de inconstitucionalidad en lo que se refiere al régimen lingüístico de la enseñanza y, si bien el artículo 15 no fue objeto de impugnación específica, el Tribunal admitió la constitucionalidad de dicho modelo en la sentencia núm. 51/19.

– En el análisis de los casos individuales planteados hasta el momento la jurisprudencia de este mismo Tribunal y la del Tribunal Supremo ha establecido que, con independencia de que el modelo admita flexibilidad en función de las circunstancias, existe un mínimo por debajo del que no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcance la condición de normal en el sistema. En este sentido, se ha fijado un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas. Un porcentaje que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, debe incluir íntegramente al menos el de otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo -STS de 24 de septiembre de 2013, recurso núm. 3011/2012-.

– Como se ha mencionado, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la naturaleza oficial de las dos lenguas impone necesariamente su uso vehicular en la enseñanza, sin que pueda establecerse la condición de alguna de las dos lenguas como preferente, independientemente de las situaciones en las que la necesidad de normalización lingüística u otras circunstancias impongan un uso más intensivo de una u otra.

– Tanto el Estado como la Generalidad de Cataluña son competentes para determinar el uso vehicular de las lenguas oficiales en la enseñanza (STC 337/94 y STC 31/10). Le corresponde a la Generalitat concretar el régimen final que deriva de la conjunción de ambas ordenaciones. También le corresponde en su calidad de Administración ejecutiva en la materia la responsabilidad de controlar la aplicación del régimen lingüístico que resulte, sin perjuicio de la competencia de la Alta Inspección de Enseñanza de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 y ss de la Ley Orgánica 2/06.

– Asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/06, los centros escolares disponen de autonomía para determinar el proyecto educativo. Un instrumento que tiene el objetivo de adaptar la prestación del servicio atendiendo a la diversidad, las circunstancias del lugar y las necesidades del alumnado, específicamente en orden a su integración -artículos 120 y 121-.

En este sentido, la Ley 12/09, de Educación de Cataluña, incluye específicamente un proyecto lingüístico en el proyecto educativo de cada centro. Proyecto aquél que debe responder a la realidad sociolingüística del entorno –artículos 14 y 91-.

En consecuencia, los centros pueden incidir también en la determinación final del uso vehicular de las lenguas, en el marco de la normativa establecida por el Estado y por la Generalidad de Cataluña.

Estas son las metas del régimen jurídico que hay que tener presentes.

En cuanto a la situación material del uso vehicular de una y otra lengua oficial en el servicio de educación, se requirió en su momento al Departamento de Enseñanza para aportar los datos correspondientes, resultando que va manifestar que no disponía de esa información ni podía obtenerla sin un esfuerzo desproporcionado.

Dada la situación se requirió un muestreo al efecto, considerando que lo relevante no es tanto la situación exacta sino el estado de la cuestión a efectos del objeto del recurso, que es comprobar una eventual inactividad de la Administración demandada.

El caso es que, de acuerdo con la información aportada por el Departamento en respuesta al anterior requerimiento, la muestra analizada pone de manifiesto que la media de horas de utilización del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la educación primaria, del 19% en los centros de educación secundaria obligatoria y del 26% en el caso del bachillerato.

Asimismo, sólo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en lengua castellana un 25% de las áreas o materias, de las que al menos una es troncal aparte de la enseñanza del castellano, en todos los cursos o grupos.

Concretamente, cumplen este estándar un 2% de los centros de educación primaria y un 12% de los centros de bachillerato. Pues bien, del marco jurídico antes glosado y del resultado de la prueba practicada en estas actuaciones se desprenden las siguientes conclusiones:

− La Generalidad de Cataluña resulta competente y responsable a efectos de determinar la aplicación del régimen lingüístico, y hacerlo de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 2/06, la Ley 12/09, de Educación de Cataluña, y el resto del ordenamiento.

− De la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de modo que se constata una infracción del marco jurídico vigente.

− Esta situación resulta contraria a la Constitución de acuerdo con la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, y legitima una acción jurisdiccional contra la inactividad de la Generalidad de Cataluña.

− La Generalitat no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios a efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, ni ha ejercido una actividad de control susceptible de evitar dicha situación.

− Esta sentencia no debe entrar en los aspectos sometidos a un grado de apreciación, aspectos en los que los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración. Ahora bien, sí corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permita enderezar la actual situación contraria al ordenamiento. Esto es, la determinación de un nivel mínimo de utilización vehicular de la lengua oficial por debajo del cual debe entenderse que se infringe el imperativo de uso ordinario y normal de la misma en la enseñanza. Esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, debe incluir íntegramente al menos la de otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo.

− El resto deberá ser determinado por la propia Administración o por los centros docentes en atención a circunstancias como el estado de normalización de las respectivas lenguas oficiales según el lugar o la incorporación vehicular de terceras lenguas. Las anteriores consideraciones nos llevan a estimar parcialmente este recurso en el sentido de establecer la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de garantizar en el sistema educativo de Cataluña un uso vehicular normal de ambas lenguas oficiales en los términos citados, tanto en lo referente al porcentaje mínimo como al contenido, a efectos de evitar un uso simbólico o residual. Uso que debe quedar referido al conjunto de los alumnos.

