¿Va a haber una tarjeta de residencia especial para Cataluña?

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FOTOGRAFÍA. ÁGUAS DE LAS COSTAS DE LIBIA CERCA DE LAMPEDUSA (ITALIA), AÑO 2023. Crisis migratoria Lampedusa. Detalle de un grupo de inmigrantes indocumentados en las aguas africanas de las costas de Libia, rumbo a la isla italiana de Lampedusa. Efe

Madrid (España), jueves 11 de enero de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La cesión de las competencias en inmigración a la Generalidad de Cataluña, concretamente al separatismo, genera dudas sobre su encaje constitucional, ya que la carta magna establece que es «competencia exclusiva» del Estado, pero al mismo tiempo abre la puerta a delegar o trasferir cuestiones en función de «su propia naturaleza».

JxCat ha explicado este jueves que el acuerdo con el PSOE para la cesión de competencias en inmigración, que ha permitido al sanchismo salvar el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y el de medidas anticrisis, incluye la gestión «integral» de esa materia, incluidos los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los «flujos migratorios».

Mientras que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, ha señalado que la delegación de competencias se desarrollará a través de una ley orgánica sin especificar si incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular, ahora competencia exclusiva del Ejecutivo.

Pero los constitucionalistas tienen dudas. El artículo 149.1 de la carta magna fija la «competencia exclusiva» del Estado sobre inmigración; sin embargo el 150.2 señala que «el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles» de ello.

Y aquí surge el problema. Fuentes jurídicas consultadas por Efe discrepan de la constitucionalidad del acuerdo alcanzando entre PSOE y Junts aunque concuerdan en que el límite lo pone la carta magna cuando cita «por su propia naturaleza».

Unas fuentes consideran que es «inconstitucional» al tratarse de una materia que «no es susceptible de ser cedida, delegada o transferida» a una comunidad autónoma, puesto que es un asunto de primer orden para el Estado, dado que lleva consigo el control de las fronteras exteriores y eso lo gestiona la Policía Nacional.

Otras, en cambio, complican el escenario con dos variables. Explican que no es lo mismo delegar -que implica que el Estado mantiene la competencia y titularidad pero la gestión y el día a día lo hace la comunidad autónoma, algo que el Estado siempre podría recuperar-, que transferir, que es para siempre y lleva consigo una responsabilidad completa.

Y a ello hay que añadir que la Constitución no hace un listado de las materias que por su propia naturaleza, como dice el articulado, se pueden delegar o transferir. No lo desarrolla y todo queda en manos del legislador y, en última instancia, del Tribunal Constitucional en caso de que se recurra la futura ley orgánica o los decretos, algo que el PP ya ha avanzado que está estudiando.

Por el momento se desconoce si esta cesión de la gestión migratoria será en bloque o por áreas, lo que hace que surjan «muchísimos» interrogantes, según explica a Efe el abogado extranjerista Felipe Garoña.

Las competencias en Extranjería están repartidas entre los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -gestiona el grueso de esta materia-, de Interior -control migratorio- y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -la expedición de visados-. Además, Juventud e Infancia coordina a las comunidades responsables de los menores extranjeros no acompañados.

Según el letrado, podría cederse por partes la gestión «sin problemas». Actualmente, la Generalitat de Cataluña tramita y gestiona los permisos de trabajo que afectan al ámbito de migratorio, por ejemplo, la autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, que conlleva también el permiso de residencia.

Sin embargo, cree que todo lo relacionado con la expedición de visados «sería intocable». «No creo que vayan a poner consulados especiales de Cataluña o secciones de Cataluña para emitir los visados ​​de las personas que hayan decidido ir a residir a esa comunidad. Esto se convierte casi en ciencia ficción», opina.

En cuanto al control de fronteras, Garoña subraya que, pese a estar en el espacio Schengen, Cataluña tiene fronteras internacionales y se plantea, por tanto, qué cuerpo policial será el encargado de ese control, la Policía Nacional o los Mossos.

Tampoco tiene claro si la gestión del asilo -la Oficina de Asilo y Refugio depende de Interior- se delegará en la Generaliat o, como es una cuestión de protección internacional, consideran que «no va en el paquete».

«¿Va a haber una tarjeta de residencia especial para Cataluña? Porque la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) es general para toda España. ¿Qué va a ocurrir? ¿Los Mossos o el organismo que corresponda en Cataluña va a poder expedir tarjetas de identidad de extranjero?», cuestiona el abogado.

Ahora mismo los extranjeristas están «algo perplejos» con este acuerdo.»Nos descuadra que en una materia como migraciones, que conlleva tanto control y tanto celo del Estado y que está tan arraigada en la soberanía del Estado, se pase a una administración regional por mucha autonomía que pueda tener», asevera.