VOX confirma “acciones legales contra” Aragonés por los 10.000.000 € del FCRCAT a “golpistas” del Procés

.La formación presidida por Santiago Abascal Conde y liderada en el Parlamento de Cataluña por Ignacio Garriga Vaz de Concicao ha dicho que “presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de prevaricación y malversación e instará a Fiscalía del Tribunal de Cuentas a iniciar acciones contra el presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà”.

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 10.06.2021. El presidente de Gobierno de coalición nacionalsocialista separatista de la Generalidad de Cataluña de ERC y JxCat apoyado en CUP, Pere Aragonès García (ERC), durante el acto en que el grupo de expertos creado por su régimen en la Generalidad de Cataluña para diseñar la «Cataluña de 2022», formado por quince hombres y quince mujeres de diferentes ámbitos y disciplinas, han presentado este jueves las conclusiones de su trabajo. Efe

Redacción.- Madrid (España), jueves de julio de 2021. VOX va a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT), con el que mediante el dinero público de todos los catalanes y resto de españoles, el Gobierno de coalición de la Generalidad de Cataluña de ERC y JxCat apoyado en CUP, que preside Pere Aragonés García (ERC), pretende pagar las fianzas de un total de 5.422.411,10 euros; impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de los Ejecutivo separatistas del procés, desde 2011 hasta 2017, por promocionar el Procés con caudales públicos fuera de las fronteras del Reino de España.

La iniciativa polémica ha cogido por sorpresa al Gobierno del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón, cuya vicepresidente Primera, Carmen Calvo Poyato, al no saber por donde cogerlo, ha avanzado que “la Abogacía del estado ya está estudiando” presentar “un recurso” contra el decreto ley de la creación del FCRCAT independentista.

La formación presidida por Santiago Abascal Conde y liderada en el Parlamento de Cataluña por Ignacio Garriga Vaz de Concicao ha dicho que “presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de prevaricación y malversación e instará a Fiscalía del Tribunal de Cuentas a iniciar acciones contra el presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà”.

Por otro lado, la formación presentará querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Gobierno catalán precisamente por la creación del fondo de diez millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista no tengan que pagar las fianzas de 5.422.411,10 euros que les exige el Tribunal de Cuentas.

Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricación, artículo 404 del Código Penal (CP), y malversación, artículo 252 del Código Penal.

También denunciará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos a fin de que adopten las medidas oportunas contra el presidente del Gobierno de coalición separatista, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

La vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricación “no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad”.

Es decir, supera la contradicción con el Derecho, y, por ello, la consideración de meras ilegalidades administrativas. “Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalidad puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos”, explica.

Castro destaca que “si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuación de los funcionarios y cargos públicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilícito y contrario a derecho”.

Además, recuerda que la Generalidad “es conocedora de los matices legales que les sitúan dentro de la comisión delictiva al dar cobertura y apoyo para eludir las responsabilidades derivadas que exceden la correcta actuación de los funcionarios públicos afectados”. “Disponer cualquier apoyo o ayuda a los mismos es una desviación de poder y de recursos por causas arbitrarias”, puntualiza

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