Tribunal de Cuentas: Las «embajadas» de la Generalidad financiaron el «Procés»

Lasvocesdelpueblo
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 28.03.2019. Vista de la entrada Tribunal de Cuentas. Hoy, jueves 28 de marzo de 2019, el Tribunal de Cuentas del Reino de España ha detectado un cúmulo de irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de las oficinas de la Generalitat catalana en el extranjero, incluido el desvío de subvenciones directas de cooperación internacional, que podrían haber ido a parar a promocionar el "procés" en el exterior. Efe.

Efe – Las llamadas “embajadas” catalanas actuaron al margen de sus competencias y fuera de su respectivo ámbito geográfico, incumpliendo sus funciones, y los presupuestos asignados no recogían todos los gastos imputables, como los alquileres de algunas sedes. la fiscalización ha detectado que falta documentación que justifique el elevado volumen de gastos acometidos, especialmente en las delegaciones en el exterior, cuya acción en los últimos años ha estado dirigida a promover una modificación del estatus de Cataluña, es decir, a conseguir su independencia. De 2011 a 2017 se gastaron al menos 416,8 millones en acción exterior, cantidad que podría ser superior porque hay conceptos que no han podido ser determinados. Según el Tribunal de Cuentas, el Diplocat ha incurrido en numerosas irregularidades en materia de contratación, incluyendo el fraccionamiento de contratos, el pago a varios observadores internacionales, la elaboración de informes relacionados con el proceso soberanista y la concesión de subvenciones sin justificar. Junto a estos organismos, se han analizado otras entidades sectoriales con actividad exterior, como Acció, el Instituto Ramón Llull, ICEC, ACT, ACCD y la Casa de la Generalitat en Perpiñán, y se ha propuesto la supresión de esta última. Madrid (España), jueves 28 de marzo de 2019. 

El Tribunal de Cuentas ha detectado un cúmulo de irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de las oficinas de la Generalitat catalana en el extranjero, incluido el desvío de subvenciones directas de cooperación internacional, que podrían haber ido a parar a promocionar el “procés” en el exterior.

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves el informe elaborado a petición de la Comisión Mixta del Congreso y Senado que fiscaliza la actuación de las oficinas que formaban parte del llamado Diplocat, un órgano que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió a finales de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según la información a la que ha tenido acceso Efe, la fiscalización ha detectado que falta documentación que justifique el elevado volumen de gastos acometidos, especialmente en las delegaciones en el exterior, cuya acción en los últimos años ha estado dirigida a promover una modificación del estatus de Cataluña, es decir, a conseguir su independencia.

De 2011 a 2017 se gastaron al menos 416,8 millones en acción exterior, cantidad que podría ser superior porque hay conceptos que no han podido ser determinados.

Ese es el caso, por ejemplo, de los gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea (Saeue) del departamento de la Presidencia (2011-2015), cuyas actividades estaban dirigidas, en muchos casos, a finalidades ajenas a sus competencias, por ejemplo dar a conocer, impulsar, publicitar y conseguir el respaldo internacional al proceso soberanista.

También se realizaron contratos sobre materias ajenas a la competencia de la Saeue y se concedieron subvenciones de manera directa, sin concurrencia pública, a entidades que promocionaban el proceso soberanista, al tiempo que se desviaron a la acción exterior subvenciones directas para la cooperación internacional.

Las llamadas “embajadas” catalanas actuaron al margen de sus competencias y fuera de su respectivo ámbito geográfico, incumpliendo sus funciones, y los presupuestos asignados no recogían todos los gastos imputables, como los alquileres de algunas sedes.

El desembolso total de estas delegaciones exteriores durante el periodo fiscalizado ascendió, al menos, a 27,2 millones de euros, dice el Tribunal, que considera que se realizaron gastos “cuya finalidad y justificación, en la práctica, es imposible”.

Así las cosas, entre 2013 y 2016 se han encontrado 456 actividades relacionadas con el proceso soberanista, aunque podría haber “muchas otras”.

No ha podido cuantificar el Tribunal el coste global de las mismas y sólo ha podido identificar un gasto de 327.736 euros.

Tampoco se dispone de documentación justificativa de gastos contabilizados por las delegaciones por 302.794 euros, se han localizado pagos injustificados de 171.613 euros y se han hallado pagos a trabajadores sin contrato por 123.476 euros.

Otros 515.675 euros se destinaron a sufragar servicios de asesoramiento o elaboración de informes cuya finalidad u objeto se desconocen o son ajenos a sus competencias, referidos en varios casos al proceso soberanista.

Del mismo modo, el órgano fiscalizador avisa de un “incumplimiento sistemático y generalizado” de las normas sobre contratación aplicables a esas delegaciones.

En este sentido, destaca el caso de la delegación en Estados Unidos, que procedió a la contratación de empresas de “lobby” por 100.000 euros, una de las cuales había sido también contratada por el consorcio público Diplocat por 1,4 millones de euros.

Diplocat carecía de un órgano propio de control económico y financiero interno, que era obligatorio a partir de 2017, y la auditoría de sus cuentas la realizaba una empresa privada, que además prestaba servicios de asesoramiento contable, lo que podría afectar a su independencia.

En los años fiscalizados, el Diplocat gastó 15,8 millones y el 74,3 % de sus actividades tenían como finalidad promocionar, promover o impulsar el proceso independentista.

Según el Tribunal de Cuentas, el Diplocat ha incurrido en numerosas irregularidades en materia de contratación, incluyendo el fraccionamiento de contratos, el pago a varios observadores internacionales, la elaboración de informes relacionados con el proceso soberanista y la concesión de subvenciones sin justificar.

Junto a estos organismos, se han analizado otras entidades sectoriales con actividad exterior, como Acció, el Instituto Ramón Llull, ICEC, ACT, ACCD y la Casa de la Generalitat en Perpiñán, y se ha propuesto la supresión de esta última.

A la vista de los objetivos y de los resultados de ejecución que figuran en el informe, el Tribunal subraya que unos y otros son ajenos al ámbito de las competencias de una comunidad autónoma e invaden las competencias que corresponden en exclusiva al Estado.

El informe contiene detalles de 45 viajes internacionales de cargos públicos, que han costado 479.633 euros, vinculados a la promoción del proceso soberanista.

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