Redacción.- Madrid (España), martes 25 de octubre de 2022. Grupo Parlamentario VOX Congreso de los Diputados. Proposición No de Ley en Comisión. A la Mesa del Congreso de los Diputados. Don José María Figaredo Álvarez-Sala, portavoz sustituto Grupo VOX; don Víctor González Coello de Portugal, diputado Grupo VOX; don Luis Gestoso de Miguel, diputado Grupo VOX; y don Julio Utrilla Cano, diputado Grupo VOX, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la seguridad nacional, mediante el refuerzo de la vigilancia y la evitación de la entrada de terroristas en España, especialmente de corte salafista, para su discusión en la Comisión de Seguridad Nacional.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 25 de octubre de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero.- EL Caso del salafista de Reus
El pasado 18 de octubre de 2022 se informó de que la Policía Nacional ha detenido este martes a Mohamed Said Badaoui, apodado como ‘el salafista de Reus’, líder de la comunidad islámica, acusado de constituir una amenaza para la seguridad nacional. Las fuentes de información señalaron que Mohamed Said Bedaoui se encontraba en los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la Verneda, sita en Barcelona?. El Sr. Said Bedaoui es un nacional marroquí, que reside en Reus (Tarragona) y sobre el que pesaba una orden de expulsión del territorio nacional. Esta orden de expulsión se fundamentaba en que el detenido suponía una amenaza grave para la seguridad nacional.
Esa encomiable labor de investigación fue llevada a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNT) y por los servicios de información de la Policía Nacional, quienes, siempre al servicio de España y de los españoles, son constantemente denostados por los miembros de los partidos políticos que sustentan al actual Gobierno de España.
Segundo.- La retirada forzosa del CNI en las regiones: las Vascongadas, Navarra y Cataluña
Hace escasos meses se publicó que el Gobierno habría ordenado al CNI poner fin alas investigaciones sobre grupos terroristas en las regiones vascas y navarra, así como reducir el número de efectivos de la inteligencia española dedicados a la investigación de las amenazas separatistas en Cataluña.
A pesar de la postura del Ejecutivo sobre la «desaparición» de la banda terrorista ETA o de la «inexistencia» de riesgo de ruptura de la unidad de España en Cataluña, la actividad separatista se sigue desarrollando con impunidad. Además, estos grupos hostiles a España no son el único riesgo para la seguridad nacional.
La retirada forzosa del CNI de estas regiones españolas anula la capacidad que tiene esta institución de proporcionar elementos de juicio, de información, de análisis y de estudio en las materias de su competencia, así como de elaborar las propuestas necesarias para prevenir y detectar amenazas y contribuir a su neutralización, como es la del terrorismo salafista.
Estas funciones resultan de vital importancia en las citadas regiones, en las que operan los grupos separatistas y los herederos de ETA que, en algunos casos, cuentan con la colaboración de elementos extranjeros. En este sentido, igual de importante es la labor que desarrolla el CNI en relación con la actividad de grupos activistas o terroristas islámicos, como es el caso aludido supra.
Tercero.- Los partidos políticos separatistas y el respaldo del Parlamento catalán a amenaza para la seguridad nacional
El apoyo por parte de los partidos políticos separatistas e izquierdistas catalanes a Mohamed Said Badaoui no se ha hecho esperar. Estos partidos han respaldado las manifestaciones de Said Bedaoui, según las cuales tras la orden de expulsión se encuentran «motivos políticos».
Tanto es así que el pasado mes de agosto Cataluña en Común (Comunes), Izquierda Republicana de Cataluña (“ERC”), Juntos por Cataluña (JxCat) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), remitieron una carta conjunta al ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, en la que le exigían la paralización del proceso de expulsión de Said Bedaoui por considerarlo “injustificado”!. En esta misiva, los partidos referidos sentencian que la acusación contra el marroquí se centraba solo en «un conjunto de valoraciones subjetivas» sobre la red de contactos de éste, con la que se muestra «muy activo como una voz que denuncia el racismo institucional y la vulneración de derechos».
Este apoyo, que atenta contra la propia seguridad nacional, no se limita a meras reuniones y muestras de apoyo en redes sociales. Así, el pasado 19 de octubre de 2022 el Parlamento de Cataluña proclamó oficialmente su posición en favor del detenido, acusado de pertenecer al movimiento salafista y ser un peligro para la seguridad nacional, Mohamed Said Bedaouli.
De esta forma, la mayoría separatista e izquierdista formada por ERC, Junts, la CUP y los Comunes logró que la Junta de Portavoces del Parlamento catalán aprobara una declaración institucional de apoyo a Mohamed Said Badaouí?.
El texto, aprobado con la oposición del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Ciudadanos, del Partido Popular y de VOX, se ha leído en el pleno, después de que Eulalia Reguant (CUP) y Marta Vilalta (ERC) solicitaran una reunión urgente de la Junta de Portavoces, al iniciar el pleno, y la propia Junta haya aprobado la declaración por mayoría, al acabar el primer punto en el orden del día. Los grupos independentistas consideran que el caso de Badaoui es «otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la ley de extranjería».
