Un Tribunal de Escocia estudia trasladar la causa de la golpista Clara Ponsatí Obiols a Bélgica

.La cita tendrá lugar después de que la defensa de la golpista separatista Obiols hiciera saber en una vista judicial celebrada el pasado mayo que ahora reside de forma permanente en Bélgica, por lo que, a su entender, su caso ya no se rige por la jurisdicción escocesa

FOTOGRAFÍA. EDIMBURGO (ESCOCIA) REINO UNIDO, 23.01.2020. La exconsejera separatista huida del Procés, Clara Ponsatí, a su salida del tribunal de Edimburgo que celebra este jueves la audiencia preliminar sobre su juicio de extradición a España, requerida por el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), miércoles 25 de agosto de 2021. Un Tribunal de Edimburgo (Escocia) Reino Unido decidirá mañana, jueves 26 de agosto de 2021, si el proceso de extradición de la diputada eurodiputada de la derecha separatista (JxCat), Clara Ponsatí Obiols, sigue tramitándose en Escocia o pasa a manos de la Justicia belga, después de que la exconsejera comunicara que se ha afincado de forma definitiva en Bélgica.

Así lo ha anunciado su abogado, Aamer Anwar, en su cuenta de Twitter, en la que ha detallado que la sesión tendrá lugar este jueves a las 10.00 horas en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo.

“Tres años en los que Clara Ponsatí Obiols es libre pero, sigue siendo una exiliada política. Lucharemos hasta el final y ganaremos”, ha señalado el letrado en las redes sociales.

La cita tendrá lugar después de que la defensa de la golpista separatista Obiols hiciera saber en una vista judicial celebrada el pasado mayo que ahora reside de forma permanente en Bélgica, por lo que, a su entender, su caso ya no se rige por la jurisdicción escocesa.

La vista para la extradición de Ponsatí se produce, además, casi un mes después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retirara la inmunidad a ella, al huido golpista Carles Puigdemont Casamajò y al también eurodiputado de JxCat Antonio Comín Oliveres (Toni Comín), al no ver riesgo de detención una vez el Tribunal Supremo mantiene suspendidas las euroórdenes que dictó contra ellos.

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria a los tres antiespañoles huidos y procesados por el proceso de separación de la Comunidad autónoma española de Cataluña del resto de la Nación española, el Procés, supone uno de los últimos pasos en el periplo hacia su extradición, aunque cualquier procedimiento judicial está aún condicionado a la decisión de la Justicia europea sobre las respectivas euroórdenes, actualmente congeladas, y la posterior actuación que acuerde el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

De hecho, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que Llarena le planteó sobre si mantiene o retira las órdenes de detención europeas, no se retomaría la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Casamajò y Oliveres) y Escocia (en caso de que el Tribunal del Sheriff de Edimburgo considere mañana que el caso de Obiols se mantiene en su jurisdicción).

Llarena instó a la corte de Luxemburgo a determinar bajo qué criterios un país europeo puede rechazar la entrega de un ciudadano después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas denegara la entrega del golpista exconsejero separatista Lluís Puig Gordi, al considerar que en España se podía poner en riesgo sus derechos fundamentales.

Por otro lado, con la retirada de la inmunidad, el TGUE revocó el pasado 30 de julio la decisión provisional que había adoptado a principios de junio al concederles temporalmente la inmunidad hasta que se resolviera el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo.

Desestimó de esta forma las medidas provisionales que concedió a los golpistas huidos de la Justicia española Casamajò, Obiols y Oliveres al considerar que “no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia” con el que se podría justificar la concesión de la inmunidad ante el riesgo de ser detenidos, ya que “la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresan de este permanece jurídicamente intacta”.

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