CUARTO

El régimen de la primera enseñanza y las resoluciones de preinscripción. En su momento, el Tribunal Constitucional validó el sistema de conjunción o integración lingüística.

La sentencia núm. 337/94 pone de manifiesto en este sentido que dicho sistema de conjunción lleva implícita la habilitación de medios de apoyo pedagógico a los alumnos de nueva incorporación, a efectos de facilitar su integración en cuanto a la lengua que no dominen.

A estos efectos el artículo 14.2 de la Ley 7/83, primero, y después el artículo 21.2 de la Ley 1/98, establecieron el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el español, con el consiguiente derecho de opción de los padres.

Este derecho de opción tenía un origen legal, no constitucional pues, según ha quedado establecido, del derecho a la enseñanza reconocida en el artículo 27 CE no se deriva por sí mismo un derecho de opción por parte de los usuarios con respecto a la lengua vehicular (STC 337/94, FJ 9º).

De acuerdo con el citado marco legal, este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en su momento la necesidad de que la resolución de preinscripción permitiera a los padres efectuar dicha opción lingüística en el ámbito de la educación infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria.

Ahora bien, la Ley 12/09, de Educación, no incorpora el planteamiento anterior. Introduce otra alternativa de integración en el sistema que es la ya apuntada en el artículo 35.4 EAC. Esto es, un sistema individualizado de acogida específicamente en el aspecto lingüístico -artículo 10.2-.

En este sentido, el artículo 12.3 reconoce a los padres y tutores la posibilidad de instar la atención lingüística individualizada por la primera enseñanza. La cuestión es si, como defiende el Abogado del Estado, sigue subsistiendo la alternativa de enseñanza monolingüe en la primera enseñanza según lo reconocido históricamente por la Ley de normalización lingüística y la Ley de política lingüística, o bien esta posibilidad ha sido sustituida por el nuevo planteamiento de atención pedagógica o refuerzo lingüístico individualizado introducido por la Ley 9/12, de educación.

Pues bien, hay que considerar en este sentido que la Ley 9/12 ha establecido un nuevo sistema de integración en la enseñanza que desplaza a la anterior. En efecto, en primer lugar, cabe remarcar que la opción por el sistema de conjunción o integración lingüística en la enseñanza queda específicamente establecida en el Estatuto de Autonomía, que cierra el paso a la posibilidad de separación de los alumnos por razones lingüísticas.

Un planteamiento éste que no admite la posibilidad de desdoblar varias líneas monolingües de enseñanza -es decir, un sistema de disyunción lingüística-, sin que la primera enseñanza sea una excepción.

En segundo lugar, está claro que lo que introduce la Ley de educación es un concreto sistema de recepción e integración lingüística de los alumnos en el sistema de enseñanza, sistema que por su propia naturaleza y función sustituye al anterior. Hay que añadir que esta previsión responde precisamente a la necesidad de un sistema de acompañamiento pedagógico y lingüístico de los alumnos que lo tengan que menester a los efectos que se puedan integrar en el sistema de enseñanza, función que no es la propia de la enseñanza monolingüe en la lengua habitual del alumno.

Ésta es una conclusión que abonó el Tribunal Supremo a la sentencia de 19 de noviembre de 2013 -recurso 3077/12, particularmente en el auto de aclaración de la sentencia-. Planteamiento que ha sido acogido por este mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (v. gr. sentencia de 23 de febrero de 2015, recurso 310/12). Como se ha argumentado anteriormente, el principio de no discriminación de los alumnos por razón de la lengua establecido en el Estatuto de Autonomía impone un sistema de enseñanza de una única línea bilingüe, sistema que excluye por su propia naturaleza la libertad de opción por parte de los usuarios.

La Ley de Educación de Cataluña ha sido consecuente con este planteamiento, estableciendo al efecto un sistema de apoyo lingüístico a los alumnos que lo requieran a efectos de facilitar su integración en el momento de incorporarse al sistema.

En este contexto, resulta que las resoluciones de preinscripción impugnadas no pueden ser consideradas ilegales al no incorporar un sistema de opción de la lengua vehicular a la primera enseñanza porque, como se ha dicho, esta opción no existe a partir de la ley 12/09.

Por el contrario, el punto 8.7 de dichas resoluciones es consiguiente con la Ley 12/09, de educación, al prever una entrevista del director del centro con los padres, madres o tutores de los alumnos cuya lengua habitual sea el castellano a los efectos que puedan instar una atención lingística individualizada en esta lengua. Una posibilidad que es la prevista en la citada Ley como sistema de acogida. Corresponde en consecuencia desestimar el recurso en lo que se refiere a las resoluciones de preinscripción impugnadas.

