VOX lleva al Tribunal Constitucional la «Ley de sólo sí es sí» Por «disparate judicial»

.Para VOX, la literalidad de la «Ley Montero» (Irene Montero Gil, ministra de Igualdad y diputada de Unidas Podemos) provoca, además, una «insuficiente determinación de la conducta sancionable con penas de privación de libertad, lo que infringe claramente los principios de seguridad jurídica y de legalidad penal».

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 02.12.2022. Los diputados y cargos de VOX, en representación de los '52 de Vox', el vicepresidente de VOX, Francisco Javier Ortega Smith Molina; la vicesecretaria jurídica, Marta Castro Fuentes; y la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Carla Toscano Balbín, llevan ante el Tribunal Constitucional la "Ley del Solo Sí Es Sí" (Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual) por disparate judicial. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), viernes 2 de diciembre de 2022. Los 52 diputados del Grupo Parlamentario VOX han registrado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Montero, conocida como «sólo sí es sí» y de nombre oficial Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.

El texto -presentado a los medios de comunicación por el vicepresidente de VOX, Francisco Javier Ortega Smith Molina; la vicesecretaria jurídica, Marta Castro Fuentes; y la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Carla Toscano Balbín- enumera las diversas irregularidades de esta norma que, en primer lugar y a juicio de la formación, «no reúne los requisitos para otorgarle el rango de Ley Orgánica, ya que no desarrolla derechos fundamentales ni libertades públicas».

«Un disparate jurídico aprobado, no por la ministra Montero, sino por todo el Consejo de Ministros; es decir, por el Gobierno en pleno y por los grupos parlamentarios que la votaron en el Congreso, que desprotege a la mujer, menoscaba la seguridad jurídica de los españoles y da una auténtica patada a derechos recogidos en la Constitución Española», señala VOX que denuncia, además, que la modificación del artículo 178 del Código Penal inserta en la ley, introduce -a través del último párrafo- «una cláusula normativa del consentimiento contraria al artículo 24 de la Constitución por generar indefensión; contraria también al artículo 25.1 de la Carta Magna por por vulnerar el principio de legalidad; y, por último, al artículo 9 de la Constitución, por menoscabar la seguridad jurídica.

Así, el texto emanado del Ministerio de Igualdad y aprobado por el Gobierno, señala que sólo se entenderá que hay consentimiento [sexual] cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

«El nuevo concepto de consentimiento -explica VOX- plantea dos problemas: por una parte, hay una evidente inversión de la carga de la prueba, que recae en el hombre, que ha de demostrar que hubo consentimiento expreso. Por otro lado, la redacción no es suficientemente clara y resulta contradictoria en un aspecto esencial: si el consentimiento sexual debe ser necesariamente expreso o si puede ser tácitamente deducible».

La literalidad de la «Ley Montero» (Irene Montero Gil, ministra de Igualdad y diputada de Unidas Podemos) provoca, además, una «insuficiente determinación de la conducta sancionable con penas de privación de libertad, lo que infringe claramente los principios de seguridad jurídica y de legalidad penal».

Y, para colmo, «unifica en un solo tipo penal lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual) y se infringe con ello el principio de proporcionalidad, con las consecuencias tristemente conocidas de excarcelaciones y reducción de penas de delincuentes sexuales.

Así, «se castigan por el mismo delito y con la misma pena conductas que antes estaban claramente diferenciadas entre dos tipos penales distintos: agresión sexual y abuso sexual, y se impone una indiferencia valorativa en los medios comisivos que desprotege a la víctima. Es más; se castigan con severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad y, por el contrario, se rebajan las penas para las conductas más graves, como consecuencias de las amplias horquillas de penas y, por tanto, el amplísimo margen interpretativo y discrecional del órgano enjuiciador, vulnerando el contenido y alcance de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución».

En resumen, y corno denuncia VOX, un disparate jurídico que el partido de Abascal trata de evitar desde todos los frentes: el ¡urídico, con la presentación este viernes del recurso número 42 ante el TC de la formación, y también desde las instituciones.

En este sentido, cabe recordar la petición (vía enmienda de modificación) que VOX hizo este martes al Partido Popular en el Pleno del Congreso para que no se contentara con «revisar» la Ley Montero, como rezaba la proposición no de ley llevada al Pleno por los populares, sino que aceptara la derogación completa de la ley.

Una enmienda en la que VOX pedía derogar la ley de sólo sí es sí, e impulsar una modificación del Código Penal que: -no fusione los tipos penales de agresión y abuso sexual -que no invierta el modelo de consentimiento -que imponga penas más graves para los delitos sexuales -y que contemple la prisión permanente revisable para los delitos más atroces

«En VOX consideramos -explica la formación- que no basta con enmendar con un parche este descomunal error. Hay que reconocer que ese consenso ideológico en torno a la llamada perspectiva de género ha desembocado en una cada peor protección para las mujeres y las víctimas de cualquier violencia (me)eres, hombres, niños, ancianos…)».

No en vano, según los últimos datos ofrecidos por la prensa, los tribunales han rebajado ya cerca de 40 condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, habiéndose excarcelado a hasta 10 abusadores.

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