Redacción – La conocida (DUI) del 27-O de 2017 en español y dialecto catalán, Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña de 2017. Dicha (DUI), según el independentismo «muy cobarde» una vez ante los tribunales y ante la resistencia social de una ‘España Viva despertada’ en las calles regionales, «fue un texto político (una declaración política)» en el que el independentismo —liderado entonces por los sujetos presidente Carles Puigdemont Casamajò (PDECAT-JxCAT), Oriol Junqueras Vies (ERC), Carme Forcade Lluís (ERC), y los ‘Jordis’ (Jordis Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart(Ómnium Cultural)— proclamó el «establecimiento de la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Sin embargo, esperando el reconocimiento internacional de algunos de los países que habían estado negociando la tutela de la República Catalana como «China y Eslovenia» —tal como ha asegurado hoy, jueves 21 de marzo de 2019, el unos de los rehenes guardias civiles del 20-S de 2017 en la Consejería de Economía y hacienda de la Generalidad durante su interrogatorio ante el tribunal del Procés — finalmente ningún Estado del resto del mundo reconoció aquella ‘República Catalana’, incluso si fuera «social» (comunista), ni tan siquiera la Correa del Norte de los Kim Jong-un se les ocurrió salir en rueda de prensa para felicitar al independentismo catalán. Era la segunda proclamación de independencia consecutiva en el mismo mes de octubre de 2017, la primera que duró los 30 segundos del reloj fue 17 días antes, la noche del 10 de octubre de 2017 en la misma cámara sediciosa catalana, con el huido Puigdemont de protagonista. Más tarde, ante el miedo de ser detenido, se lavó las manos y quiso que cada diputado independentista sea el responsable del ataque secesionista. Por lo que, PP y Ciudadanos Cs abandonaron la cámara y el independentismo puso las urnas y votaba el ingreso de todos sus líderes en prisión preventiva y la huida de los más listos hasta la fecha de hoy, jueves 20 de marzo de 2019. Barcelona (España), jueves 21 de marzo de 2019.
El texto de la DUI antiespañola
La resolución fue firmada el 10 de octubre de 2017 por la mayoría independentista del parlamento regional de Cataluña, en ausencia del resto de fuerzas políticas, tras la victoria del sí en el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.
Según el independentismo, dicha declaración era en cumplimiento de sus tres leyes de desconexión de la región española de Cataluña al resto d ela patria española, principalmente la llamada ‘Ley del Referéndum’.
El 27 de octubre de 2017, dicha declaración fue sometida a votación en el parlamento regional de Cataluña y aprobada por 70 votos a favor, 2 votos en blanco y 10 votos en contra, habiendo abandonado el pleno antes de la votación los 53 parlamentarios de los partidos constitucionalistas Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Cataluña (PSC).
La declaración disponía la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y el inicio del «proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».
El Tribunal Constitucional de España suspendió la declaración el 31 de octubre de 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre del mismo año, al afirmar que vulneraba vulnera los artículos 23 de la Constitución española y el 29.1 del Estatuto de la autonomía catalana.
Contenido del Texto
«Parlamento de Cataluña
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA
[googlepdf url=»https://www.lasvocesdelpueblo.com/wp-content/uploads/2019/02/Declarcaión-Unilateral-de-Independencia-de-Cataluña-DUI-27.10.2017.pdf» width=»550″ height=»550″]
En el pueblo de Cataluña y todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Cataluña se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Cataluña. El parlamentarismo ha sido, durante los periodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y ha cristalizado en las Constituciones de Cataluña.
Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Cataluña como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Cataluña y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Cataluña, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Cataluña ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Cataluña y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante el conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa la ciudadanía de Cataluña.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euro-mediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,
Constituye la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:
Barcelona, 10 de octubre de 2017».
El escrito en dialecto catalán, legua oficial de la llamada república catalana
«Parlament de Catalunya
DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA
Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món.
La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la constitució de la República catalana.
La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d’història. Durant segles, Catalunya s’ha dotat i ha gaudit d’institucions pròpies que han exercit l’autogovern amb plenitud, amb la Generalitat com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya. El parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna sobre la qual s’han sustentat aquestes institucions, s’ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i ha cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.
Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament anhelada, després de dècades d’intentar, honestament i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la península ibèrica.
Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.
L’Estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del reconeixement de Catalunya com a nació; i ha concedit una autonomia limitada, més administrativa que política i en procés de recentralització; un tractament econòmic profundament injust i una discriminació lingüística i cultural.
L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat per la ciutadania catalana, havia de ser el nou marc estable i durador de relació bilateral entre Catalunya i Espanya. Però va ser un acord polític trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves reclamacions ciutadanes.
Recollint les demandes d’una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament acordar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
Davant la constatació que les institucions de l’Estat han rebutjat tota negociació, han violentat el principi de democràcia i autonomia, i han ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum per a l’exercici del dret a l’autodeterminació reconegut en el dret internacional.
L’organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’aplicació de facto de l’estat d’excepció.
La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l’estat espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els principis dels Drets Humans, i ha contravingut els acords internacionals signats i ratificats per l’Estat espanyol.
Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicació, l’administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes, querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó.
Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han esdevingut part i instrument d’aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de Catalunya.
Malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d’un procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la constitució de la República catalana.
La constitució de la República catalana es fonamenta en la necessitat de protegir la llibertat, la seguretat i la convivència de tots els ciutadans de Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més qualitat, i respon a l’impediment per part de l’estat espanyol de fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels pobles.
El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una de les pedres angulars de la República. L’Estat català acatarà i farà complir legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords subscrits formarà part de l’esperit fundacional de la República catalana.
La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent honor a la tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l’acord com a forma de resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat i solidaritat amb la resta de pobles del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i cultura i la regió euromediterrània en defensa de les llibertats individuals i col·lectives.
La República catalana és una oportunitat per corregir els actuals dèficits democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més sostenible i més solidària.
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya,
CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.
DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.
AFIRMEM la voluntat d’obrir negociacions amb l’estat espanyol, sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.
POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la constitució de la República catalana i la proposta de negociacions amb l’estat espanyol.
INSTEM a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.
MANIFESTEM la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa.
FIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou Estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.
APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com Estat independent i sobirà.
INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta Declaració d’independència i de les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a fernos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.
Els legítims representants del poble de Catalunya:
Barcelona, 10 d’octubre de 2017».