QUINTO

No concurren las circunstancias que determinan la imposición los costes procesales. Dados los fundamentos mencionados,

HEMOS RESUELTO

Primero

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Abogado del Estado, declarando la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de garantizar que, en las enseñanzas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso.

Segundo

Desestimar el recurso en el resto.

Tercero

No efectuar pronunciamiento sobre las costas procesales. Notifique esta sentencia, que no es firme. Contra la misma puede deducirse, si procede, recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en la sección 3ª, capítulo III, título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa (LJCA ).

El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 LJCA.

Asimismo, se advierte que en el BOE nº 162, de 16 de julio de 2016, aparece publicado el acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos a los recursos de casación.

Lleve testimonio de las actuaciones principales.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- El día de hoy y en audiencia pública, el Ilmo. SR. Magistrat Ponent ha leído y publicado la sentencia anterior. Doy fe.

Barcelona, ​​viernes 16 de diciembre de 2020″.

La sentencia del 25 % en catalán

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SECCIÓ CINQUENA

Recurs núm. 168/2015 SENTÈNCIA Núm. 5201/2020

Il·lms. Srs. i Sres.: President Sr. Javier Aguayo Mejía

Magistrats

Sr. José Manuel de Soler Bigas

Sr. Francisco José Sospedra Navas

Sr. Pedro Luis García Muñoz

Sr. Eduard Paricio Rallo

Sra. Elsa Puig Muñoz

Sra. Rosa Maria Muñoz Rodón

Barcelona, 16 de desembre de 2020.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena, ha pronunciat la següent sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 168/2015, interposat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actualment Ministerio de Educación y Formación Profesional, representat i dirigit per l’Advocat de l’Estat, essent part demandada el Departament d’Ensenyament, actualment Departament d’Educació, representat i dirigit pel Lletrat de la Generalitat.

Ha estat ponent el magistrat Il·lm. Sr. Eduard Paricio Rallo, que expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS PRIMER

En data 24 d’abril de 2015 la representació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va presentar en la secretaria d’aquesta Sala escrit d’interposició del present recurs, adreçat contra:

a) la inactivitat de la Generalitat de Catalunya ometent tot possible desenvolupament normatiu que, en aplicació dels articles 3.1, 14 i 27.1 de la Constitució i la disposició addicional 38a de la LOE, hagi fixat l’ús del castellà en proporció raonable per a la seva impartició ordinària a les aules i no mitjançant atenció individualitzada, i incomplint l’obligació legal de garantir l’ensenyament en castellà com a llengua vehicular normal, sense determinar en quins horaris i matèries es farà servir;

b) contra la resolució ENS/280/2015, publicada al DOGC el 25 de febrer, per la que s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, i altres centres educatius, en diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016;

c) contra la resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la que s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017;

i d) contra la resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la que s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes en els centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

SEGON

En data 20 de juliol de 2015 la part actora va presentar escrit de demanda mitjançant el qual va demanar sentència que:

a/ Anul·li la resolució ENS/280/2015, restableixi la situació jurídica dels alumnes tot ordenant la correcció de l’imprès de preinscripció i trametent el mateix als pares o publicant-lo als diaris oficials i en tres diaris no oficials de major difusió, informant-los que la utilització del castellà no queda limitada al primer curs de l’ensenyament infantil al que s’incorpora l’alumne ni a l’atenció individualitzada del mateix i que constitueix llengua vehicular juntament amb el català a tots els cursos, s’informi a més del dret a rebre el primer ensenyament en la llengua habitual de l’alumne i es faci possible l’exercici d’aquest dret mitjançant una casella a l’imprès de preinscripció o be per un mitjà no desproporcionat.

b/ Ordeni l’adopció de mides d’execució per tal que tots els alumnes rebin de forma efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular de les dos llengües oficials en règim d’igualtat o, subsidiàriament, en els percentatges que es determinin, que no han de ser inferiors al 25% en cap de les dos llengües oficials.

Hom fonamenta el recurs en els següents motius:

A/ Que el règim vigent en el sistema educatiu de Catalunya és el de conjunció lingüística, de forma que totes dos llengües oficials han se ser-hi presents com a llengua vehicular en una proporció igual, o en la proporció que motivadament i excepcionalment estableixi la Generalitat en cas que constati un dèficit de normalització d’alguna de les dos llengües, respectant el mínim del 25%, en el ben entès que l’Administració no te marge de discrecionalitat en aquest àmbit; així, no havent establert la Generalitat els percentatges corresponents i havent-se de considerar ja normalitzat l’ús del català, cal concloure que correspon el 50% a cada llengua, percentatge que la Generalitat no garanteix;

i B/ Que els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, com reconeix l’article 21.2 de la Llei 1/98 de normalització lingüística, precepte que no es pot considerar derogat per la Llei 12/09 d’Educació de Catalunya, el qual article 11.4 es limita a afegir el dret a rebre una atenció lingüística individualitzada, essent així que la resolució impugnada no inclou aquest dret que ha de ser facilitat per l’Administració educativa.

