La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado el fiscal general del estado, Eduardo Torres-Dulce, para que presente la querella por 9-N. Durante la reunión de la cúpula de la fiscalía española, Torres-Dulce ha defendido la presentación de la querella contra el presidente de la Generalidada, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación.
Tras la reunión, de cuatro horas y media, el fiscal de la sala penal del Tribunal Supremo de España, Eduardo Fungairiño, explicó que había habido un debate «jurídico y cortés», con alguna discrepancia «pero sin» ningún enfrentamiento, y dijo que él era partidario de presentar la querella.
El documento que ha sometido a la Junta de Fiscales de Sala argumenta que el presidente hizo un uso desviado y arbitrario de sus funciones y que el proceso participativo tenía la finalidad única y exclusiva de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces había obstaculizado la consulta. Según ha defendido el fiscal general del Estado, Artur Mas, Ortega y Rigau tomaron decisiones y medidas para hacer posible la consulta en contra de la suspensión del Tribunal Constitucional.
La opinión de la Junta no es vinculante pero sí es un aval a las tesis de Torres-Dulce y una rectificación a la del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que se opuso lunes a presentar la querella tras haber hablado con sus compañeros de la Fiscalía de Cataluña.
Una vez obtenido el aval de la Junta, Torres-Dulce puede ordenar en las próximas horas a la fiscalía superior de Cataluña que interponga la querella y que pida que se lleve a juicio a los impulsores del proceso participativo.
Las fuentes de la fiscalía aseguran que ninguno de los veinte y seis fiscales presentes en la reunión han defendido los criterios del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y que sólo dos se han opuesto a la presentación de la querella. Son el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Bargas, y el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo. El primero porque entiende que la Fiscalía no tenía porque actuar de mutuo propio si ya lo podía hacer posicionándose sobre las querellas que se han presentado a los diferentes juzgados en Cataluña. Pablo Crespo porque entiende que el Tribunal Constitucional no es un órgano directamente ligado al Poder Judicial y sus órdenes no son automáticamente ejecutables.
Dudas de los fiscales sobre algunos delitos
Aparte de estas dos posiciones contrarias, otros fiscales han presentado objeciones y dudas sobre algunos de los delitos que Torres-Dulce quiere atribuir a Artur Mas, Ortega y Rigau, pero han apoyado la interposición de la querella. Estas discrepancias puntuales son las que hacen que la fiscalía todavía dé por cerrados totalmente que la querella será por cuatro delitos anunciados (usurpación de funciones, malversación, desobediencia y prevaricación) contra los tres querellados, y apunte que habrá que esperar al día en que se presente conoce los detalles.
Orden a la fiscalía de Cataluña
En una nota que ha hecho pública tras la reunión, la fiscalía apunta que la junta ha expresado su apoyo a la querella «de forma muy mayoritaria» y por este motivo el Ministerio Fiscal «emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Lo hará, sin embargo, «con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada este miércoles», por lo que podría introducir matices a la pretensión inicial de Torres-Dulce. La fiscalía superior de Cataluña ya anunció ayer que, en previsión de esta posibilidad, tenía prácticamente terminada la querella contra el presidente de la Generalidad de Cataluña. Según fuentes de la fiscalía, la querella se podría presentar casi inmediatamente después de haber recibido la orden de Madrid.
Torres-Dulce ha resuelto de esta manera la situación excepcional que se generó el lunes cuando, después de una semana de deliberaciones e intercambio de documentos, la Fiscalía de Cataluña, presidida por José María Romero de Tejada, le comunicó que «no procedía iniciar acciones penales» contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, a pesar de que había recibido una orden directa desde la Fiscalía General del Estado para actuar en esta dirección.
Redacción – Agencia de Noticia Catalana
