Lasvocesdelpueblo y Agencias – Será el próximo miércoles, 12 de junio de 2019. La Acusación Popular (VOX) pide para el máximo encausado del Procés, Oriol Junqueras Vies (ERC), 74 años de prisión y para sus compañeros como los ‘Jordis’ (Jordi Sanchez y Jordi Cuixart) y la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell Lluís, 52 años de prisión. Mientras el Ministerio Público (la Fiscalía) pide 25 años para Junqueras y para sus colegas 16 y 8 años. En cuanto a la Acusación Particular (Abogacía del Estado) —que depende directamente del Gobierno en funciones del presidente Pedro Sánchez y del PSOE— Junqueras acabará en prisión con una pena de 12 años y sus compañeros con 8 años. Oriol Junqueras, que previsiblemente como el resto de sus compañeros de banquillo, hará uso de su derecho a la última palabra en un alegato a su inocencia que pronunciará en la lengua oficial de Cataluña y resto de España, que tanto habían querido prohibir en Cataluña con multas a las empresas que rotulaban en español o imponiendo el dialecto catalán en la administración pública, en la prensa regional subvencionada por el poder secesionista, etc. Madrid (España), domingo 9 de junio de 2019.
Tras cuatro meses de sesiones, el juicio a la cúpula del «procés» llega esta semana a su fin con dos sesiones programadas en las que el Tribunal Supremo escuchará los argumentos exculpatorios de las defensas de los doce acusados, que volverán a tomar la palabra antes de que se dicte el visto para sentencia.
El próximo miércoles, según el calendario inicial, la Sala volverá a escuchar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que previsiblemente como el resto de sus compañeros de banquillo, hará uso de su derecho a la última palabra en un alegato a su inocencia que pronunciará en castellano, salvo cambios de última hora, según indican a Efe fuentes jurídicas.
Será la segunda y última vez que se les vuelva a escuchar en el juicio una vez practicada toda la prueba y escuchados los argumentos finales de defensas y acusaciones. Pero en esta ocasión tendrán un límite de tiempo: 15 minutos por acusado, que probablemente muchos de ellos agotarán. Un cuarto de hora en el que tratarán de condensar todo aquello que quieren dejar claro al tribunal antes de que se siente a dictar sentencia.
Es la última baza de los doce encausados, que previsiblemente insistirán en que lo que ocurrió en Cataluña responde al ejercicio legítimo de protesta, en que jamás contemplaron la violencia como método para alcanzar sus objetivos y en que la proclamación de independencia fue simbólica, sin olvidar destacar que nunca gastaron un euro público para ello.
Nueve se encuentran en prisión preventiva acusados de rebelión agravada con malversación por la Fiscalía, que pide entre 16 y 25 años de cárcel, y de sedición y malversación por la Abogacía, que rebaja sus penas a entre 8 y 12 años. Los otros tres acusados en libertad se enfrentan a una condena de 7 años por malversación y desobediencia. Por los mismos delitos, la Acusación Popular (VOX) ha sumado para cada uno de los acusados las penas cada delito. Junqueras por sus tres rebeliones tendrá 74 años de prisión mientras Forcadell y los Jordis irán en prisión con penas de 52 años de cárcel.
Pero antes que ellos será el turno de sus defensas, que expondrán sus informes finales, en los que tratarán de contrarrestar las tesis acusatorias esgrimidas la semana pasada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX.
Tienen una hora por acusado, según acordaron previamente con el tribunal, una decisión por la que protestaron algunas defensas al señalar que les parecía injusta, toda vez que la Fiscalía había usado buena parte de sus cuatro horas en argumentar la rebelión sin individualizar apenas en los encausados.
No entienden cómo, después de haberles emplazado durante jornadas al informe final cuando intentaban argumentar algunos aspectos en la fase testifical, ahora el tribunal les limita así el tiempo.
Previsiblemente, la mayoría de ellos agotarán su tiempo como hicieron las acusaciones, aunque es probable que el juez Marchena no sea tan estricto como lo fue con ellas después de prometerles que sería «flexible».
Si la semana pasada el juicio se centró en la ruptura del orden constitucional en Cataluña a través de la violencia, según expuso la Fiscalía, esta a buen seguro pivotará entre el cuestionamiento de un procedimiento que algunas defensas consideran injusto desde el principio y la denuncia por lo que estiman que es vulneración de los derechos políticos y de manifestación.
Otros abogados probablemente bajarán más al barro para combatir jurídicamente la ausencia de los requisitos para que se dé el delito de rebelión, o la falta de pruebas necesarias para que se pueda condenar por malversación a los nueve miembros del gobierno rebelde, del huido delincuente Carles Puigdemont, sentados en el banquillo.
Argumentos que se verán eclipsados cuando el miércoles, uno a uno, los doce se levanten del banquillo de los acusados en la que será su última oportunidad de defensa frente al tribunal. Después, el salón de plenos del Supremo echará el cierre y el juicio quedará visto para sentencia.