TERCER

Per la seva part, la representació de l’Administració demandada va formular contestació a la demanda en què, d’acord amb els fets i fonaments al·legats, va demanar que no s’admeti aquest recurs o, en tot cas, que es desestimi el mateix amb imposició de les costes processals a l’actora.

QUART

Mitjançant interlocutòries de dates 27 de maig de 2016 i 11 de maig de 2017 es va ampliar aquest recurs successivament a les resolucions ENS/505/2016 i ENS/406/2017 de preinscripció i matricula respectivament per als cursos 2016-17 i 2017-18. La recurrent va demanar l’anul·lació dels preceptes impugnats de les resolucions esmentades i la representació de la demandada va demanar la desestimació de les ampliacions dels recursos.

CINQUÈ

Mitjançant resolució de data 18 de novembre de 2016 es va fixar la quantia d’aquest procés com indeterminada. Acte seguit, es va practicar la prova admesa amb el resultat que consta als actes. Posteriorment, les parts van formular conclusions tot ratificant llurs respectives pretensions.

SISÈ

Mitjançant diligència final de data 5 de novembre de 2019 es va requerir a la demandada als efectes d’informar sobre els centres públics i concertats en els que s’imparteixen els ensenyaments utilitzant la llengua castellana al menys en un 25% de les hores lectives, incloent-hi l’ensenyament de la pròpia llengua esmentada i, al menys, una altra assignatura troncal o similar. Aquesta diligència final es va reiterar per provisions de 13 de gener i 12 de març de 2020 i va ser complimentada mitjançant informe de 21 d’agost de 2020 que va ser traslladat a les parts als efectes de formular al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Objecte del recurs i objeccions processals que oposa la demandada. L’Advocat de l’Estat impugna, en primer lloc, la inactivitat de la Generalitat de Catalunya consistent en l’omissió del desplegament normatiu en aplicació dels articles 3.1, 14 i 27.1 de la Constitució i la disposició addicional 38 de la Llei Orgànica 2/06 d’Educació, i també l’incompliment de la seva obligació legal de garantir l’ensenyament en castellà com a llengua vehicular normal, no havent determinat els horaris i les matèries en els que aquesta llengua s’ha d’utilitzar.

Impugna simultàniament la Resolució ENS/280/2015 sobre inscripció als centres educatius catalans, en entendre que restringeix la utilització del castellà al primer curs de l’ensenyament infantil en què s’incorpori l’alumne i mitjançant atenció individualitzada, restricció que afecta també el formulari que la resolució estableix a aquest efecte. Posteriorment el recurs es va ampliar successivament a les Resolucions ENS/505/2016 i ENS/406/2017, de preinscripció i matricula per al curs 2016-17, i per al curs 2017-18, respectivament.

La representació de la Generalitat de Catalunya oposa diversos motius d’inadmissibilitat del recurs. En primer lloc, pel que fa a la impugnació de la inactivitat de l’Administració, al·lega la manca del requeriment previ previst a l’article 29 de la Llei jurisdiccional. També al·lega la manca de legitimació de l’Administració de l’Estat. Argumenta en aquest sentit que el recurs per inactivitat de l’article 29 de la Llei jurisdiccional es circumscriu als supòsits en els que hi hagi una obligació administrativa de dur a terme una concreta prestació, de forma que només poden reclamar aquells que siguin beneficiaris de la prestació no desplegada.

Conclou en aquest sentit que, en el seu cas, la recurrent hauria d’haver plantejat un conflicte negatiu de competències d’acord amb el que preveu l’article 71 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

El lletrat de la Generalitat de Catalunya al·lega finalment que el recurs és igualment inadmissible en la mida que estaríem en tot cas davant una inactivitat no impugnable; això és, que no resulta admissible el recurs per inactivitat en els supòsits en els que l’Administració disposa d’un marge d’actuació o quan calgui un acte concret d’aplicació, essent així que en el cas impugnat es reclama la necessitat d’un desplegament normatiu, desplegament respecte el qual l’Administració disposa d’un marge de discrecionalitat.

SEGON

Sobre els motius d’inadmissibilitat del recurs Cal desestimar els esmentats motius d’inadmissibilitat. Així, certament l’article 29 de la Llei jurisdiccional regula el recurs contra la inactivitat material de l’Administració, i disposa per aquesta acció la necessitat de requerir prèviament a l’Administració abans de plantejar la reclamació judicial. Tanmateix, si be és cert que l’Administració de l’Estat impugna una inactivitat de la Generalitat de Catalunya, no invoca específicament l’article 29 esmentat, ni pròpiament planteja un supòsit d’inactivitat material que respongui al perfil de l’esmentat precepte.

