VOX propone la modificación de la Ley de indulto, LeCrim y Ley Orgánica Penitenciaria

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FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 31.05.2019. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros (d),y diputada verde, Macarena Olona (i). Ñ Pueblo FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 31.05.2019. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros (d), junto a la diputada de VOX en el Congreso de los Diputados y secretaria General del (GPVOX) en el Congreso, Macarena Olona (i), hoy en rueda de prensa en la cámara baja española, donde han solicitado al Gobierno en funciones del presidente Pedro Sánchez informaciones para hacer efectiva la Equiparación salarial de Jusapol «Demostraremos con actuaciones concretas nuestro apoyo a las FYCSE, Fuerzas Armadas y Funcionarios de Prisiones. Los servidores públicos merecen un trato digno». Además, VOX ya estudia las actas de negociaciones con la banda terrorista ETA, y ve traiciones y «manos manchadas de sangre en el PSOE». Lasvocesdelpueblo

Redacción – VOX “da un paso al frente” —asegura el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados (GPVOX), en referencia a la modificación de la Ley de Indulto— “para impedir la nueva burla a nuestro Estado de Derecho que supondría que quienes cometen los crímenes más graves contra nuestro orden constitucional no tengan que asumir responsabilidad penal alguna por la cobardía del Gobierno de turno que, a cambio del apoyo parlamentario, sea capaz de poner a España de rodillas”. Además, propone la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» (Lecrim). Y, también, el partido de Santiago Abascal propone la modificación de la «Ley Orgánica General Penitenciaria», de forma que los condenados cumplan sus penas en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público. Madrid (España), lunes 10 de junio de 2019. 

VOX presenta su proposición de Ley de protección de los denunciantes de corrupción

El texto contiene, además, disposiciones finales relativas a los indultos políticos y al trato penitenciario a reos de rebelión o sedición. El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados (GPVOX) ha registrado este lunes una proposición de Ley para su consideración en el Pleno del Congreso.

La norma propuesta, con título «Proposición de Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción», tiene como objetivo primero proteger a los denunciantes –las personas que informan dentro de la organización o a una autoridad externa sobre actos reprobables obtenidos en un contexto laboral o los revelan al público— y reconocer su contribución a “prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos”. 

Consciente de que “a menudo no se atreven a revelar la información de la que disponen por temor a represalias”, el G.PVOX, a través de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, subraya “la urgencia y enorme importancia de brindar una protección eficaz a los denunciantes, en aras de salvaguardar el interés público por el que velan y protegen con su sacrificio”.

Se trata de un “paso decisivo para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran los denunciantes de corrupción”.

“La falta de una protección eficaz de los denunciantes plantea asimismo dudas en relación con sus efectos negativos sobre la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, consagradas en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en la Constitución española”, señala el texto normativo, que recuerda que “la protección de los denunciantes como fuentes de información de los periodistas es esencial para que el periodismo de investigación pueda cumplir su función de vigilancia”.

Así, con la aprobación de esta ley “no podrá perseguirse al denunciante, a los periodistas o a los medios de comunicación que, en su labor de investigación e información pública, publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas”, ha explicado en rueda de prensa la secretaria general del GPVOX, Macarena Olona.

Mediante la promulgación de esta Ley España da pleno cumplimiento a la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril de 2019.

9 MILLONES DE PÉRDIDAS

Además de poner “fin a esa situación de desamparo” del denunciante con la creación de un ‘Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción’ y, yendo un paso más allá del que obliga la Directiva comunitaria, la proposición “pretende incentivar la acción de denuncia reconociendo a los denunciantes un premio por importe equivalente al 10% de la cuantía efectivamente recuperada del importe total en que se cifre el perjuicio al erario”.

De esta forma se trata de hacer frente a la lacra que supone la corrupción que, según un estudio de 2017 realizado para la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios potenciales por la falta de protección de los denunciantes de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales, sólo en el ámbito de la contratación pública en el conjunto de la UE.
Entre los principales objetivos de la ley, además del establecimiento de ese marco integral de protección a los denunciantes, está la creación de una ‘Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción’ que garantice la efectividad de los derechos de los denunciantes de corrupción.

Este organismo independiente estará “dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada”, y “actuará con plena independencia orgánica y funcional respecto de las Administraciones Públicas en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines”. Sólo a efectos organizativos quedará adscrita al Ministerio de Justicia a través del ministro de Justicia, “sin que esta adscripción afecte en ningún caso a su autonomía e independencia funcional”.

PRESIDENCIA DE AUTORIDAD INDEPENDENDIENTE

Las personas candidatas a ocupar el cargo de este organismo serán propuestas al Congreso de los Diputados por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, así como por los Grupos Parlamentarios. En este sentido, Macarena Olona ha señalado a la juez Mercedes Alaya como referencia de esa presidencia, “si esa fuera su voluntad”.

Una vez realizada la denuncia en el marco de este nuevo organismo y esta nueva ley, si de las actuaciones practicadas se apreciaran indicios racionales de la existencia de un posible delito, la Autoridad Independiente “resolverá motivadamente el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de la Autoridad de ejercer la acusación particular”.

Además, y en el supuesto de ese traslado al Ministerio Fiscal, la Autoridad Independiente informará de si, a su juicio, “concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad, o sus ascendientes, descendientes o hermanos”, de forma que la autoridad judicial pueda adoptar las medidas de protección oportunas.

Ya dentro del régimen sancionador, la proposición de ley recoge sanciones de 200 a 400.000 euros en función de la gravedad, así como la declaración firme de incumplimiento del deber.

DISPOSICIONES FINALES 

El texto presentado este lunes por el GPVOX presenta, además, importantes disposiciones finales que contribuyen, a juicio de la formación, a mejorar la vida público-política en España, tal como ha explicado el portavoz del Grupo, Iván Espinosa de los Monteros.

«Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» (Lecrim), que conlleva la derogación de los plazos máximos de duración de la instrucción de los procesos penales que el PP introdujo en el año 2015 (6 meses susceptible de ampliar a 18 meses para las causas complejas).

“Esta medida”, señala VOX, “no se acompañó del necesario refuerzo de medios personales y materiales en la Administración de Justicia”, favoreciendo, por tanto, a los investigados por delitos de corrupción y al archivo automático de causas penales dada y complejidad, pese a existir responsabilidad penal y sólo por el mero transcurso del plazo máximo de duración de la instrucción.

Modificación de la «Ley de indulto», de forma que se prohíba el indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social; se incluyen también los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la Comunidad Internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público.

VOX “da un paso al frente” —asegura el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados (GPVOX)— “para impedir la nueva burla a nuestro Estado de Derecho que supondría que quienes cometen los crímenes más graves contra nuestro orden constitucional no tengan que asumir responsabilidad penal alguna por la cobardía del Gobierno de turno que, a cambio del apoyo parlamentario, sea capaz de poner a España de rodillas”.

Por último, se propone la modificación de la «Ley Orgánica General Penitenciaria», de forma que los condenados cumplan sus penas en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público.

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