Los firmantes de la iniciativa señalan que la solicitud de expulsión que pesa sobre Mohamed Said Badaoui es un procedimiento de expulsión irregular, en el que se le ha acusado sin pruebas. Por ello, han instado al gobierno de la Generalidad a que active todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas de las que dispone para velar por el respeto de los derechos fundamentales de Mohamed Said Badaoui y del resto de personas represaliadas por los procesos opacos derivados de la ley de extranjería?
Esta declaración institucional es de una extrema gravedad, ya que supone que una asamblea regional apoye oficialmente a un potencial terrorista, es decir, a una persona a la que se ha considerado que representa una auténtica amenaza para la seguridad nacional, como mantiene el CNT en sus informes. Es por ello por lo que los partidos firmantes de la iniciativa emanada de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán serán considerados, llegado el caso, cómplices de cada matrimonio forzado y de cada vertido de sangre en la región, siquiera sea moralmente, como ya ha manifestado VOX.
Este hecho es una muestra más del estado de absoluta rebeldía en el que permanece la Generalidad de Cataluña. Una rebeldía institucionalizada que perjudica gravemente a los intereses de España y de los españoles, ya que implica la vulneración de derechos fundamentales y de libertades, la dejación de funciones y ataques abiertos hacia nuestra Nación. La Generalidad se ha convertido en un poder regional que representa un gravísimo problema para el conjunto de los españoles. La acción de los poderes públicos en Cataluña, excepto la del Judicial, se halla volcada en la más absoluta subversión.
Lo que en cualquier caso procede es la expulsión inmediata de Mohamed Said Badaoui, no por motivos políticos, sino por constituir una amenaza contra la seguridad nacional que debe ser alejada de nuestro país.
Cuarto- La necesaria aplicación de los instrumentos legales con los que cuanta el Estado para guardar y hacer guardar la Constitución Española
La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (la “Ley de Seguridad Nacional”) regula el Consejo de Seguridad Nacional que, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, es el órgano al que corresponde asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, así como ejercer las . funciones que se le atribuyan en la propia Ley de Seguridad Nacional y se le asignen por su reglamento.
Las funciones anteriormente referenciadas resultan de vital importancia en Cataluña, donde operan grupos separatistas y activistas islámicos que representan una amenaza para la seguridad nacional. Ante tal gravedad, y teniendo en cuenta su cometido, es preciso que el presidente del Gobierno convoque urgentemente el Consejo de Seguridad Nacional.
En este punto debemos reivindicar nuevamente la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que dispone que, si las autoridades de una región atentaran gravemente contra el interés general de España, tras los trámites oportunos, el Gobierno podrá adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger el interés citado.
Para Gacía de Enterríao, en virtud de este precepto, las regiones deben guardar fidelidad al interés general de España y a sus leyes. El Estado también debe estar vigilante para que no se produzcan situaciones como la que estamos viviendo, que no es sino el apoyo de un parlamento regional a un potencial terrorista como Mohamed Said Bedaoui.
En conclusión, es necesario que el Estado active todos los mecanismos y controles extraordinarios a su disposición para restablecer el orden y la ley en Cataluña, así como en cualquier región de España en la que se produzcan hechos similares. Se debe garantizar la seguridad física de todos los españoles, la seguridad jurídica en el cumplimiento de la ley y, sobre todo, la estabilidad, la tranquilidad y la paz social en aquellas regiones en las que se vea truncada. Es necesario acabar, de una vez por todas, con el estado permanente de rebeldía en el que se ha instalado la Generalidad de Cataluña y que están padeciendo todos españoles y, de modo especial, los que residen en dicho territorio.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
1.- Ejecutar de forma inmediata la orden de expulsión del territorio nacional del dirigente salafista Mohamed Said Badaoui, y ordenar asimismo la expulsión del territorio nacional de cualquier persona de nacionalidad extranjera que, con la cobertura de actos de culto, oración, formación. o predicación en mezquitas musulmanas radicales, realice actos de obra o de palabra —verbal o por escrito— que induzcan al odio contra Occidente, contra el Cristianismo, contra las mujeres, contra las tradiciones y las costumbres españolas y, en general, contra nuestro modo de vida.
2.- Con carácter general, cumplir de forma inmediata cuantas órdenes de expulsión del territorio nacional hayan sido emitidas contra inmigrantes ilegales.
3.- Reforzar la presencia de miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Cataluña, así como restablecer la actividad habitual del Centro Nacional de Inteligencia en las regiones vascas y navarra.
4.- Instar al presidente del Gobierno a que convoque de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional para adoptar las medidas oportunas dentro de sus competencias con el objetivo de afrontar con garantías la actual situación de riesgo y para impulsar, asimismo, cuantas iniciativas sean necesarias a fin de poner fin a las políticas que ponen en riesgo la seguridad, la soberanía, la unidad y la propia supervivencia de España.
5.- Proceder, de acuerdo con los términos del artículo 155 de la Constitución, y en atención a los hechos expuestos en la presente iniciativa, a la intervención de la administración regional catalana con el fin de reconducir la situación en favor del interés general de España y de todos los españoles.
6.- Dotar de medios materiales y humanos suficientes al CNI y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que, en el cumplimiento de sus funciones, se garantice la integridad de los agentes y la suficiencia de medios, especialmente en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal».
PDF DEL TEXTO