Succeeix que tant la recurrent com la demandada son Administracions públiques que actuen com a tals, de forma que resulta aplicable al cas el règim previst a l’article 44 de la Llei jurisdiccional, règim que inclou l’acció per inactivitat i desplaça la regulació de l’article 29. Doncs bé, l’article 44 preveu igualment la possibilitat d’un requeriment previ, però es tracta d’una opció facultativa segons que es dedueix de la pròpia dicció literal del precepte i segons que ha establert la jurisprudència (Tribunal Suprem, sentència de 3 de febrer de 2010 -rec. 1588/2006-). Es tracta d’una oportunitat per explorar una via de solució extrajudicial, però en aquest cas el requeriment previ no és un una condició d’accés a la jurisdicció.

Pel que fa a la legitimació de l’Administració de l’Estat, no pot haver dubte sobre la seva competència en matèria d’ensenyament en general, i específicament en allò que es refereix a la utilització vehicular de les llengües oficials. Una competència que queda arrelada a la mateixa Constitució -article 149.1.30- i que ha estat reiteradament confirmada per la jurisprudència del Tribunal Constitucional, tant per regular amb caràcter bàsic el nombre d’hores d’ensenyament en castellà -STC 15/13 FJ 4-, com pel que fa a la vigilància dels drets lingüístics en el sistema educatiu -STC 337/94-.

La Llei Orgànica 2/06 reflecteix aquesta competència tot atribuint a la l’Alta Inspecció de l’Estat el control de la utilització de les llengües a l’ensenyament -article 150 i DA 38-, seguint en aquest punt allò establert i reiterat ja d’antuvi per la jurisprudència constitucional -STC 6/82-.

En definitiva, no hi ha dubte sobre la competència de l’Estat en aquesta matèria, competència que li atribueix plena legitimació per interposar el recurs. Finalment, en allò que es refereix a l’encaix de l’acció exercida per l’Advocacia de l’Estat, ja s’ha avançat que no estem pròpiament davant d’un recurs plantejat d’acord amb l’article 29 de la Llei jurisdiccional, sinó davant una acció interadministrativa que queda definida en els termes mes amples de l’article 44.

El cas és que, com mes endavant es dirà, les quotes d’utilització vehicular de les llengües oficials no queden predeterminades de forma rígida a l’ordenament, es poden adaptar a les circumstàncies del cas i al grau de normalització de les mateixes, que no és homogeni a tot el territori -STC 337/94-.

Aquesta adaptació a les circumstàncies dels alumnes i dels centres admet inicialment un marge d’actuació i d’organització que no queda determinat a la norma i admet així mateix un grau d’apreciació que es pot manifestar en aspectes com ara la introducció d’una tercera llengua vehicular, a banda del marge que resti per a l’autonomia dels centres.

La jurisprudència ha establert que, en principi, la inactivitat no és susceptible de control jurisdiccional en els casos que l’Administració disposa d’un marge d’actuació o apreciació, (v. gr. STS de 14 de desembre de 2007, RC 7081/2004), com succeeix habitualment en el cas de la potestat normativa. Ara bé sí que ha admès la possibilitat de control jurisdiccional en alguna situació, concretament «cuando tal omisión sea considerada de un incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la ley o de una norma de Derecho europeo que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio de la norma reglamentaria determine la creación implícita de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico» (Tribunal Suprem, sentència de 16 de juny de 2015, RC. 635/2014).

En definitiva, l’actuació de l’Administració queda sotmesa al control judicial per imperatiu de l’article 106 de la Constitució. Aquesta actuació només pot resultar immune en els àmbits en els que no existeixin paràmetres jurídics de control.

Així doncs, l’admissibilitat processal de l’acció de la recurrent per inactivitat queda reenviada en aquest cas al debat de fons. Serà admissible en la mesura que es constati que, com a conseqüència de la manca d’actuació normativa, d’acte executiu o de l’exercici de la funció de control per part de l’Administració educativa aplicant el marc jurídic relatiu a l’ús vehicular de les llengües oficials a l’ensenyament, la situació que en resulta esdevingui contrària a la Constitució o a l’ordenament jurídic.

TERCER

El sistema de conjunció lingüística. En allò que ací interessa, el marc jurídic en el que s’insereix l’ús vehicular de les llengües a l’ensenyament és el següent:

– L’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret dels ciutadans a rebre l’ensenyament en català, que s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Aquest mateix precepte disposa que els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups de classe diferents per raó de llur llengua habitual.

– La Llei 12/09, d’Educació de Catalunya, reitera l’anterior plantejament però, així mateix, admet la possibilitat d’impartir continguts curriculars o desplegar altres activitats educatives en una llengua estrangera. Disposa alhora que l’ús de les llengües vehiculars es concreta en el projecte lingüístic del centre -articles 12.3, 14 i 92-.

– Ja des de la sentència núm. 87/83 el Tribunal Constitucional ha establert que l’existència de diverses llengües oficials imposa un règim de conjunció lingüística en l’ensenyament, el que significa que totes han de tenir un ús vehicular normal a l’ensenyament.

– Aquest règim de conjunció no respon a un dret subjectiu dels alumnes sinó que és conseqüència de la mateixa oficialitat de la llengua. Condició aquesta que, com s’ha dit, imposa necessàriament el seu ús vehicular -STC 337/94 i 31/10-.

– En aquest aspecte el Tribunal Constitucional va interpretar l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el sentit que la manca de referència explícita del precepte a l’ús vehicular de la llengua castellana no suposava negar el seu ús normal en els mateixos termes que l’ús normal del català -STC 31/10, FJ 24-.

– La Llei Orgànica 2/06, d’Educació, reflecteix l’anterior doctrina en la seva disposició addicional 38ª. Aquesta disposició aborda el règim lingüístic de l’ensenyament a les Comunitats Autònomes que disposen de dos llengües oficials. Preveu en aquest sentit un primer model que integri l’ús vehicular simultani de les dos llengües oficials, amb la possibilitat d’incloure-hi llengües estrangeres -apartat 4.b/-; o bé un model de dos línies, una en cada llengua oficial, amb la única excepció de l’ensenyament de les pròpies llengües oficials que s’ha de fer necessàriament en la pròpia llengua. Un model binari aquest que ja havia estat admès històricament pel Tribunal Constitucional -STC 137/86-.

– A Catalunya, l’Estatut d’Autonomia impedeix taxativament la segregació dels alumnes per grups o aules en funció de la llengua, circumstancia que imposa el model d’una única línia d’ensenyament bilingüe; això és, un model de conjunció lingüística.

– L’ús vehicular normal de totes dos llengües no ha de ser necessàriament simètric. El pes d’una o altra llengua es pot adaptar a les circumstàncies. En aquest sentit s’ha admès ja d’antuvi un ús superior del català en atenció a la necessitat de normalització d’aquesta llengua -STC 337/94, FJ10-. Aquesta asimetria ha quedat normativament reflectida a la DA 38, apartat 4.b/ de la Llei Orgànica 2/06, d’Educació.

– La referència a la immersió lingüística de l’article 15 de la Llei 12/09, d’Educació de Catalunya, no ha de ser entesa com un mandat d’ensenyament monolingüe sinó com una eina de normalització lingüística del català; això és, la posició d’aquesta llengua com a centre de gravetat del sistema quan la seva normalització així ho exigeixi, com ha admès el Tribunal Constitucional i la Llei Orgànica 2/06. Això no significa l’exclusió del castellà com a llengua co-vehicular o la seva reducció a una presencia residual. Val a dir que la Llei 12/09 va ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat en allò que es refereix al regim lingüístic de l’ensenyament i, si be l’article 15 no va ser objecte d’impugnació específica, el Tribunal va admetre la constitucionalitat de dit model en la sentencia núm. 51/19.

– En l’anàlisi dels casos individuals plantejats fins al moment la jurisprudència d’aquest mateix Tribunal i la del Tribunal Suprem ha establert que, amb independència que el model admeti flexibilitat en funció de les circumstàncies, hi ha un mínim per sota del qual no es pot entendre que l’ús vehicular de la llengua assoleixi la condició de normal dins el sistema. En aquest sentit s’ha fixat un ús vehicular mínim del 25% de les hores lectives. Un percentatge que, a mes de l’ensenyament de la pròpia llengua oficial, ha d’incloure íntegrament al menys el d’una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg -STS de 24 de setembre de 2013, recurs núm. 3011/2012-.

– Com s’ha esmentat, la jurisprudència constitucional ha entès que la naturalesa oficial de les dos llengües imposa necessàriament el seu ús vehicular a l’ensenyament, sense que es pugui establir la condició d’alguna de les dos llengües com a preferent, independentment de les situacions en les que la necessitat de normalització lingüística o altres circumstàncies imposin un ús mes intensiu d’una o altra.

– Tant l’Estat com la Generalitat de Catalunya són competents per determinar l’ús vehicular de les llengües oficials a l’ensenyament (STC 337/94 i STC 31/10). Pertoca a la Generalitat concretar el règim final que deriva de la conjunció de totes dues ordenacions. També li pertoca en la seva qualitat d’Administració executiva en la matèria la responsabilitat de controlar l’aplicació del regim lingüístic que en resulti, sense perjudici de la competència de la Alta Inspecció d’Ensenyament d’acord amb allò previst a l’article 149 i ss de la Llei Orgànica 2/06.

– Alhora, d’acord amb la Llei Orgànica 2/06, els centres escolars disposen d’autonomia per determinar el projecte educatiu. Un instrument que te l’objectiu d’adaptar la prestació del servei atenent la diversitat, les circumstàncies del lloc i les necessitats de l’alumnat, específicament en ordre a la seva integració –articles 120 i 121-.

En aquest sentit, la Llei 12/09, d’Educació de Catalunya, inclou específicament un projecte lingüístic dins el projecte educatiu de cada centre. Projecte aquell que ha de respondre a la realitat sociolingüística de l’entorn –articles 14 i 91-.

En conseqüència, els centres poden incidir també en la determinació final de l’ús vehicular de les llengües, en el marc de la normativa establerta per l’Estat i per la Generalitat Aquestes són les fites del regim jurídic que cal tenir presents.

Pel que fa a la situació material de l’ús vehicular d’una i altra llengua oficial en el servei d’educació, es va requerir en el seu moment al Departament d’Ensenyament per tal d’aportar les dades corresponents, resultant que va manifestar que no disposava d’aquesta informació ni podia obtenir-la sense un esforç desproporcionat.

Atesa la situació es va requerir un mostreig a l’efecte, considerant que allò rellevant no és tant la situació exacta sinó l’estat de la qüestió als efectes de l’objecte del recurs, que és comprovar una eventual inactivitat de l’Administració demandada.

El cas és que, d’acord amb la informació aportada pel Departament en resposta a l’anterior requeriment, la mostra analitzada posa de manifest que la mitjana d’hores d’utilització del castellà en els centres d’ensenyament és del 18% en el cas de l’educació primària, del 19% en els centres d’educació secundària obligatòria i del 26 % en el cas del batxillerat.

Alhora, només 5 dels 184 centres inclosos en la mostra imparteixen íntegrament en llengua castellana un 25% de les àrees o matèries, de les quals almenys una és troncal a banda de l’ensenyament del castellà, en tots els cursos o grups. Concretament compleixen aquest estàndard un 2% dels centres d’educació primària i un 12% dels centres de batxillerat.

Doncs bé, del marc jurídic abans glossat i del resultat de la prova practicada en aquestes actuacions se’n desprenen les següents conclusions:

− La Generalitat de Catalunya resulta competent i responsable als efectes de determinar l’aplicació del regim lingüístic, i fer-ho d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, la Llei Orgànica 2/06, la Llei 12/09, d’Educació de Catalunya, i la resta de l’ordenament.

− De la documentació aportada i la prova practicada en el recurs es desprèn que, en conjunt, l’ús vehicular de la llengua castellana en el sistema d’ensenyament de Catalunya és residual, o al menys així és en una part significativa de centres i grups docents, de forma que es constata una infracció del marc jurídic vigent.

− Aquesta situació resulta contrària a la Constitució d’acord amb la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, i legitima una acció jurisdiccional contra la inactivitat de la Generalitat de Catalunya.

− La Generalitat no ha exercit la seva competència dictant la normativa, les instruccions o els actes d’aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l’ús vehicular de les llengües a l’ensenyament, ni ha exercit una activitat de control susceptible d’evitar l’esmentada situació.

− Aquesta sentència no ha d’entrar en els aspectes sotmesos a un grau d’apreciació, aspectes en els que els òrgans jurisdiccionals no poden substituir a l’Administració. Ara bé, sí que correspon fixar un ús vehicular mínim de les llengües oficials que permeti redreçar l’actual situació contraria a l’ordenament. Això és, la determinació d’un nivell mínim d’utilització vehicular de la llengua oficial per sota del qual cal entendre que s’infringeix l’imperatiu d’ús ordinari i normal de la mateixa a l’ensenyament. Aquesta presència mínima ha estat fixada per la jurisprudència en un ús vehicular mínim del 25% de les hores lectives que, a més de l’ensenyament de la pròpia llengua oficial ha d’incloure íntegrament almenys el d’altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg.

− La resta haurà de ser determinat per la mateixa Administració o pels centres docents en atenció a circumstàncies com ara l’estat de normalització de les respectives llengües oficials segons l’indret o la incorporació vehicular de terceres llengües. Les anteriors consideracions ens porten a estimar parcialment aquest recurs en el sentit d’establir l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar les mesures que siguin necessàries als efectes de garantir al sistema educatiu de Catalunya un ús vehicular normal de totes dues llengües oficials en els termes esmentats, tant pel que fa al percentatge mínim com al contingut, als efectes d’evitar un ús simbòlic o residual. Ús que ha de quedar referit al conjunt dels alumnes.

QUART

El règim del primer ensenyament i les resolucions de preinscripció. En el seu moment el Tribunal Constitucional va validar el sistema de conjunció o integració lingüística.

La-sentència núm. 337/94 posa de manifest en aquest sentit que dit sistema de conjunció porta implícita l’habilitació de medis de recolzament pedagògic als alumnes de nova incorporació, als efectes de facilitar la seva integració pel que fa a la llengua que no dominin.

A aquest efectes l’article 14.2 de la Llei 7/83, primer, i desprès l’article 21.2 de la Llei 1/98, van establir el dret dels infants a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui el català o el castellà, amb el consegüent dret d’opció dels pares.

Aquest dret d’opció tenia un origen legal, no constitucional doncs, segons que ha quedat establert, del dret a l’ensenyament reconegut a l’article 27 CE no se’n deriva per sí mateix un dret d‘opció per part dels usuaris pel que fa a la llengua vehicular (STC 337/94, FJ 9é). D’acord amb l’esmentat marc legal, aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va establir en el seu moment la necessitat que la resolució de preinscripció permetés als pares efectuar dita opció lingüística en l’àmbit de l’educació infantil i el primer cicle de l’ensenyament primari.

Ara be, la Llei 12/09, d’Educació, no incorpora l’anterior plantejament. Introdueix una altra alternativa d’integració en el sistema que és la ja apuntada a l’article 35.4 EAC. Això és, un sistema individualitzat d’acollida específicament en l’aspecte lingüístic -article 10.2-.

En aquest sentit, l’article 12.3 reconeix als pares i tutors la possibilitat d’instar l’atenció lingüística individualitzada pel primer ensenyament.

La qüestió és si, com defensa l’Advocat de l’Estat, continua subsistint la alternativa d’ensenyament monolingüe en el primer ensenyament segons allò reconegut històricament per la Llei de normalització lingüística i la Llei de política lingüística, o be aquesta possibilitat ha estat substituïda pel nou plantejament d’atenció pedagògica o reforç lingüístic individualitzat introduït per la Llei 9/12, d’educació. Doncs be, cal considerar en aquest sentit que la Llei 9/12 ha establert un nou sistema d’integració a l’ensenyament que desplaça l’anterior.

En efecte, en primer lloc, cal remarcar que l’opció pel sistema de conjunció o integració lingüística a l’ensenyament queda específicament establerta a l’Estatut d’Autonomia, que tanca el pas a la possibilitat de separació dels alumnes per raons lingüístiques.

Un plantejament aquest que no admet la possibilitat de desdoblar diverses línies monolingües d’ensenyament -això és, un sistema de disjunció lingüística-, sense que el primer ensenyament sigui una excepció. En segon lloc, és clar que allò que introdueix la Llei d’educació és un concret sistema de recepció i integració lingüística dels alumnes en al sistema d’ensenyament, sistema que per la seva pròpia naturalesa i funció substitueix a l’anterior.

Cal afegir que aquesta previsió respon precisament a la necessitat d’un sistema d’acompanyament pedagògic i lingüístic dels alumnes que ho hagin de menester als efectes que es puguin integrar en el sistema d’ensenyament, funció que no és la pròpia de l’ensenyament monolingüe en la llengua habitual de l’alumne.

Aquesta és una conclusió que va abonar el Tribunal Suprem a la sentència de 19 de novembre de 2013 -recurs 3077/12, particularment a la interlocutòria d’aclariment de la sentència-.

Plantejament que ha estat acollit per aquest mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (v. gr. sentència de 23 de febrer de 2015, recurs 310/12). Com s’ha argumentat anteriorment, el principi de no discriminació dels alumnes per raó de la llengua establert a l’Estatut d’Autonomia imposa un sistema d’ensenyament d’una única línia bilingüe, sistema que exclou per la seva pròpia naturalesa la llibertat d’opció per part dels usuaris.

La Llei d’Educació de Catalunya ha estat conseqüent amb aquest plantejament, establint a l’efecte un sistema de recolzament lingüístic als alumnes que ho requereixin als efectes de facilitar la seva integració en el moment d’incorporar-se al sistema.

En aquest context, resulta que les resolucions de preinscripció impugnades no poden ser considerades il·legals en no incorporar un sistema d’opció de la llengua vehicular al primer ensenyament perquè, com s’ha dit, aquesta opció no existeix a partir de la Llei 12/09.

Per contra, el punt 8.7 de dites resolucions és consegüent amb la Llei 12/09, d’educació, en preveure una entrevista del director del centre amb els pares, mares o tutors dels alumnes la qual llengua habitual sigui el castellà als efectes que puguin instar una atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Una possibilitat que és la prevista a la Llei esmentada com a sistema d’acollida.

Correspon en conseqüència desestimar el recurs en allò que es refereix a les resolucions de preinscripció impugnades. CINQUÈ.- No concorren les circumstàncies que determinen la imposició els costes processals.

Atesos els fonaments esmentats,

HEM RESOLT

Primer

Estimar parcialment el recurs interposat per l’Advocat de l’Estat, tot declarant l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar les mesures que siguin necessàries als efectes de garantir que, als ensenyaments compresos al sistema educatiu de Catalunya, tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas.

Segon

Desestimar el recurs en la resta.

Tercer

No efectuar pronunciament sobre les costes processals. Notifiqueu aquesta sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot deduir, si escau, recurs de cassació de conformitat amb allò que es disposa a la secció 3ª, capítol III, títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa (LJCA). El recurs s’haurà de preparar en el termini previst a l’article 89.1 LJCA.

Alhora, s’adverteix que al BOE nº 162, de 16 de juliol de 2016, apareix publicat l’acord de 20 d’abril de 2016 de la Sala de govern del Tribunal Suprem sobre l’extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al recursos de cassació.

Porteu-ne testimoniatge a les actuacions principals.

Així, per aquesta sentència, ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ

El dia d’avui i en audiència pública, l’Ilm. Sr. Magistrat Ponent ha llegit i publicat la sentència anterior. En dono fe.

Barcelona, 16 de desembre de 2020″.

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